Don Benito y Villanueva: el encaje de bolillos jurídico que supone unir dos pueblos

Don Benito (37.000 habitantes) y Villanueva de la Serena (25.700) son dos pueblos limítrofes de Badajoz. Los vecinos de estas dos localidades, separadas por escasos cuatro kilómetros de carretera, aprobaron en referéndum la unión de sus municipios. La entidad resultante pasará de un plumazo a ser la tercera ciudad más grande de Extremadura, con más de 63.000 habitantes. Será la primera vez que en España se fusionan dos municipios de esta envergadura. La unión, de realizarse con éxito, puede servir de faro de guía para otras entidades y crear un efecto dominó.

El matrimonio entre pueblos plantea, no obstante, un complejo encaje de bolillos jurídico. Los equipos legales de ambos ayuntamientos afrontarán largas horas de estudio sobre cuestiones que tocan materia fiscal, urbanística y de contratación pública.

Se trata de un puzle de distintas piezas. Una de ellas: ¿qué impuestos y tasas pagarán los ciudadanos de la nueva ciudad? Hay 39 figuras recaudatorias en Don Benito y 49 en Villanueva. La fusión obliga a la nueva entidad a crear un esquema fiscal común.

Francisco Javier Durán García, doctor en Derecho por ICADE y experto en Derecho Administrativo y Tributario, explica que lo previsible es que se apruebe una serie de ordenanzas que delimiten un mapa fiscal nuevo para la ciudad resultante. Las anteriores cargas quedarán por tanto derogadas, lo que permitirá la equiparación tributaria de dos núcleos de población muy próximos y acabará con “posibles agravios comparativos” que hasta el momento pudieran existir, subraya el experto.

La Administración no podrá permitir un trato de favor entre los vecinos según residan en una u otra área urbana. El padrón y el censo serán únicos. Lo normal es que se impulsen “convenios para dar tratamiento fiscal homogéneo a hechos imponibles iguales, a fin de garantizar la igualdad tributaria”, señala Ignacio Fernández Abad, socio en el departamento fiscal de Fuster-Fabra Abogados. Sin embargo, muchos de los tributos más importantes, como el IBI o la plusvalía, son ya idénticos en uno y otro municipio, señala José Luis Quintana, alcalde de Don Benito por el PSOE. Y, en caso de duda, siempre se impondrá “la opción que suponga menos gasto para el ciudadano”, asegura el regidor. Los vecinos no pagarán más impuestos como resultado de la unión de los pueblos.

Un segundo punto espinoso es cómo gestionar la red de contratación pública, esto es, los compromisos empresariales que durante años cada municipio ha adquirido. En principio, en casos como este, “la ley establece que el nuevo municipio debe subrogarse en todos los derechos y obligaciones de los municipios anteriores”, explica Durán García, por lo que las empresas contratistas no deberían preocuparse.

Pueden surgir problemas de duplicidades. Don Benito, por ejemplo, cuenta con su propia empresa municipal de recogida de basuras, mientras que Villanueva, por su parte, externalizó hace años el servicio. En esta encrucijada, la coexistencia de dos empresas para prestar un mismo servicio (al menos durante un periodo de transición) no es una idea descabellada, apunta Fernández Abad. Cada compañía conoce sus límites territoriales y la complementariedad de varias empresas “puede dotar de valor añadido a la prestación”, apostilla el experto.

La situación, en todo caso, sería temporal, ya que los contratos firmados como ciudades autónomas tienen una vida finita. Con el paso de los años irán perdiendo su vigencia y darán paso a nuevas licitaciones, que serán firmadas ya en nombre de la ciudad resultante. Estas nuevas contratas, recalca Durán García, “serán más atractivas para las empresas licitadoras”, ya que podrán disfrutar de “un volumen de servicios y una cifra de contratación mayor que las que tenían los municipios preexistentes”.

Si la convivencia de contratos es imposible, la ley contempla mecanismos para que las entidades modifiquen o incluso anulen estos acuerdos alegando el interés común. Pero evidentemente no es una vía pacífica. Los empresarios pueden exigir indemnizaciones e incluso acudir a tribunales por la expectativa de negocio que se ha frustrado. “Será el propio interés público el que ponga de manifiesto lo necesario y conveniente de la existencia de los contratos públicos”, remarca Fernández Abad.

Un nuevo plan urbanístico

El resultado de la fusión entre Don Benito y Villanueva dará lugar, además, a un único partido judicial, tal como anunció recientemente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. “Será la primera vez en la historia que dos partidos judiciales se fusionan”, asegura Quintana.

La nueva entidad necesitará su propio inventario de bienes. Los dirigentes tendrán que llegar a un acuerdo para elaborar un nuevo plan urbanístico, que cumpla las necesidades de un proyecto de ciudad común. Todos estos resquicios ya han sido estudiados de forma preliminar. Ambos consistorios planean tener listo un primer documento para finales de este año con la unificación de las normas urbanísticas y ya recogen en sus partidas presupuestarias los gastos de la posible fusión.

Los deberes están hechos y el plan parece no tener fisuras. “Las expectativas en el mundo empresarial son altas”, agrega Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena (también socialista). El regidor remarca que, pese a existir caminos legales para materializar la fusión sin pasar por el referéndum, prefirieron contar con el visto bueno del pueblo por mayoría cualificada. Para salir adelante, el proyecto exigía un 66% de aceptación en cada uno de los municipios. En Villanueva se alcanzó un 90,49%, y en Don Benito, el 66,2%,