Guerra entre granjeros y grandes empresas de pollos

Miles de granjeros productores de pollos, a través de las organizaciones agrarias Coag, Asaja y Upa, reclaman a la patronal del sector, Avianza, la modificación de los contratos de integración para ajustar las condiciones económicas de los mismos. Los ganaderos entienden que por los incrementos registrados en sus costes, especialmente de energía, no pueden seguir produciendo a pérdidas porque desembocaría en un cierre de explotaciones. El drama de muchos ganaderos en una actividad donde la media de edad es de 48 años, es que se embarcaron en la construcción de naves para la crianza y que, si dejaran de producir, no podrían hacer frente a sus compromisos financieros. La patronal no ha respondido aún a sus demandas.

Bajo el sistema de integración, señala Román Santalla, responsable de ganadería de Upa, funcionan unas 5.000 explotaciones que suponen más del 80% de la producción de 1,7 millones de toneladas de carne. Esta oferta se halla en manos de menos de una docena de grupos empresariales donde destacan Vall Company, con una cuota cercana al 30% tras la compra de Sada; Uvesa con un 13%; Avinatur con menos del 10% y grupos cooperativos como el gallego Coren, con más del 8%; AN de Navarra con un 6% o Guissona.

El sistema funciona del siguiente modo: la empresa integradora proporciona los animales a los ganaderos para su crianza y engorde aportando, aparte del animal, piensos y tratamientos sanitarios hasta alcanzar un peso medio de 2,7 kilos en un periodo que se sitúa entre los 45 y los 50 días. Por su parte, los granjeros ponen a disposición de las integradoras sus instalaciones, así como su trabajo, además de correr con los gastos de climatización de las naves.

En la actualidad, por todas esas aportaciones, una mayoría de los contratos contempla una compensación de entre 0,15 y 0, 16 euros por kilo de carne producida con un animal de un peso medio de 2,7 kilos. Ello se traduce en una compensación de unos 0,44 euros por pollo. Frente a estas cifras, consecuencia de los incrementos de los precios de los medios de producción, los granjeros han planteado una revisión de los contratos con un incremento de la compensaciones hasta los 0,20 o 0,25 euros por kilo producido, lo que supondría entre 0,55 y 0,60 euros por animal.

Santalla denuncia que los consumidores están pagando unos precios de los que solamente se están beneficiando los grupos integradores y la gran distribución. Pero las empresas integradoras también argumentan que los precios solamente de los piensos se han incrementado en un 50% desde la invasión de Ucrania y que se trata de una partida que supone el 80% de los costes de producción sin tener capacidad para repercutir los mismos en los precios que pagan los grupos de distribución.

La carne fresca de pollo es la más desmandada, con un consumo de unos 13 kilos por persona y año, por su bajo precio en relación con otras ofertas. No es esta la primera guerra entre las integradoras, desde una posición de poder y los granjeros integrados. En situaciones de caída de la demanda, los grupos integradores tienen en sus manos la posibilidad de ajustar la entrada de animales por camada o de reducir el número de camadas. Por el contrario, los ganaderos integrados, en muchos casos con un endeudamiento por la construcción de sus naves, tienen la necesidad de seguir produciendo, aunque sea a bajos precios, para seguir manteniendo unos ingresos con los que hacer frente al pago de los créditos. Por ahora se descartan cierres o desabastecimiento.