Parir en casa, educarlo por mi cuenta… ¿Qué puedo decidir sobre mi hijo y qué no?

Una mujer da a luz a un bebé en la playa. El video se hizo viral hace unos días y muestra a una seguidora del movimiento freebirth, el fenómeno de defender un nacimiento libre y en un entorno amable para la madre y sin asistencia sanitaria (el domicilio, una piscina, la naturaleza…). La publicación ha precipitado una fuerte discusión en las redes sobre hasta qué punto las decisiones de los padres, bajo el amparo del ejercicio de ciertos derechos fundamentales, pueden chocar con el bienestar o la integridad física de sus hijos.

Precisamente, hace unas semanas, el Tribunal Constitucional rechazó la petición de amparo de una madre que quiso dar a luz en su casa, en contra del consejo de los médicos. Los magistrados concluyeron que, de medir los derechos en juego (por un lado, el de la madre a la libertad física y a la intimidad personal y familiar, y en el otro extremo de la balanza, el derecho del hijo no nacido), el bienestar del bebé está por encima de todas las cosas. En tesituras así, recoge el fallo, los médicos pueden solicitar el ingreso forzoso de la paciente si hay peligro para el bebé. Incluso, remarcan los magistrados, sin necesidad de que la implicada declare frente a un juez como requisito previo.

La regla de oro es que la integridad del menor es lo más importante. El niño es lo primero y los derechos fundamentales de los padres quedan en segundo plano cuando hay conflicto entre ambos; sin embargo, cada caso muestras sus peculiaridades.

Testigos de Jehová

Por ejemplo, ¿pueden unos padres negarse a que su hijo reciba una transfusión de sangre en base a sus creencias? El asunto trajo cola en el pasado. En 2012, la Fiscalía General del Estado tuvo que emitir una circular y dejar claro que un progenitor no puede negarse a que un menor reciba una transfusión en situaciones donde su vida corra peligro. Pertenecer a la comunidad de los Testigos de Jehová, donde una interpretación literal de la Biblia prohíbe este tipo de intervenciones, no es suficiente para actuar en contra del criterio médico.

En este escenario, recoge el documento, el médico puede actuar en contra de la voluntad de los padres si es la única manera de salvar al niño. En estos casos será necesario el aval de un tribunal; sin embargo, si la vida o la salud del menor corren un peligro inminente, el doctor puede prescindir del papeleo e intervenir directamente.

Decisiones médicas

En España, los menores que han cumplido al menos 16 años pueden decidir sobre cuestiones médicas que les afecté sin necesidad de contar con la validación previa de sus padres.

Esta regla cuenta, no obstante, con una importante excepción. De nuevo, si existe un riesgo para su vida o su salud, "son los padres los que deben consentir en su nombre", explica Marta Juste, profesora de Derecho Civil de la Universidad Internacional de Valencia. Así lo recoge la Ley de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, en vigor desde 2015.

Si la decisión de los padres es contraria a la recuperación del paciente, la última palabra la tiene la justicia, o en última instancia, el médico, cuyo criterio vuelve a ser el que impera si hay que actuar de inmediato. Por ejemplo, hay un accidente y el paciente necesita un nuevo corazón. Los padres se niegan a la intervención por sus creencias religiosas. En estas encrucijadas, la integridad del menor está por encima de cualquier debate ético. "Siempre prevalece el bienestar del menor", remarca la docente.

Abortos

Otro de los ámbitos que trae conflicto es la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo. Si una menor de edad quiere abortar, explica Delia Rodríguez, letrada de la firma especializada en conflictos familiares Vestalia Asociados, "entran en juego los derechos de los padres de la menor de edad, los de la madre gestante menor y los del nasciturus [el concebido que aún no ha nacido, pero que, a ojos de la ley, ya tiene derechos reconocidos]".

En este punto se realiza lo que los juristas conocen como una "ponderación de derechos". Pero conceptos como la libertad física, la salud sexual, la intimidad personal o la libre disposición del cuerpo son, en ocasiones, definiciones demasiado abstractas.

Las leyes sirven para aclarar los espacios grises. Así, en el caso de las interrupciones de embarazo, "la ley vigente supedita el aborto de las menores de 16 y 17 años a la decisión de sus progenitores", apunta la abogada. No obstante, agrega, el anteproyecto de ley del aborto, que en marzo fue aprobado por el Consejo de Ministros, prevé permitir que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el visto bueno previo de sus representantes legales.

Educación en casa

Los progenitores o tutores legales no pueden negarse a que un menor vaya al colegio. El Tribunal Constitucional se pronunció sobre la cuestión en el año 2010 y aclaró que la Carta Magna no reconoce a los padres el derecho a educar a los niños en el domicilio.

El máximo intérprete de las garantías constitucionales respondió así a unos padres que alegaron que la Constitución no reconocía expresamente "la obligatoriedad de escolarización". Bajo este resquicio, defendían su derecho a educar a sus hijos en casa, donde recibirían mejores valores que "en aulas de 30 o 40 alumnos", alegaban.

La justicia, sin embargo, rechazó este argumento, y para ello puso sobre la mesa los "serios problemas" de desarrollo "académico y social" que enfrentarían los niños en el futuro. "La facultad de los padres de elegir para sus hijos una educación ajena al sistema de educación obligatoria por motivos de orden pedagógico no está comprendida en ninguna de las libertades constitucionales reconocidas", remarca el fallo.

"La libertad de enseñanza de los padres se circunscribe a la facultad de enseñar a los hijos y de estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden", explica Delia Rodríguez. Lo que no supone una carta blanca para eludir el deber de escolarización en un centro autorizado. "En España no está permitida la enseñanza desde casa o homeschooling, siendo las consecuencias legales diversas, tanto penales como administrativas", advierte Rodríguez, que admite que, si bien no es una práctica expresamente prohibida, los tribunales han fallado en los últimos años en este sentido.

Sobre el asunto hay debate. Una parte del sector defiende que se trata de una cuestión alegal y que, en ciertos casos, educar a los niños en casa es una posibilidad. La profesora Marta Juste reconoce que en España la educación en casa no es una práctica expresamente prohibida. Pero matiza que, de llevarse a cabo, los padres deben garantizar que las necesidades sociales del niño estén cubiertas. Los niños viven en burbujas, alienados de la realidad social, la fiscalía puede intervenir.

Ideas nazis

Los menores tienen derecho a desarrollarse "en un entorno libre de ideología", recuerda la profesora Juste. Esto significa que un progenitor no puede inculcar ideas nazis a sus hijos; o educarles en el odio hacia una comunidad – la homosexual, por ejemplo –.

"Cualquier enseñanza que conlleve la falta de respeto a los derechos humanos y/o la justificación de actos genocidas, terroristas, discriminatorios o xenófobos puede y debe ser castigada", remarca la docente. No cumplir con esto, en los casos más extremos, puede culminar en la retirada de la patria potestad.