El Gobierno de Boris Johnson se enfrenta a la mayor huelga del transporte público desde 1989

Cada vez que el Reino Unido se dirige a una crisis económica, política, social o existencial, acude a la fórmula del Ricardo III de Shakespeare, aunque la estación del año varíe. El “invierno del descontento” (winter of our discontent) con que se bautizaron las huelgas salvajes que llevaron al triunfo de Margaret Thatcher a finales de los setenta, fue el año pasado el “otoño del descontento”, cuando Boris Johnson se quedó sin camiones para reabastecer las gasolineras a la salida de la pandemia. Y lo que viene a continuación se llama el “verano del descontento”. La huelga del personal de mantenimiento y señalización de los ferrocarriles públicos ―cerca de 40.000 trabajadores por todo el país― está convocada para este martes, el jueves y el sábado.

La realidad es que, con unos servicios mínimos muy reducidos y unos horarios absolutamente comprimidos, el caos se prolongará durante toda la semana, y tanto el Gobierno como los sindicatos ya han aconsejado a los millones de personas que dependen del tren para llegar a su trabajo que busquen una alternativa de transporte o trabajen desde casa. La huelga afecta a Network Rail, la empresa pública que gestiona gran parte de las estaciones, así como la red ferroviaria, junto a otros 13 operadores privados. Entre todos ellos abarcan prácticamente todas las conexiones de la isla. Será la mayor huelga del sector desde los paros de 1989, que afectaron a todo el país y respondieron también a una fuerte disputa salarial.

“Las compañías ferroviarias han propuesto subidas salariales muy por debajo de la actual tasa de inflación, a lo que hay que añadir que los sueldos llevan varios años congelados”, ha dicho este lunes el secretario general de los Trabajadores del Ferrocarril, Marítimos y de Transporte (RMT, en sus siglas en inglés), Mick Lynch, al frente de las negociaciones hasta ahora fallidas. “Por mandato expreso del Gobierno, las compañías tienen además intención de llevar a cabo el recorte de miles de puestos de trabajo y han sido incapaces de asegurar que no llevarán a cabo despidos forzosos”, ha dicho Lynch.

En principio, durante los tres días en los que se ha convocado la huelga funcionarán unos 4.500 de los 20.000 servicios que están disponibles a diario, pero el recorte en los horarios (de 07:30 a 18:30), que paralizará con mucha antelación tareas de preparación indispensables, garantiza que el caos se extienda durante toda la semana. Los trabajadores de mantenimiento del metro de Londres, que dependen de la empresa municipal Transport For London (TfL, en sus siglas en inglés), también han aprobado una convocatoria de huelga para este martes, que contribuirá a complicar muchos más las cosas en la metrópoli.

Inflación

Las previsiones económicas auguran que el Reino Unido puede acabar el año con una inflación cercana al 11%. En la actualidad ya está en torno al 9%. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, fue el primero en lanzar la advertencia, el pasado febrero, del riesgo que suponía, a su juicio, responder a las reclamaciones de los trabajadores públicos. “Confiamos en ver cierta capacidad de restricción en el proceso de negociación salarial, o todo esto se escapará de nuestro control”, dijo entonces Bailey.

La oferta de subida salarial de las compañías ferroviarias es del entorno del 3%. El sindicato que lidera la negociación reclama una subida del 7%. El Gobierno de Johnson, sin embargo, que vendió la consecuencia del Brexit de suprimir la libertad de movimiento de personas que suponía pertenecer a la UE como una victoria para los trabajadores británicos, llevaba meses prometiendo una nueva economía “de salarios más altos y mayores habilidades”.

Ante la amenaza de una huelga masiva, el Gobierno de Johnson ha recurrido al lenguaje agresivo. El ministro de Transportes, Grant Shapps, advertía a los sindicatos el pasado jueves, cuando la huelga comenzaba a percibirse como inevitable, que corrían el riesgo “de perder sus puestos de trabajo”. “Estas huelgas no son solo un intento de descarrilar las reformas necesarias para asegurar el futuro de la red ferroviaria, sino que están diseñadas para provocar daño en el peor de los momentos, y el sindicato se ha infligido con ellas un golpe tremendo a sí mismo”, decía Shapps.

Tanto los líderes sindicales, que ven detrás del fracaso en las negociaciones “la mano muerta” del Gobierno, como la oposición laborista, acusan al Ejecutivo de Johnson de estar provocando, desde su pasividad, una conflictividad que le conviene políticamente. “Quieren llevar al país a un bloqueo total para alimentar la división. En vez de volcarse, durante la semana pasada, en influir en las negociaciones, se han negado a hablar con los sindicatos o con las empresas”, acusaba Starmer este domingo.

A la “acción industrial” (el eufemismo con que medios y políticos se refieren a la huelga) se van a sumar trabajadores de otros sectores, como los profesores, el personal de la sanidad pública o incluso los abogados penalistas del turno de oficio. Todos protestan por unos salarios bajos ya desde hace años, que la inflación galopante amenaza con pulverizar. “En estos momentos son los propios trabajadores los que se están organizando entre ellos mismos”, ha dicho este lunes Frances O´Grady, la vicesecretaria general del Congreso de Sindicatos (TUC, en sus siglas en inglés), la principal confederación del Reino Unido. “Y no lo hacen respondiendo a una estrategia deliberada, sino porque millones de ellos hacen frente a salarios bajos, inseguridad y recortes. Por eso no tienen otra opción que votar a favor de la huelga”, ha añadido.

Ironizaba el dramaturgo Michael Frayn, hace ya años, que “los británicos son capaces de defender hasta la muerte el derecho de un trabajador a pelear por su puesto de trabajo, pero no toleran una huelga”.

Los sindicatos y la oposición laborista no pueden evitar la sospecha de que Johnson, en horas realmente bajas entre los miembros de su partido y entre sus votantes, no tendría reparos en imitar a la legendaria Thatcher y desplegar un discurso y medidas de mano dura contra las huelgas, cuando el grado de hastío fuera el suficiente para recuperar el apoyo popular.

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