Las asociaciones de jueces y de fiscales exigen “responsabilidad institucional” tras las críticas de Montero a la absolución de Alves

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han pedido este lunes “responsabilidad institucional” tras las críticas vertidas por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, contra la absolución del futbolista Dani Alves del delito de agresión sexual por el que había sido condenado hace un año. Las asociaciones han suscrito un comunicado conjunto en el que reprochan a Montero sus palabras y piden respeto a la independencia judicial. “Instamos a todos los representantes públicos a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales. Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas, ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de derecho”, señala el texto.

A las críticas también se ha sumado el PP, tanto por parte del líder de la formación como por otros dirigentes, que han cargado contra Montero. “No está en condiciones de ser la número dos de ningún Gobierno europeo”, ha señalado Alberto Núñez Feijóo en X. El portavoz popular, Borja Sémper, ha subrayado además que las declaraciones de Montero son “incompatibles con una visión democrática del Estado de derecho” y ha reiterado que debería dimitir de su cargo. Unas aseveraciones que han sido contestadas por la vicepresidenta primera también en redes sociales: “No voy a aceptar lecciones ni tergiversaciones del PP. Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo”. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y responsable de Igualdad de la dirección del PSOE, había salido ya en defensa la número dos del Ejecutivo argumentando que, aunque su partido respeta el fallo judicial, se trata de una sentencia “muy difícil de digerir”.

Las palabras de Montero han puesto de acuerdo a las asociaciones de jueces y fiscales progresistas y conservadoras, una circunstancia que, según fuentes de las propias asociaciones, solo había ocurrido antes en dos ocasiones, ambas relacionadas con una huelga convocada por la carrera judicial y la fiscal en mayo de 2018. Probablemente por eso, el comunicado suscrito este lunes por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales es aséptico en comparación con la mayoría de los pronunciamientos que firman cuando reaccionan de forma individual o divididos por tendencias (conservadoras, moderadas o progresistas). No obstante, el texto censura con contundencia las manifestaciones que hizo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda el pasado sábado, cuando calificó de “vergüenza” la sentencia absolutoria de Alves y cuestionó que la presunción de inocencia prevalezca “sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas”.

“La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho”, señalan las asociaciones, que recuerdan que las resoluciones judiciales se adoptan “tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente”. “Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial”, añade el escrito.

Jueces y fiscales recuerdan que la presunción de inocencia es “un derecho fundamental” recogido en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España y garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal “mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho”. “Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios”, apuntan.

Tras el revuelo que ha levantado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que considera que la Audiencia Provincial de Barcelona incurrió en “déficits valorativos” al condenar a cuatro años de cárcel al futbolista, las asociaciones de jueces y fiscales advierten también sobre la “importancia de proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales”. “Es fundamental que las víctimas se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto”, señala el texto consensuado por todas ellas.

La posición de las asociaciones de jueces y de fiscales contrasta con la del PSOE. “Hay que respetar [la sentencia] pero es muy difícil de digerir, desde luego no ayuda a que las víctimas denuncien. Solo el 8% de las víctimas de agresiones sexuales denuncian y por lo tanto esta sentencia no ayuda a favorecer algo básico y fundamental que son las denuncias”, ha observado Bernabé a su llegada a la reunión de la dirección socialista en Ferraz. esto no ha terminado aquí. Al término de la ejecutiva, en la que no se ha abordado esta cuestión, Peña ha subrayado que el proceso judicial no ha terminado. La portavoz socialista ha incidido en que la violencia sexual “no va a quedar impune” y España “protege a las víctimas” tras la polémica que ha generado la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el caso Alves. “Es verdad que sentencias contradictorias como estas que se han dado no parecen muy halagüeñas para dar seguridad a todas esas mujeres víctimas de violencia sexual que lo que necesitan es el respaldo de las instituciones y también de la legislación”, ha abundado Peña, que ha remarcado la intención del Gobierno de implantar 53 plazas de jueces de violencia de género antes de fin de año. El Ministerio de Justicia ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta de Real Decreto que prevé incrementar en 53 las plazas de jueces y magistrados de violencia de género para facilitar que puedan asumir la instrucción de los delitos sexuales o de trata y mutilación genital femenina. Los planes del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, consisten en la creación de 39 nuevas plazas en Secciones de Violencia sobre la Mujer. Las 14 plazas restantes, que ahora se dedican a instrucción en general, se reconvertirían en especializadas. Fuentes de Ferraz reconocen en privado que Montero no estuvo atinada y “se dejó llevar por lo cruel de la sentencia” aunque insisten en que no creen que se tenga que disculpar. En todo caso, apuntan que tendrá ocasión de explicarse “mejor” en otra ocasión.