Hacienda, contra la actriz Ana Duato por unos ejercicios fiscales ya judicializados

La Agencia Tributaria y la actriz Ana Duato, protagonista de la longeva y exitosa serie Cuéntame cómo pasó, mantienen una larga batalla que escribe ahora un nuevo capítulo. Según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS, Hacienda ha pasado de nuevo al ataque y ha reclamado a la intérprete el pago de cerca de medio millón de euros por el expediente sancionador que se le abrió a raíz de las liquidaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de 2010, 2011 y 2012; tres ejercicios por los que ya abonó cerca de un millón y que ya se encuentran judicializados —por los que está acusada como presunta autora de varios delitos fiscales en el marco del bautizado como caso Nummaria—.

Fuentes del entorno de Duato entienden que, en base a la ley, la apertura de un procedimiento judicial paraliza cualquier trámite administrativo. También añaden que Duato ya abonó lo que le reclamaba Hacienda y que fue la propia Agencia Tributaria la que acordó “devolverle el dinero precisamente porque había un expediente judicial abierto”.

La pelea entre ambas partes se remonta a una década atrás y ha acabado en los tribunales. Antes de que estallara en 2016 el caso Nummaria, sobre la supuesta estructura creada en el bufete Nummaria para ocultar operaciones económicas al fisco, la Agencia Tributaria inició una investigación sobre las declaraciones de la renta de la actriz. Hacienda consideraba que Duato había pagado de menos en sus cuotas y en diciembre de 2014 le notificó que se habían emprendido “actuaciones de comprobación e investigación en relación al tributo y períodos indicados [2010, 2011 y 2012]”. Esto se tradujo en una carta que, tras rehacer los cálculos, le exigía liquidar 970.297,42 euros: 838.163,61 de cuota y 132.133,61 euros de intereses de demora. Unas cantidades que ella ya abonó.

La intérprete recurrió por la vía administrativa y, en 2019, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid estimó su reclamación en parte. A raíz de ello, con Duato ya señalada en la investigación judicial paralela —la Fiscalía le acusa de utilizar las estructuras diseñadas por Nummaria para defraudar, pero ella niega que supiera que el bufete las había creado y usado a su favor—, el fisco ordenó “anular el acuerdo de liquidación, confirmando las autoliquidaciones presentadas” para esos tres años.

“Habiendo sido objeto de ingreso la cantidad de 970.297,42 euros, procede reconocer a la obligada tributaria su devolución, junto con los intereses de demora correspondientes”, señala Hacienda en una comunicación. Según fuentes de su entorno, creían que ya había quedado así todo solventado en esta vía administrativa y que, en todo caso, la continuación de la causa penal debe suponer la paralización de todo este asunto. Pero cuatro años después han vivido otra sorpresa.

Duato recibió una carta de apremio, fechada este pasado marzo, que le reclamaba hasta 507.842 euros (423.202 de principal y 84.640 de recargo) por el “expediente sancionador” derivado de las actas de Inspección por el IRPF de 2010, 2011 y 2012 —un trámite paralelo a la liquidación y que Hacienda ha entendido que quedaba vivo y pendiente de exigir—. La afectada puede recurrir de nuevo y alegar que, debido a que la causa penal permanece abierta pendiente de juicio, esta segunda reclamación quede en suspenso.

Cuando saltó el caso Nummaria en 2016, la actriz difundió un comunicado que decía: “En el caso concreto de ciertas cantidades que, según filtraciones a la prensa, Hacienda dice reclamar a Ana Duato, referidas a los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, se da la circunstancia de que habían sido liquidadas con anterioridad a la operación policial y judicial de Nummaria, por lo que no existe tal deuda”.

Los detalles del caso Nummaria

El caso Nummaria explotó en 2016, después de que la Fiscalía presentase una denuncia en la Audiencia Nacional. El ministerio público mantiene que este bufete, encabezado por Fernando Peña, había diseñado unas “estructuras jurídico-económicas” para “asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes”, además de urdir un entramado societario para “evitar que las actividades ilícitas que realizaba bajo la cobertura de la asesoría fiscal fueran detectadas”. Según la acusación, Ana Duato y su marido (Miguel Ángel Bernardeau, productor de Cuéntame cómo pasó) se encontraban entre quienes hacían uso de esa trama “para ocultar al fisco parte de sus rentas”, al igual que el actor Imanol Arias, también protagonista de esa serie.

En 2019, el magistrado instructor Ismael Moreno propuso sentar en el banquillo a los implicados. La Fiscalía ha solicitado 32 años de cárcel para Duato por siete delitos fiscales (correspondiente a las cuotas supuestamente defraudadas del IRPF de 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017); 18 y medio para Bernardeau (por las cuotas del IRPF de 2011, 2012, 2014 y 2015); y 27 para Imanol Arias (por el IRPF de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). Todos ellos han negado siempre conocer la existencia de ese entramado: “Es importante confiar en la presunción de inocencia. Este proceso será largo, tenemos que estar todos muy tranquilos”, dijo la intérprete en 2020.

Como avanzó EL PAÍS, una comunicación de Hacienda ya abrió la puerta a que decaigan tres de los cuatro delitos que se atribuyen al marido de la actriz. El abogado del productor envió a la Audiencia dicho documento: una nota de los técnicos de la Agencia Tributaria que señala que, en su caso, las supuestas cuotas defraudadas de 2012, 2014 y 2015 se calcularon de forma errónea y el importe no superaría los 120.000 euros —cifra a partir de la cual se considera delito—. Según fuentes de la defensa, se intentó entonces sin éxito que el fiscal del caso, Tomás Herranz —conocido por su reciente participación en el caso Cursach, donde retiró las acusaciones—, y la Abogacía del Estado tuvieran en cuenta esta valoración y modicaran sus conclusiones por estos tres delitos antes del juicio. “Esta representación desea poner de manifiesto lo que, sin duda, es un error material”, apuntó el letrado de Bernardeau en el escrito que remitió al tribunal, en referencia a las cifras recogidas en sus escritos por la Abogacía y el ministerio público.

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