Telefónica tendrá que prestar a la fuerza el servicio universal en 2023 y 2024

Telefónica deberá prestar el servicio universal de telecomunicaciones en el periodo 2023-2024 al ser designada directamente por el Gobierno para cubrir estos servicios básicos, tras haber quedado desierta la licitación que se convocó en diciembre de 2022. La novedad en este concurso es que, por primera vez, se excluye del Servicio Universal la obligación de disponer y mantener un mínimo de cabinas telefónicas según la población de cada municipio y la de editar guías de teléfonos fijos, aunque se incluye la exigencia de que la velocidad mínima de acceso a Internet sea de 10 megabits por segundo (Mbps).

Los operadores se habían quejado durante años de esta obligación de mantener los teléfonos públicos y editar guías debido al alto coste de su mantenimiento para el uso mínimo que tenían. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avaló sus tesis y pidió al Gobierno que se eliminara esta exigencia, basándose en datos como que menos del 20% de la población ha usado alguna vez una cabina por la generalización del teléfono móvil.

En España sobreviven alrededor de 15.000 cabinas, aunque muchas de ellas están inservibles, víctimas del vandalismo, y ya en 5.000 municipios no hay ningún teléfono público. El coste anual de su mantenimiento superaba los dos millones de euros.

Pese a esa eliminación, ninguna compañía está interesada en prestar ese servicio universal por lo que el Ministerio de Economía y Transformación Digital designa directamente el operador que debe hacerlo, una obligación que recae siempre en Telefónica. Y es que el coste de ese servicio básico es muy superior a la compensación que luego recibe la compañía bajo el cálculo anual que hace la CNMC. Por ejemplo, en 2019, último año que ha hecho la liquidación, Telefónica recibió 6,9 millones de euros, de una bolsa que costean los mayores operadores, como Orange, MásMóvil, Vodafone y la propia Telefónica.

El servicio universal garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a una serie de servicios “con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible”. Esto incluye llevar la red de telecomunicaciones a cualquier punto del país, incluidas las zonas no rentables.

La licitación realizada en diciembre ya incorporaba las innovaciones y nuevas características del servicio universal de telecomunicaciones regulado por la Ley General de Telecomunicaciones (aprobada en 2022). Así, solamente formarán parte del servicio universal el servicio de acceso adecuado y disponible a Internet de banda ancha a través de una conexión fija, así como los servicios de voz que se proveen a través de esta conexión subyacente fija. Por primera vez se establece que el servicio de acceso a Internet deberá soportar un conjunto mínimo de servicios y que la velocidad mínima de acceso a Internet deberá ser de 10 Mbit por segundo en sentido descendente.

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