La Oficina de Patentes lanza una campaña contra las falsificaciones en vísperas del inicio de las compras navideñas

La Oficina de Patentes y Marcas (OEPM)—el organismo encargado de gestionar los derechos intelectuales de diseños y marcas en España— ha presentado este miércoles una campaña para concienciar sobre los perjuicios que genera la compra de falsificaciones. El consumo de productos falsificados no es un mercado desdeñable. El organismo homólogo a nivel europeo, la Oficina de Propiedad de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés), advirtió en su último informe que el porcentaje de compradores de productos falsos estaba aumentando. Entre los jóvenes, el 45% admitió haber adquirido voluntariamente algún producto falsificado durante el último año. Las razones esgrimidas: los bajos precios y la alta disponibilidad.

En el acto, celebrado en el madrileño mercado de Barceló, intervino la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que enfatizó que este tipo de actividad supone “un problema para la salud, para la economía y para el bienestar de los consumidores”, así como un “grave” perjuicio para el pequeño comercio. Las importaciones de productos falsificados y pirateados representan el 6,8% de todas las que se hacen en la Unión Europea, con un valor total de 121.000 millones de euros, lo que perjudica a las empresas y —en particular— a las pymes, según explica el ministerio en una nota.

Por su parte, la jefa del grupo de delitos económicos de la Guardia Civil, Beatriz Vernet, ha informado sobre las actividades delictivas ligadas a este tipo de actividades. El tráfico de mercancías ilícitas moviliza, según ha enfatizado, miles de millones. Y, en el caso específico de las falsificaciones, “las bajas penas y la alta rentabilidad de este negocio” han hecho que muchos grupos criminales “como la mafia y la Camorra en Europa, y las Triadas y la Yakuza en Asia” hayan entrado a sacar partido de esta actividad.

Además del impacto económico y de contribuir a la economía sumergida, Vernet destacó que la compra de mercancías ilícitas supone un riesgo para la seguridad de los consumidores, pues los productos adquiridos no han pasado ningún control de calidad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que el valor de la mercancía falsificada ronda los 250.000 millones de dólares al año, sin incluir la que se fabrica y comercializa dentro de las fronteras de cada país.

El comercio electrónico es una de las fuentes principales de distribución de los productos falsificados. Por ello, tanto desde la Guardia Civil como desde la Oficina Española de Patentes y Marcas insisten en la necesidad de concienciar sobre el peligro de este tipo de hábitos de compra. “La realidad es que con estos hábitos de consumo destruimos empleo y cerramos negocios, ponemos en riesgo la salud y fomentamos la delincuencia”, ha zanjado la directora del organismo, Aida Fernández.