Veolia lanza una opa hostil por Suez y los tribunales franceses la paralizan

Un tribunal francés ha prohibido este lunes a Veolia lanzar una opa hostil como la que anunció este domingo para hacerse con Suez. Se trata de un paso más que recrudece la guerra empresarial que mantienen ambas firmas desde hace meses. Veolia, que tiene desde el pasado otoño el 29,9% de Suez y es su máximo accionista, comunicó este domingo que lanzaría una nueva opa a 18 euros por acción para hacerse con el 70% restante del capital. De esta forma, valoraba a la compañía en 11.300 millones de euros. Tras ese anuncio, Suez ha reivindicado este lunes una orden del Tribunal de Comercio de Nanterre que impide a Veolia lanzar su oferta pública de adquisición. La multinacional francesa, sin embargo, ha respondido que su oferta era anterior a la orden judicial y por tanto válida.

El Gobierno de Francia, por su parte, ha intentado desde el primer momento encontrar una salida pactada y rechaza el movimiento. Además, ha asegurado que llevará el asunto ante la Autoridad de Mercados Financieros (el regulador bursátil francés) para analizar su posible impacto sobre la competencia y el empleo. “Esta oferta no es amistosa y va en contra de los compromisos asumidos por Veolia. También plantea dudas de transparencia. ¿Por qué se ha presentado súbitamente esta oferta? Vamos a acudir a la Autoridad de Mercados financieros esta misma mañana”, ha dicho el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, en la emisora de radio Europe 1.

“El Tribunal de Comercio de Nanterre ha prohibido a Veolia presentar su oferta pública hostil, anunciada el 7 de febrero, tras el intento de Veolia de infringir su compromiso amistoso”, ha señalado Suez en un comunicado tras conocer la decisión del tribunal. Con ese paso, la firma retiraba de facto ese compromiso de condicionar la compra a que tuviese luz verde del consejo de administración de Suez. “Nuestra oferta es válidad. Está en marcha”, ha replicado Antoine Frérot, consejero delegado de Veolia, en declaraciones recogidas por Le Monde. El directivo ha argumentado que la opa se ha depositado ante el regulador bursátil a las 7.23 de este lunes, antes de la orden judicial.

Veolia se convirtió en el máximo accionista de Suez el pasado otoño al comprar casi el 30% de la firma que tenía Engie, también a un precio de 18 euros por acción. Entonces se pactó un compromiso amistoso para aumentar su participación. “Durante los últimos cuatro meses, Suez ha multiplicado las acciones enfocadas a entorpecer la propuesta de Veolia”, se quejó la empresa este domingo, tratando de justificar así el giro en sus intenciones.

Frérot ha asegurado asimismo que la propuesta viene acompañada de todas las garantías respecto del mantenimiento del empleo y las prestaciones sociales en Francia. Sin embargo, Suez sostiene que sería negativa para el empleo y la competencia. Además, no entiende el cambio en la intención de compra: “Este movimiento demuestra que nunca hubo intención de intentar proceder de manera amistosa”, ha afirmado un portavoz de Suez. Los sindicatos de la firma aseguran en una declaración que se opondrían a lo que tachan de “declaración de guerra” de Veolia.

Bloqueo de la operación

En estos meses, Suez ha intentado blindar sus activos de tratamiento de aguas (mercado en el que compite con Veolia, que también se dedica a gestión de residuos y a energía) para bloquear la operación. Otra decisión que también ha acabado en los tribunales. La firma señaló asimismo que había otra oferta de los fondos Global Infrastructure Partners (GIP) y Ardian, a 18 euros por acción, aunque no ha llegado a fructificar. Entre otras cosas porque Veolia afirmó que su participación no está en venta. Está previsto que en los próximos meses haya una reunión de la junta que aclare las posiciones.

El Gobierno francés espera que las empresas retomen las conversaciones para alcanzar una solución compartida. Le Maire ha defendido que la operación solo podrá salir adelante si hay una negociación amistosa. “El capitalismo francés no puede ser una guerra de todos contra todos”, ha subrayado el ministro, para quien todas las partes deben ser razonables y tener una idea del interés general, ya que se trata de miles de puestos de trabajo.