Una institución para la recuperación sostenible

La reciente aprobación del ­real decreto de medidas de apoyo a la solvencia empresarial ha puesto en primera línea de atención de la opinión pública a Cofides, la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo, una sociedad mixta adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. No es la única institución activa, pues a su trabajo cabe sumarse el papel jugado por el Instituto de Crédito Oficial en el otorgamiento de avales para el mantenimiento de la liquidez en el sector empresarial durante la crisis, así como los menos conocidos roles de Cesce y la SEPI.

Como otros países de nuestro entorno, España tiene una serie de instituciones financieras dependientes de la Administración General del Estado que ejercen funciones de apoyo financiero como las ya citadas, a las que habría que sumar la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), la sociedad Sepides, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (Fiem), el Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode), la subsidiaria especializada en capital riesgo Axis (dependiente del ICO) o el programa Innvierte del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). A estas iniciativas del Gobierno central hay que añadir las autonómicas, como el Instituto Catalán de Finanzas, el Instituto Valenciano de Finanzas, Elkargi en el País Vasco, la Agencia Idea en Andalucía o la Agencia Avante en Extremadura. Toda una pléyade de instituciones que utilizan el capital riesgo, los préstamos, las garantías o los productos mixtos para apoyar el tejido empresarial, su modernización y su internacionalización.

El papel que pueden jugar estas instituciones en la recuperación y modernización es difícilmente soslayable. Así lo ha entendido la Unión Europea, que ha reformulado todos sus instrumentos financieros: además de los fondos Next Generation, la Unión Europea lanzará el programa Invest-EU, con el objetivo de movilizar más de 500.000 millones de euros, públicos y privados, en el marco de los objetivos del green deal. El diseño de Invest-EU permite una gestión delegada en la que las instituciones financieras nacionales puedan acceder a los fondos en calidad de gestores, algo que ya ha ocurrido con anterioridad, con el propio Cofides y la Agencia Española de Cooperación Internacional desarrollando programas de cooperación delegada en América Latina y África. La Comisión también aprobó en 2020 la taxonomía de inversiones sostenibles, despejando de esta manera la sistematización de las inversiones relacionadas con el cambio climático y la transición ecológica. La dimensión exterior de la acción financiera de la Unión Europea, a través de estrategias de blending (mezcla de donaciones y préstamo) y coinversiones, abre también un campo a la expansión de la participación de empresas españolas en iniciativas de desarrollo sostenible en el conjunto del planeta.

España debería aprovechar esta oportunidad para reestructurar y racionalizar adecuadamente su sistema de apoyo financiero público, generando un hub de conocimiento, hoy por hoy disperso, y permitiendo a la Administración General del Estado entrar en operaciones más complejas de cooperación público-privada dirigidas a los objetivos del Plan de Recuperación, y fortaleciendo también nuestra participación en los programas financieros de la Unión Europea, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Tenemos experiencias en las que fijarnos: los modelos francés o alemán, que podrían ser casos de estudio para dibujar una ruta de racionalización y consolidación de una auténtica institución financiera pública, con capacidades y know-how suficientes, que sirviera para vehiculizar los diferentes programas y fortalecer el papel del sector público en operaciones complejas y de mayor riesgo como la transición energética, la internacionalización o la financiación de la innovación, donde la participación del sector privado tiende a ser subóptima, generando así fallos de mercado.

Respecto a la arquitectura, la nueva institución podría partir de las existentes, pero debería incluir otras capacidades y eliminar solapamientos y disfuncionalidades existentes. La institución podría ser mixta, dando entrada al capital del sector privado, con una gobernanza distribuida y equilibrada en función de los diferentes instrumentos y políticas. El Plan de Recuperación podría incluir esta idea entre sus reformas y proporcionar un instrumento financiero potente, articulado y eficaz para contribuir a los objetivos de la recuperación y transformación de nuestra economía en línea con la Agenda 2030 y el green deal. Lo necesitamos y estamos a tiempo de proponerlo.

José Moisés Martín es economista y consultor.