Vale pagará 6.800 millones de dólares por un desastre con 270 muertos en la mina de Brumadinho

La multinacional brasileña de la minería Vale ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que pagará 47.000 millones de reales (6.800 millones de dólares, 5.700 millones de euros) por los daños causados hace dos años cuando la rotura de un depósito de residuos en una mina de Brumadinho mató a 270 personas, la mayoría empleados. El dinero pretende reparar el impacto socioeconómico y medioambiental que aquel tsunami de lodo dejó a su paso. Vale es reincidente. En 2015 tuvo un desastre similar, pero mucho menos letal, en una mina cercana, también en el Estado de Minas Gerais. Los detalles del acuerdo han sido anunciados por la Fiscalía poco después de una reunión entre la compañía y las autoridades.

El pacto judicial, el más cuantioso alcanzado en Brasil, no frena las demandas individuales, incluso las del ámbito penal. El expresidente ejecutivo de Vale, Fabio Schvartsman, está acusado de homicidio con dolo y delitos medioambientales junto a otros 15 altos cargos e ingenieros de la compañía, una de las mayores del sector, y de la firma alemana Tuv Sud. Esta certificó que aquella inmensa balsa de deshechos era estable seis meses antes de que estallara sin hacer saltar las alarmas y se llevara por delante el comedor de los empleados y todo lo demás que encontró a su paso.

La cantidad a pagar por Vale casi duplica la multa que debió abonar la constructora brasileña Odebrecht por su aceitado sistema de sobornos en el caso Lava Jato. El fiscal general del Estado de Minas Gerais, el gran Estado minero de Brasil, ha descrito el acuerdo con la minera en estos términos: “Trae ganancias inmediatas para los afectados (…), garantiza la reparación integral del medio ambiente y asegura recursos para Minas Gerais, principalmente para la región de Brumadinho y el valle de Paraopeba. Fruto de un arduo y comprometido trabajo técnico, evita la prolongación de las discusiones en los tribunales, que mantendrían abierta una herida dolorosa sin la garantía de una compensación proporcional para la población de nuestro Estado. Además, no impide la interposición de acciones individuales”, según el comunicado difundido.

El anuncio, el miércoles, de que el acuerdo había sido alcanzado aunque sin que fuera concretada la cuantía conocida ahora hizo subir un 3% las acciones de Vale en la Bolsa de São Paulo, dos puntos por encima de la media del índice.

La reparación acordada debe llegar a los afectados mediante “programas de transferencia de renta, de recuperación y protección ambiental, de seguridad hídrica, de movilidad y de fortalecimiento de los servicios públicos estatales”, detalla la fiscalía. Inmediatamente después de la catástrofe, Vale pagó durante un año una especie de renta básica a toda la población de Brumadinho. La multinacional, una de las mayores del sector mundial, es un motor económico clave en Minas Gerais, donde esta industria es simultáneamente una bendición y una maldición.

Schvartsman, el máximo ejecutivo de Vale en el desastre de 2019, fue apartado del puesto. Había llegado al cargo justo después de la tragedia de 2015 bajo el lema “Nunca más”. La rotura de otra balsa de residuos causó en Mariana la muerte de 19 personas. Los daños ambientales fueron, en cambio, inmensos.

El escrito de acusación contra Schvartsman y los otros imputados fue presentado por la fiscalía en 2020, en vísperas del primer aniversario. Los fiscales acusaban en duros términos a la minera y a la auditora: “Con apoyo de Tuv Sud, Vale operaba un arreglo turbio con el objetivo de mantener una falsa imagen de seguridad de la empresa que buscaba evitar, a cualquier precio, impacto en su reputación y, por consiguiente, alcanzar el liderazgo mundial (del sector) en valor de mercado”. Las penas oscilan entre los 12 y 30 años de cárcel. La empresa se declaró entonces “perpleja ante las acusaciones de dolo”.

La ONG ambiental Greenpeace ha criticado el acuerdo sobre Brumadinho. “Sirve a los intereses de la empresa mientras silencia, una vez más, la voz de las víctimas en un proceso negociado bajo el secreto de la justicia y sin transparencia”, según una portavoz. Para la ONG ambiental, los afectados no han tenido una participación efectiva en la gestación del acuerdo. Y recuerda que en el caso de la mina de Mariana, en 2015, resuelto con la creación de una fundación denominada Renova, el pacto “no cumplió con sus obligaciones de reparación”.

Las negociaciones entre la compañía y la. Fiscalía empezaron en octubre. La cuantía exigida inicialmente por la fiscalía era un tercio más de lo pactado. El pasado 25 de enero, segundo aniversario de la tragedia, la fiscalía dio un ultimátum a la empresa. O el acuerdo se cerraba antes del 29 o la fiscalía presentaría una demanda civil contra la empresa. El plazo pasó sin novedad hasta este jueves. Tras Brumadinho, las autoridades pusieron en marcha un proceso para desmantelar las más peligrosas entre las decenas de depósitos de residuos construidos con las mismas técnicas que los dos que estallaron en los últimos años, más baratas y con mayor riesgo.