Díaz defiende dar más control al Estado en Telefónica y Celsa para contrarrestar “intereses extranjeros”
La líder de Sumar quiere que se bloquee la entrada de inversores foráneos en los consejos de administración y limitar sus derechos de voto
La líder de Sumar y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha propuesto este miércoles reforzar el control del Estado en Telefónica y Celsa para contrarrestar estos “intereses extranjeros” frente al general, ya que los considera “difícilmente compatibles”. En relación a Telefónica, Díaz ha reclamado que la entrada de cualquier inversor extranjero en su capital se condicione a que no puedan formar parte del consejo de administración, ni ejercer sus derechos de voto ni cederlos, “limitándose por tanto a mantener una inversión que solo persiga obtener una rentabilidad financiera”. Otra empresa “estratégica clave”, ha dicho, es Celsa. “El mantenimiento de la actividad es clave, y preservar la sede social en nuestro país”, ha añadido.
Díaz ha deslizado las líneas generales de su hoja de ruta económica, de cara a un futurible Gobierno de coalición con el PSOE, durante una reunión con el grupo parlamentario de Sumar. Y ha empezado contestando, sin mencionarla, a la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, que hace unos días dijo que el Gobierno iba a analizar la operación porque España “es un país serio” después de que Díaz le pidiera que bloqueara la compra del 9,9% de Telefónica por parte del grupo saudí de telecomunicaciones STC. Este miércoles, la líder de Sumar ha respondido que “no hay ningún país serio en el mundo que permita que sus sectores estratégicos queden en manos de intereses extranjeros difícilmente compatibles con el interés general”.
“Creemos que ha llegado el momento de activar todos los resortes para garantizar la autonomía estratégica de nuestro aparato productivo, asegurar la independencia y sobre todo nuestro futuro”, ha añadido. Así, las propuestas de Sumar consisten en mejorar la ley antiopas, desarrollar un “modelo industrial con participaciones de control por parte de la SEPI en el accionariado de las empresas” y “recuperar la denominada acción de oro para las decisiones que son estratégicas, como fusiones y traslados de sedes”.
También ha recordado que Sumar se ha reunido ya con representantes de Celsa. El encuentro entre los diputados Marta Lois y Carlos Martín con el director de la compañía, Francesc Rubiralta, se produjo el lunes. La semana pasado un juzgado de Barcelona dio el visto bueno al plan de reestructuración que los fondos acreedores, con Deutsche Bank Anchorage, Capital Group y Attesor Capital a la cabeza, presentaron para tomar el control de la siderúrgica catalana, cuya mayoría ha estado hasta ahora en manos de la familia Rubiralta.
Las dos operaciones están pendientes del visto bueno del Gobierno. En el caso de Telefónica, al ser una empresa relacionada con el área de defensa, el umbral del escudo antiopas, que normalmente se sitúa en el 10% de capital, se reduce al 5%. Respecto a Celsa, el Ministerio de Industria señaló que la operación por la que los acreedores se harán con la empresa requiere de la petición de autorización del Consejo de Ministros.
“No estamos pidiendo nada al margen del comportamiento ordinario de los países de nuestro entorno”, ha dicho Díaz. “Esto es defender la democracia, nuestra soberanía”, ha añadido.
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