Las nuevas bonificaciones sociales para regularizar a las empleadas del hogar costarán 130 millones al año

Las empleadas del hogar podrán cobrar el paro cuando se queden sin trabajo, y las personas que las contraten recibirán ayudas para favorecer la regularización de un colectivo compuesto casi íntegramente por mujeres. El paquete fiscal para empleadores supondrá un gasto de 130 millones de euros anuales, según las estimaciones recogidas en la memoria económica que han elaborado el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Tanto el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) como el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismos dependientes de Trabajo, asumirán el coste. Entre las ayudas para los empleadores se contempla una bonificación del 80% en la cotización al desempleo y del 20% en la contribución al Fogasa. La primera de ellas se aplica sobre el 5,5% de la cotización al desempleo que les correspondería a las familias que contraten. La segunda bonificación, además, recae al completo sobre la persona o empresa contratante.

Con la aprobación del real decreto para la mejora de las condiciones de trabajo de las empleadas del hogar, el Gobierno corrige una discriminación histórica para un gremio al que la Ley General de Seguridad Social impedía cotizar por la prestación de desempleo, y, por tanto, tener derecho a cobrar el paro. Con el objeto de extender esta prestación sobre la mayor parte de un colectivo que en mayo registró una media de 378.178 afiliaciones medias al Sistema Especial de Empleados del Hogar (SEEH), el Ejecutivo ha diseñado un paquete de ayudas para los empleadores que incrementará tanto los ingresos como los gastos del sistema.

Para uniformizar el cálculo, la Memoria emplea una base media de cotización de 630 euros al mes —obtenida a partir de los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social—, y los aplica sobre la media de trabajadores dados de alta en mayo en el SEEH. Así obtiene dos partidas de gastos, una de 125.797.130 millones de euros (desempleo) y de 4.574.441 euros (Fogasa), que en total suman 130.371.571 euros.

Facilidades alternativas

De manera alternativa a estas dos bonificaciones, el real decreto dispone de otras ayudas para las personas empleadoras que den de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a una persona trabajadora al servicio del hogar a partir de su entrada en vigor, y durante todo el tiempo en el que esta permanezca dada de alta. Se trata de ayudas que pueden ser del 45% o del 30% en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes (cuando un trabajador no puede llevar a cabo su trabajo, bien por una enfermedad común o por un accidente no laboral), siempre que los empleadores cumplan con una serie de requisitos de patrimonio y/o renta de la unidad familiar o de convivencia.

En estos casos, la Memoria no realiza una estimación de gasto anual, porque no contempla cuántos empleadores cumplirán con los requisitos y podrán acceder a esta bonificación. Sin embargo, sí que detalla en una tabla cuál sería la cantidad subvencionada por el Estado dependiendo de la retribución mensual percibida por la persona trabajadora. Así, por ejemplo, en el caso de que una empleada del hogar que cobre el salario mínimo por una jornada completa (1.000 euros), de los 275,34 euros que supondrían la cotización por contingencias comunes —como resultado de aplicar el 23,6% sobre la base de cotización y que en este caso sería de 1.166,70 euros—, 123,90 euros estarían subvencionados para aquellos empleadores que puedan optar al 45% de la bonificación; mientras que para los que dispongan del 30% esta ayuda sería de 82,60 euros. El importe total de estas bonificaciones se sumaría en el gasto anual a los 130 millones de euros de las anteriores.

Este aumento en las cotizaciones lleva aparejado un incremento en las cotizaciones sociales que repercutirán en una mayor recaudación por parte de la Seguridad Social. En la memoria económica se estiman distintos escenarios (cuatro exactamente) de acuerdo con la posible variación de la afiliación al Sistema Especial de Empleados del Hogar que se pueda derivar de la aprobación del real decreto. Sin embargo, sí determina una horquilla de ingresos potenciales de acuerdo con las diferentes posibilidades. Estos se sitúan entre los 207,4 y los 242,7 millones de euros en el escenario donde la afiliación más crece.