Los DTA y la alargada sombra del rescate

Un país, y también una economía, necesitan un sistema financiero. Durante la gran burbuja que vivió la economía española a principios de siglo, muchas entidades, especialmente cajas de ahorro, concedieron muy mal los créditos, y asumieron riesgos excesivos. Para rescatar a los depositantes de las entidades financieras, los españoles tuvimos que pagar decenas de miles de millones de euros de nuestros impuestos. Sin embargo, el coste más importante fue dejar sin liquidez varios años a muchas empresas. El BCE se equivocó subiendo los tipos en tiempos de Trichet, pero lo peor fue que la liquidez no llegó porque las tuberías, el sistema financiero, estaba roto.

Para arreglar las cañerías, hubo que recapitalizar bancos y cajas, con un dinero que el Estado no tenía, porque en 2012 los mercados financieros, tras el colapso de Bankia, se cerraron para España. Este es el origen del rescate financiero o “préstamo en condiciones favorables”, que España tuvo que solicitar a sus socios europeos. Para reducir la factura del rescate financiero, o más bien aplazarla, como veremos, un mecanismo fundamental fue el aval del Estado a los activos fiscales diferidos (deferred tax assets, DTA) de las entidades de crédito.

Un activo fiscal diferido es una anotación en la contabilidad que, habitualmente, reconoce el derecho a pagar menos impuesto sobre los beneficios en el futuro. Así, si un banco concede un crédito de 100 y no se le devuelve entonces puede reconocer sólo 70 de pérdidas, compensándolas con un derecho a pagar 30 euros menos de impuesto de sociedades en el futuro. Por supuesto, si las cosas van mal, y el banco tiene pérdidas y, más aún, si entra en liquidación, este “derecho a pagar menos impuestos por los beneficios en futuro” no vale nada. Por eso, los supervisores en todo el mundo reducen del capital regulatorio, del mínimo que necesitan los bancos para operar, estos “activos fiscales diferidos”.

En 2013, el Estado estableció un régimen fiscal singular para los activos fiscales de los bancos. Esta es una de las razones por las que la Banca tiene un tipo efectivo inferior en el impuesto de sociedades, aunque el tipo nominal sea más elevado, el 30%. Pero, además, el Estado, es decir los demás contribuyentes, avalamos una parte de los activos derivados de las pérdidas bancarias, unos 30.000 millones de euros, en activos fiscales, que pasaron a computar como capital. Esto permitió utilizar menos importe del rescate financiero, ahorrándonos deuda pública, intereses de esa deuda, y probablemente condiciones más duras.

Como el mundo no es un casino, la Banca no siempre gana y, a veces, pierde. Por eso, en 2017 y 2018, las pérdidas del Banco Popular originaron la conversión de estos activos en devoluciones contra el Tesoro Público, por unos 1.400 millones de euros. Posteriormente, en 2021 volvió a ocurrir. Según el informe de principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado de la Intervención General, algunos bancos solicitaron, en la declaración del impuesto de sociedades de 2020, la conversión de sus activos financieros en devoluciones del impuesto de sociedades por importe de 1.160 millones de euros. Esta cifra es superior al ingreso neto del impuesto de sociedades de todas las entidades de crédito en el impuesto de sociedades de 2020.

Una devolución de un importe que nadie ha ingresado es un gasto, o una subvención a cargo de los demás contribuyentes. Los avales no son gratis, al menos no siempre.

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