Sin prosperidad inclusiva la Constitución seguirá siendo cuestionada

El 42 aniversario de la Constitución se ha celebrado en un clima de fuerte división y enfrentamiento político, en el que unos y otros han utilizado el texto constitucional como arma arrojadiza. Ha coincidido, además, con la intensificación del debate sobre el “efecto capitalidad”, provocado por la concentración de todos los poderes del Estado y de los nuevos organismos reguladores de la economía en Madrid. Este cuestionamiento produce desasosiego, especialmente al recordar que ninguna de las Constituciones habidas en la historia de España fue reformada, todas fueron derrocadas por “pronunciamientos” militares. Necesitamos recuperar el clima de concordia y diálogo que presidió la Constitución de 1978. Pero ¿cómo? La idea que quiero sostener es que la Constitución seguirá siendo cuestionada mientras no recobremos la prosperidad inclusiva que hizo posible su aprobación.

Junto con la voluntad de cicatrizar las heridas de la Guerra Civil, la prosperidad económica de los años sesenta y setenta fue un factor determinante para el contrato constitucional de 1978. La industrialización de esos años trajo por primera vez empleos estables para cientos de miles de trabajadores que en esos años emigraron del rural a las ciudades. El Estado a través de ayudas, empresas públicas y los “Polos de Desarrollo” fue un poderoso instrumento para la prosperidad de muchas comunidades locales y el reequilibrio económico territorial. Esa industrialización trajo empleos con salarios que, si bien no eran para hacerse ricos, permitieron construir vidas de clase media. Si a principios de los sesenta el problema para las esas clases medias era llegar a tener un “Seiscientos”, al final de la década era dónde aparcarlo. Una sociedad que en sólo diez años experimenta ese cambio material se muestra proclive a acuerdos y consensos sociales y políticos.

Los llamados “Pactos de la Moncloa” de 1977 fueron un contrato social, equivalente al que las naciones occidentales construyeron en la postguerra. Las izquierdas y los progresistas se comprometieron a apoyar el sistema de economía de mercado y libre empresa; a cambio, los conservadores apoyaron un nuevo Estado social para repartir mejor la prosperidad mediante nuevos programas de gasto social e impuestos progresivos. Este contrato social sobre el sistema de economía de mercado y el nuevo Estado de bienestar fue incorporado por los constituyentes que, además, añadieron un contrato político consistente en el reparto territorial del poder político. Ese fue el origen del Estado de las Autonomías.

Ese contrato constitucional basado en la prosperidad inclusiva y la distribución territorial del poder comenzó a debilitarse en los noventa. Hubo varias causas: la forma en cómo se llevó a cabo la integración en la UE y la deslocalización industrial provocada por la globalización provocaron desaparición de empresas, desempleo masivo y desigualdad. Pero también el repliegue del Estado en los territorios, con la privatización de empresas públicas y la concentración de sus sedes en Madrid, lo mismo que las de los nuevos organismos reguladores surgidos con la privatización y la liberalización.

Como ocurrió con el Brexit y Donald Trump, ese sentimiento de pérdida de prosperidad y de abandono político, latente en esos años, explotó con la crisis financiera y económica de 2008. La decisión de no rescatar a los más pobres y los recortes de gasto social hizo quebrar el contrato social constitucional. No debería ser difícil comprender por qué fue en esos años cuando se comenzó a cuestionar abiertamente “el régimen del 78”. Y también cuando eclosionó el independentismo unilateralista catalán.

Si queremos renovar el contrato constitucional hay que fomentar la prosperidad inclusiva. Después del éxito en la aprobación de los Presupuestos, este es el nuevo reto de Pedro Sánchez. Ha demostrado olfato, coraje y cintura política para ampliar el perímetro de apoyos. Y tiene instrumentos: 1) Los fondos europeos permiten financiar acciones como: un fondo municipal para la pandemia; un fondo nacional para un compromiso público con el empleo; un Estado emprendedor en apoyo a las empresas, especialmente pymes; 2) La pandemia ha activado mecanismos constitucionales de cooperación y coordinación hasta ahora no utilizados: las Conferencias de Presidentes y las Sectoriales; 3) Reforma de la financiación autonómica; 4) Retorno del Estado al territorio, especialmente de los organismos reguladores de la economía, que son el equivalente de lo que fueron las empresas públicas en el siglo pasado.

Si recuperamos la prosperidad inclusiva, serán más fáciles los consensos políticos para reformar la Constitución en aquellos aspectos que lo requieran.