La justicia europea zanja la batalla por las ayudas de España para comprar empresas extranjeras al declararlas ilegales

La justicia comunitaria ha zanjado que las ayudas que creó España en 2002 para que las empresas compraran firmas extranjeras son ilegales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ratifica así, con matices, varias sentencias anteriores del Tribunal General y cierra una vieja batalla que colea desde hace más de una década e implica a la Comisión Europea, el Gobierno español y grandes empresas como el Banco Santander, Telefónica o Iberdrola.

Para el TJUE, la norma española tenía un “carácter excepcional” y era “selectiva”, dando pie a un “trato diferenciado” entre empresas injustificable. Por tanto, aunque cree que las sentencias previas tienen algunos errores, estos no son suficientes para anular los fallos previos, ya que están justificados.

De esta forma, el tribunal abre el camino para que España continúe con la reclamación a las empresas de las ayudas declaradas ilegales, como le exigió en su día la Comisión Europea al concluir que eran contrarias a la competencia. Estos incentivos se crearon en 2002 por el Gobierno de José María Aznar y buscaban impulsar la expansión internacional de las empresas españolas. Para ello, la firmas que salían de compras al extranjero y adquirían más de un 5% del capital de otra compañía durante más de un año, podían deducirse el fondo de comercio (la diferencia entre el valor de una empresa en libros y el precio finalmente abonado al adquirirla).

Esta medida provocó la reacción de varios parlamentarios europeos de entonces, especialmente británicos. De aquellos años datan grandes operaciones de empresas españolas en el Reino Unido: Telefónica adquirió O2; Santander, Abbey; e Iberdrola, Scottish Power. En un primer momento la Comisión Europea no vio base en las denuncias, pero posteriormente cambió de opinión, y en 2009 y 2011 exigió a España que recuperara el dinero que había dejado de percibir por estas ayudas. No obstante, muchas de estas operaciones quedan fuera de la reclamación al ser anteriores al 21 de diciembre de 2007.

Camino errático

El cálculo del Ejecutivo de Mariano Rajoy, incluido en el plan de Estabilidad remitido a Bruselas en 2017, cifraba en 1.000 millones el dinero a recuperar por parte de España. No obstante, fuentes comunitarias elevaban esa cifra cuando se conocieron las sentencias ratificadas este miércoles.

También en los tribunales europeos, el camino seguido por estas ayudas ha sido errático. Las primeras sentencias del Tribunal General de la Unión Europea fueron favorables a las empresas. Después, el TJUE rectificó el criterio de ese primer tribunal, que volvió a pronunciarse, esta vez en sentido contrario. Esos fallos, acumulados en una causa, son los recurridos ahora y que, ahora sí, han sido ratificados por el TJUE.

La ratificación de este criterio tiene importancia porque es la base que utilizó Competencia en el caso contra Irlanda y Apple, por el que el Ejecutivo comunitario exige al Estado irlandés que reclame 14.300 millones por ayudas ilegales concedidas al gigante tecnológico estadounidense.