El dilema de la CNMV se acerca a su hora límite

El 26 de noviembre vence el primer mandato de Sebastián Albella como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la vicepresidenta, Ana Martínez-Pina. Aunque puede dilatarse un tiempo, se espera que en uno de los próximos Consejo de Ministros se decida si cumple el segundo mandato de cuatro años que permite la ley o si es relevado. Hay especulaciones. El reglamento de la CNMV dice que si no se renueva no podrá quedarse en funciones. Esto llevaría, si no se cambia mediante decreto-ley, a que el consejero más veterano asuma esas funciones y, como ocurrió la vez anterior en el relevo de Elvira Rodríguez, tomaría las riendas Juan Manuel Santos-Suárez, que fue viceconsejero de Hacienda de Esperanza Aguirre, lo que hace poco previsible que el Gobierno tarde en decidirse.

Nunca ha ocurrido en este organismo que un Ejecutivo mantenga a alguien nombrado por el anterior. Sin embargo, la evaluación del actual inquilino es positiva. Tiene a su favor que ha mostrado una exquisita equidistancia con unos (los que le nombraron) y otros (los que le tendrían que renovar) y, sobre todo, que se entiende muy bien con la vicepresidenta Nadia Calviño, de la que depende el nombramiento. Pero en La Moncloa han querido meter baza y se han barajado varios nombres, entre ellos los de alguna mujer. Otra cosa es que encuentren a alguien que mejore las prestaciones. En el entorno de Albella se asegura que aún no ha recibido ninguna señal de la vicepresidenta ni de nadie, aunque a él le gustaría completar su labor.

De perfil técnico, no tiene ninguna ambición política más allá de haber sido (y ser) presidente de un organismo del que fue el primer secretario general cuando se constituyó en 1988. Fue recibido muy bien por los agentes del mercado, pese a que su nombramiento acarreó cierta controversia por proceder de un despacho de abogados, Link Laters, que había tenido relaciones con muchas empresas y creaba conflicto de intereses que, como se ha visto, le obligaba a inhibirse. Pero lo ha resuelto sin disturbios.

Durante su etapa ha impulsado la transparencia y la presencia en la ESMA, el organismo que reúne a los supervisores europeos y del que es presidente. Asimismo, ha actualizado el Código Unificado del Buen Gobierno Corporativo y ha acelerado los plazos de emisión, aprobación de folletos y opas y, tras el Brexit, propició la apertura flexibilizando las normas para atraer a España firmas que salían de la City.

Aunque es verdad que no ha tenido ninguna patata caliente significativa, sí ha mostrado carácter en casos como el de Abertis y Banco Popular. En el primero, se enfrentó al Gobierno del PP porque este quería que los ofertantes tuvieran que pedir autorización al Gobierno y él mantenía que era cosa de la CNMV. Ganó. En el tema del Popular, aunque fuera una cuestión del Banco de España, tuvo que mojarse con los inversores. También evitó que el caso Dia se fuera de las manos. Ha pedido clarificar la normativa de las sicav y ha perdido algún pulso con el actual Gobierno, como el de la Tasa Tobin, de cuya implantación era contrario.

Entre otras facetas, Albella se ha caracterizado por querer explicar bien sus actuaciones a la prensa. En sus comparecencias se ha explayado. Lo último ha sido su compromiso a analizar y favorecer las distintas modalidades de salida a Bolsa, entre las que ha citado nuevas fórmulas como las SPAC (sociedades de adquisición de propósito especial), la nueva moda de salida a Bolsa, en línea con la conveniencia de hacer la economía española “más bursátil” para que haya más empresas cotizadas y sea, por tanto, más atractiva para los flujos de inversión internacionales.

Queda pendiente el viejo objetivo de ganar autonomía en materia de financiación, lo que redunda asimismo en el de personal. El objetivo se centra en mantener a los técnicos para que no emigren a esferas privadas. Mientras tanto, Albella espera la llamada de Calviño.

Hasta la fecha, de los siete anteriores presidentes de la CNMV solo el primero, Luis Carlos Croissier, al que le tocó implantar el modelo, ha cubierto los dos plazos de cuatro años. Su sustituto, Juan Fernández-Armesto, solo estuvo un mandato seguramente porque su integridad le impidió tragar con algunas imposiciones políticas. Armesto fue sustituido por Pilar Valiente, que no llegó a un año, salpicada por el caso Gescartera, del que luego saldría exculpada. El Gobierno del PP echó mano entonces de Blas Calzada, un veterano del mundo de la Bolsa que había participado en la redacción de los Pactos de la Moncloa. Hasta que el PSOE, de vuelta tras la victoria de Zapatero, le sustituyó por Manuel Conthe, que tuvo un mandato muy polémico que acabó con su dimisión tras las discrepancias al no abrir expediente sancionador a Enel y Acciona en la compra de acciones de Endesa. Le tocó pacificar la nave y recuperar la seriedad y el respeto a Julio Segura, quien completó el mandato de Conthe y los cuatro años siguientes. Le suplió Elvira Rodríguez, exministra del PP, que salió a los cuatro años por el acuerdo Luis de Guindos-Luis Garicano que aupó al cargo a Albella.