Los accionistas de Ferrovial: “Voto lo que diga el presidente”

Son las 11.00, y en la entrada del auditorio ONCE, situado a 15 minutos del corazón financiero de Madrid, hay una calma expectante una hora y media antes de celebrarse la junta de accionistas de Ferrovial, la más importante y polémica de su historia. Un hombre de unos 70 años, con su carpeta amarilla bajo el brazo, sale del edificio a paso tranquilo. Ha llegado para votar que no al traslado de Ferrovial a Países Bajos, y tiene tan claro el resultado que no va a esperar hasta el inicio de la junta. Cuando los pocos periodistas que están en los alrededores le preguntan por qué se opone, responde: “Porque los ingresos de la empresa han venido del Estado”. El jubilado se marcha en dirección contraria al del resto de los accionistas que van llegando en un goteo constante de taxis. Será una de las pocas voces en contra de la mudanza.

La expectación alrededor de la junta es impropia de una reunión societaria, que suele ser monótona. A los pies de la escalinata de acceso al edificio, engalanadas con una alfombra que no es roja, sino del amarillo corporativo de la empresa, se acumulan los dos grandes colectivos que han acudido a la cita: los accionistas y los periodistas. En su discurso, Rafael del Pino, el presidente de la compañía e hijo del fundador no ha podido evitar referirse a la atención mediática que ha atraído la votación del cambio de sede de una empresa tan emblemática como esta a Ámsterdam.

Los asistentes que anticipan su decisión en la entrada reflejan lo que va a ocurrir una hora más tarde: los accionistas están mayormente a favor del cambio. Aquellos que anuncian que van a respaldar la decisión responden con firmeza, y exponen sus razones de forma categórica: “Lo que diga el presidente”, afirma uno de ellos en referencia a Rafael del Pino. Otro accionista, que llega también con tiempo, reafirma su lealtad al presidente e hijo del fundador, después de haber trabajado 49 años en la empresa.

Algunos señalan directamente al Gobierno, que desde el anuncio del traslado se lanzó en tromba contra el traslado: “Todo lo que diga el Gobierno, pues lo contrario”, señala un pequeño inversor que entra con paso decidido en el recinto. Otro considera critica las maniobras del Ejecutivo y afirma que no solo votará que sí, sino que no se va él mismo de España porque está mayor.

Derecho de separación

José Ramón, un hombre de unos 70 años que llega junto a su mujer y prefiere no dar su apellido, es uno de esos pocos indecisos. “No lo tengo claro”, afirma, y señala directamente a la falta de información para justificar esta indecisión. Teme qué puede ser de las 350 acciones de Ferrovial que posee desde hace “muchos años”. De llevarse a cabo el traslado, ―si no vota en contra y se acoge a su derecho de separación― sus acciones serán de una empresa diferente, la nueva matriz del grupo en Holanda.

Aunque la mayoría de las dudas mostradas por los inversores ha ido por los derroteros económicos, para Jesús Neila Fernandez, la falta de información del traslado tiene más que ver con una cuestión lingüística: ante la mirada perdida de los miembros del consejo, este accionista ha aprovechado su intervención para preguntar si, después de la mudanza, podrá seguir comunicándose en español. Del Pino le ha confirmado que tendrá un teléfono gratuito para los accionistas, con el que podrá tratar en castellano. La junta eso sí, será en inglés a partir del traslado, con la opción de traducción simultánea.

Otra de las intervenciones de accionistas individuales ha sido la de Valentín de Torres-Solanot, de segundo apellido Del Pino, y primo del presidente, aunque no se ha identificado como tal. “Si Ferrovial ha llegado tan alto es porque los aciertos en la gestión han sido la norma en esta etapa actual”, ha remarcado para solicitar el apoyo a todas las propuestas.

El paso decidido y rápido de los que tienen claro su voto a favor contrasta con el deambular de los pocos indecisos y de los aún menos contrarios. Todos tienen un punto en común: que no tienen claras las consecuencias de la fusión. En un último intento para frenar la operación, el Ejecutivo se ha centrado en señalar la falta de información que la compañía ha puesto a disposición de sus accionistas, sobre todo en las consecuencias fiscales que podría tener no demostrar motivación económica en la mudanza o en la posibilidad de cotizar simultáneamente en España y en Estados Unidos.

Falta de información

La compañía argumenta que el traslado se justifica para cotizar en Wall Street desde la Bolsa de Ámsterdam. El Ejecutivo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y BME, el supervisor y el gestor de la Bolsa española, han insistido en que no hay obstáculos a que esta se produzca, aunque reconocen que es terreno inexplorado. Del Pino ha aprovechado su discurso, que ha concluido con un largo aplauso de los asistentes, para insistir en que Ferrovial “ha sido totalmente transparente en la información proporcionada a los accionistas ya los mercados”.

Entre los presentes y los que se han conectado vía telemática, ha acudido a la junta el 77% del capital: 624 accionistas titulares de 129 millones de euros (16,47% del capital) y 2.072 representados, que acumulan un 61,2% de las acciones. Uno de los representantes es Kristjan Verbic, presidente de la asociación eslovena de inversores PanSlovenian y miembro de la Federación europea de inversores. A Verbic, cuenta divertido tras fotografiar con su móvil a los medios que se acumulan en la entrada, le sorprende el revuelo que se ha formado en torno al cambio de sede, y defiende —como lo hará más tarde en junta— la libertad de la empresa para trasladarse. Como representante, afirma en inglés, “buscará lo mejor para los accionistas”.

Ya en el salón de actos, al que no han tenido acceso los periodistas, y bajo un tono neutro e invariable, el secretario de la junta, Santiago Ortiz, ha expuesto uno a uno todos los puntos del día. Ni siquiera al llegar al esperado décimo, el del traslado, se ha inmutado: ha mantenido el tono durante los dos minutos que ha tardado en explicar la operación. Solo se ha permitido, como un jugador de póquer que gana una mano, una ligera sonrisa cuando Rafael del Pino ha confirmado la votación sobre las 14.00.

Aprobado el punto del día, las únicas esperanzas de los discrepantes pasan por ver si se cumple la condición suspensiva: que la compañía no se deje más de 500 millones de euros en comprarle las acciones a los disidentes que han ejercido su derecho de separación. José Ramón, el indeciso, sale como entró: se ha abstenido. “Veremos qué pasa”, concluye antes de cruzar hacia la parada de autobús donde se queda esperando junto a otros pequeños accionistas. En la otra acera, la del auditorio, una multitud formada en gran parte por hombres trajeados va subiendo al, otra vez, goteo constante de taxis.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal