España mantendrá la tasa a las energéticas hasta que Bruselas legisle

El Gobierno seguirá adelante con el nuevo gravamen sobre las energéticas hasta que la Unión Europea apruebe el suyo, según reconoció el jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también dejó claro que en cuanto Bruselas legisle, adaptará el tributo español a las indicaciones comunitarias. El impuesto ya aprobado por España y la propuesta fiscal de Bruselas son diferentes aunque persiguen el mismo fin: que las empresas energéticas que están ganando más dinero con la crisis de precios contribuyan más para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Para ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en julio dos nuevos gravámenes para la banca y las energéticas, que se están beneficiando de la subida de tipos de interés y del alza de los precios del petróleo y del gas. En paralelo, la Comisión Europea trabaja para establecer un tributo para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas y un mecanismo para limitar los llamados beneficios caídos del cielo.

Aunque la iniciativa española y la comunitaria tienen el mismo objetivo, la fórmula elegida es diferente. Fuentes oficiales explican que el Gobierno no tendrá ningún inconveniente en cambiar la normativa tributaria para adaptarse a la comunitaria, pero se muestran prudentes y algo escépticos. Recuerdan que nunca en la historia de la UE se ha aprobado un nuevo impuesto armonizado como el que impulsa ahora la Comisión Europea. Como ejemplo, citan el retraso y las complicaciones para aprobar en Europa un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades o el impuesto sobre determinados servicios digitales (la tasa Google). Advierten de que una cosa es lo que proponga Bruselas y otra la que apruebe definitivamente el Consejo de la UE.

Hacienda, no obstante, se abre a modificar el gravamen aprobado en julio. El Ministerio ha diseñado un sistema para evitar la doble imposición sobre los beneficios y recaudar más de lo que podría obtener un impuesto sobre los mismos. Por eso, ha recurrido a la figura de la prestación patrimonial de interés público y carácter no tributario. Es decir, no es un impuesto propiamente dicho. La prestación patrimonial es como una compensación que tendrán que pagar las energéticas y se aplicará sobre los ingresos en lugar de hacerlo sobre los resultados. Sin embargo, la propuesta que ha hecho pública Bruselas consiste en un impuesto adicional sobre los beneficios netos.

El Ministerio remarca que actuará de igual forma que con la tasa Google. En 2020 aprobó el impuesto sobre determinados servicios digitales mientras la Comisión Europea ultimaba un modelo común. Pero en el verano del año pasado, Bruselas anunció que aparcaba la creación del tributo por la presión de Estados Unidos España, sin embargo, mantiene su impuesto propio.

Las medidas anunciadas por Bruselas dejan de momento más dudas que novedades en España. La guerra de Ucrania ha disparado el precio del gas, y con ello, el de la generación de electricidad. Por eso, la Comisión ha perfilado en los últimos días mecanismos para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas y limitar los llamados beneficios caídos del cielo.

Se trata de dos asuntos sobre los que el Gobierno español lleva ya más de un año estudiando, y legislando, normas. Un anticipo que fuentes del sector energético atribuyen a las peculiaridades del mercado español —más sensible a los vaivenes de importes porque se firman menos contratos a precio fijo y con duración más breve— y que ahora deja la duda de cómo se compaginarán ambos enfoques.

Uno grava ventas y el otro, beneficios

El martes, durante su discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insistió en las líneas maestras del plan: ahorro de luz y medidas para que las energéticas no obtengan un beneficio de una situación que está resultando muy perjudicial para los consumidores. Para esto último se plantean dos ideas. La primera es un nuevo gravamen del 33% sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras, gasísticas, de carbón y de refino.

Lo que eufemísticamente se ha denominado “contribución solidaria” considerará beneficio extraordinario el que supere en un 20% la media de ganancias de los últimos tres años. Según explicó la Comisión, de su recaudación se encargará cada Estado miembro. La fórmula que aprobó el Gobierno en julio también grava lo que se considera un provecho excesivo de las empresas por la coyuntura actual. Se trata de una prestación patrimonial de carácter no tributario equivalente al 1,2% de la cifra total de negocios (los ingresos) de las compañías energéticas.

En ambos casos se trata de un recargo temporal, pero hay otra notable diferencia. La Comisión Europa lo plantea como un impuesto solo para este año. Se pagaría en 2023 a partir de los beneficios registrados en el último cuatrimestre de 2022. La intención en España, sin embargo, es que fuera bianual, pagándose en 2023 y 2024 a partir de los ingresos de 2022 y 2023.

Habrá que esperar a la definición de la norma europea, apuntan las fuentes del sector, para ver si el Gobierno tiene que cambiar su fórmula. Aunque podría intentar justificarse ante Bruselas que el objetivo de recaudación sobre los beneficios extra se cumple igualmente.

La segunda de las medidas ideadas por Bruselas es el tope temporal de ingresos para los productores inframarginales (renovables y carbón). Esto se refiere a los beneficios caídos del cielo, ya que afecta a productores de electricidad que usan fuentes más baratas que el gas, pero se benefician en la retribución de los altos precios de esta u otras materias primas (como algunos tipos de carbón). Lo que ha marcado la Comisión es que estas compañías no puedan obtener más de 180 euros por megavatio hora (MWh), de manera que temporalmente (hasta el 31 de marzo próximo) tendrían que devolver lo que obtengan por encima de ese importe.

Pero España también ha avanzado previamente en esa línea. El Gobierno lo intentó hace un año, aunque luego su propuesta quedó descafeinada al no poder aplicarse retroactivamente, y luego ahondó en esa senda planteando un tope que es más bajo (67 euros por MWh) que el europeo. Eso y la denominada excepción ibérica, que permite a España y Portugal reducir la influencia del precio del gas en la generación eléctrica, limitan la efectividad real de la medida europea sobre el mercado español, según las fuentes del sector.

De nuevo quedan incógnitas como si Bruselas introducirá cierta retroactividad (lo que impedía hasta ahora) o si aceptará límites inferiores al suyo. En su conjunto, la Comisión dijo que con ambas medidas espera una recaudación de unos 140.000 millones de euros. España espera ingresar 4.000 millones en dos años del gravamen a las energéticas y otros 3.000 millones por el de la banca.