Los líderes sindicales exigen a los partidos que digan si mantendrán las reformas laboral y de pensiones y el salario mínimo

Los máximos líderes sindicales han entrado hoy en campaña electoral con un claro mensaje y una advertencia. Por un lado, los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez han exigido este miércoles a todas las fuerzas políticas un pronunciamiento “nítido” y público sobre qué harán, si gobiernan, con las reformas acordadas en esta legislatura. Sobre todo con la reforma laboral, la de pensiones y el incremento del salario mínimo. Pero también han alertado del “riesgo real de que el diálogo social y el propio marco constitucional entre en solfa” en caso de que la extrema derecha, en referencia a VOX, entre en el Gobierno.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, ya se ha manifestado durante los primeros días de precampaña diciendo que, si gana, pretende “tocar” la reforma laboral. Por eso, ambos líderes sindicales han mostrado su preocupación por la posibilidad de que no se aborden las cuestiones esenciales en materia socioeconómica. Sordo y Álvarez han insistido, durante una comparecencia conjunta tras celebrar una reunión entre las ejecutivas de ambas centrales para hacer balance de la legislatura, en que es esencial que los 20 millones de trabajadores que hay en España sepan qué harían todas las fuerzas políticas en materia laboral y de pensiones si llegan a tener poder ejecutivo. En este sentido, el máximo responsable de CC OO consideró que sería conveniente que hubiera un debate exclusivamente socioeconómico entre los candidatos.

“Necesitamos saber qué piensan decir todos los partidos a los casi tres millones de trabajadores fijos que antes de la reforma laboral eran temporales o parados; ¿alguien, quizás, está pensando en recuperar el contrato de obra o servicio?”, se ha cuestionado Sordo. Y ha añadido otras dos preguntas: ¿Se va a continuar con la subida del SMI de forma que represente el 60% del salario medio en todo momento? Eso hay que aclarárselo a los 2,3 millones de perceptores del salario mínimo para que lo tengan claro; y, finalmente, habrá que decir también a diez millones de pensionistas si sus pensiones se van a seguir revalorizando o no con el IPC o volverán a subir solo un 0,25%”, ha concluido el líder de CC OO.

Por su parte, el máximo responsable de UGT ha respondido a las declaraciones de Feijoó sobre la reforma laboral que “decir que se va a tocar es decir todo y nada. Nuestra petición de pronunciamiento de hoy no puede quedar en decir lo voy a tocar o no. Todos los partidos tienen la obligación de hacer un análisis de por qué se va a mantener y en qué condiciones o no y si no se da ese pronunciamiento, los ciudadanos no sabrán a qué atenerse”. De esta forma, ha hecho especial hincapié en que este emplazamiento va dirigido a todas las fuerzas parlamentarias, ya que, por ejemplo, los sindicatos no olvidan que ERC o EH-Bildu votaron en contra de la reforma laboral en el Parlamento.

Dicho esto, Sordo y Álvarez han recordado también que los acuerdos de mayor calado alcanzados en esta legislatura tienen también la firma de la patronal CEOE-Cepyme, como es el caso del primer incremento del salario mínimo a 950 euros y el compromiso de elevarlo al 60% del salario medio; la reforma laboral; o la primera fase de reforma de las pensiones, que incluyó la revalorización de las prestaciones con el IPC por ley. Por ello, el líder de CC OO ha explicado que, al igual que los sindicatos “tomamos hoy posición no partidista, pero tampoco equidistante y no nos ponemos de perfil en la campaña, no estaría de más que los empresarios hicieran también una defensa nítida de lo que han pactado y además de forma pública”, aunque ambos líderes sindicales sugirieron que no confían en que esto último vaya a ocurrir.

Negociaciones de Sumar

Ambos responsables sindicales se manifestaron también sobre las negociaciones de los partidos a la izquierda del PSOE. “Sin querer inmiscuirnos en cuestiones ajenas, esperamos una clarificación de las fuerzas progresistas que pueda facilitar un Gobierno que respete las reformas acordadas para los trabajadores”, ha dicho Sordo. Y, en esta misma línea, Álvarez ha asegurado: “Tenemos que ser absolutamente respetuosos con el debate interno que tienen los partidos de izquierda a los que enviamos nuestros mejores deseos, porque hay una parte importante de la población que espera una alternativa para seguir trabajando en la línea marcada en esta legislatura. Un gobierno plural de izquierdas es el que ha posibilitado y sería bueno que se pudieran construir sobre esa base las nuevas necesidades de los trabajadores”.

También se manifestaron sobre las cuestiones que aún quedan por cerrarse, como el Estatuto del Becario, cuyo texto parece que solo va a contar con el respaldo público de CC OO y UGT y no de la patronal CEOE-Cepyme, aunque la norma incluya también finalmente algunas cuestiones demandadas por los empresarios. Esta futura ley define la figura del becario, fija unas horas para prácticas extracurriculares de forma que no se corra el riesgo de laboralizar la relación entre empresa y estudiante; establece una compensación de gastos en los que incurra el becario, como el transporte o la comida; y prevé sanciones al empresario en caso de incumplimiento de la norma o discriminación. No obstante, el Gobierno debe garantizarse aún que tendrá los apoyos suficientes en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde se tendrá que tramitar esta norma con las Cortes ya disueltas, algo que peligraba por las reticencias del PNV con la redacción de esta ley.

De cara a después de las elecciones, además de exigir el mantenimiento de las más de diez reformas de calado pactadas en esta legislatura (además de las citadas, están la ley que regula el teletrabajo, la de igualdad retributiva; la abolición del despido por absentismo; todos los pactos sobre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante la pandemia; la ley riders; el paro de las empleadas de hogar; o el sistema de cotización de los autónomos, entre otras) Sordo y Álvarez avanzaron que al próximo Gobierno le reclamarán la necesidad de redactar un nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI, en el que deberán abordar el tratamiento del despido o el trabajo autónomo, entre otras cuestiones.

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