El despacho investigado por el ‘caso Montoro’ trata de apaciguar a sus clientes tras perder negocio
El presidente de Equipo Económico, imputado en la causa, les envía una carta en la que reconoce el daño por la investigación sobre presunto tráfico de influencias y se presta a aclararles la situación

El despacho que fundó el exministro de Hacienda con el Partido Popular, Cristóbal Montoro, y que está en el epicentro de una presunta trama de corrupción que investigan los tribunales, trata de evitar el derrumbe de su negocio.
El pasado 11 de septiembre, el presidente de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, uno de los investigados en el caso, envió una carta a sus clientes, a la que ha tenido acceso El PAÍS, en la que admite el daño que ha sufrido la firma como consecuencia del levantamiento del secreto de sumario. Para aplacar a los usuarios de sus servicios, les agradece su confianza y se pone a su disposición para ofrecer “cuantas aclaraciones o cuestiones adicionales” que puedan considerar.
Al margen de las consecuencias penales que se acaben dirimiendo en los tribunales, el negocio de Equipo Económico está sufriendo desde que se conoció la investigación por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Tal es así que ya uno de sus clientes, Redeia (la matriz de Red Eléctrica), ha decidido romper el contrato que mantenía con esta firma de asesoría fiscal y económica desde hace más de 15 años, después de que saliera en los propios documentos relacionados con la investigación. No es el único que se ha planteado dejar de contratar sus servicios. Algunas de las empresas y particulares que hasta ahora habían confiado en este bufete están estudiando la posibilidad de romper los contratos firmados y han tanteado a otras consultoras para evitar que las consecuencias judiciales que sobrevuelan sobre Equipo Económico les puedan afectar en el desarrollo de sus operaciones y disputas, según pudo constatar este medio.
Entre los clientes de este despacho, que ha facturado más de 70 millones de euros desde su constitución, se encuentran famosos, como el futbolista Cristiano Ronaldo, y algunas firmas del Ibex, entre las que destacan Abengoa, Solaria, Red Eléctrica, Codere o Ferrovial. También algunas asociaciones de grandes compañías.
En este contexto, el presidente de Equipo Económico se dirige a sus clientes para tratar de evitar una sangría, ya que tanto él como los otros tres socios de la firma, Salvador Ruiz Gallud, Manuel de Vicente-Tutor y Francisco Piedras Camacho, han sido imputados. “El ‘caso’ fue extraordinariamente difundido y amplificado a través de los medios de comunicación con evidente perjuicio reputacional”, señala la misiva a los contratistas de sus servicios. “Por la relación que nos une, tenemos especial interés en que conozcas de primera mano la realidad de los hechos”, especifica.
En la carta, Martínez Rico trata de desacreditar toda la investigación: “Según nuestros abogados, el procedimiento sí está lleno de irregularidades”. Rechaza cualquier delito y asevera que “después de siete años de investigación secreta y, una vez examinada la documentación que obra en el procedimiento, no existe prueba alguna de los presuntos delitos objeto de la investigación”. “Jamás hubo pago de ningún tipo de dádiva, comisión o retribución ilícita a funcionario o autoridad alguna e hicimos también hincapié en que el Sr. Montoro dejó esta firma a comienzos de 2008, como está perfectamente documentado, y desde entonces ha permanecido completamente desvinculado de ella”, añade y concluye que todo lo anterior “debería llevar al inmediato sobreseimiento y archivo del procedimiento”.
Con sus explicaciones, Equipo Económico pide un voto de confianza al cliente: “Como bien conoces, en nuestros 19 años de actividad, siempre hemos trabajado con el máximo rigor profesional, con los más exigentes estándares en materia reputacional, como bien se recoge en nuestro código ético y de buenas prácticas, y con absoluto respeto a la legalidad”. Considera Martínez Rico que “este asesoramiento técnico a empresas y asociaciones de empresas en relación con cambios legislativos es una actividad muy habitual y, por supuesto, lícita, realizada por las mejores firmas de abogados y de consultoría del mundo”.
Para defenderse, señala que ya ha empezado estos días a presentar sus primeros recursos con el objetivo de “conseguir la reparación de los daños y perjuicios que, como consecuencia de esta situación, se han producido” y defender “el buen nombre y prestigio profesional, tanto de la firma como del conjunto de profesionales que la integran”.
Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico que firma la carta, es uno de los 27 imputados por un juzgado de Tarragona. El juez que instruye el caso, Rubén Rus, investiga con apoyo de la Guardia Civil y los Mossos D’Esquadra si había empresas que pagaban a este despacho a cambio de que este influyera sobre el Ministerio de Hacienda que lideraba Cristóbal Montoro, que fundó dicha firma de asesoría con el propio Martínez Rico. El supuesto objetivo era, siempre según las pesquisas del juez, que Hacienda cambiara leyes y normativas en beneficio de los clientes del despacho. Entre los imputados también está Felipe Martínez Rico, el hermano del presidente de Equipo Económico que era jefe de gabinete del propio Montoro en Hacienda. Hay exaltos cargos de la administración que posteriormente recalaron en la firma de asesoría.
El caso Montoro no sólo ha tenido consecuencias para el despacho investigado sino también para otras firmas donde trabajaban algunos de los imputados. Este es el caso de Miguel Ferre. El exsecretario de Estado de Hacienda tuvo que dejar su trabajo al frente de la consultora Kreab después de que el juez le señalara como investigado. “Esta decisión se adopta para preservar la normal operativa de la empresa, así como permitir que Miguel Ferre pueda atender adecuadamente su defensa”, señaló la firma, que más allá de la implicación de Ferre trata de evitar pérdida de negocio por el daño reputacional que pudiera salpicarle.
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