Oportunidad para la colaboración público-privada

El programa Next Generation EU (NGEU) está generando una enorme expectación política y empresarial. El impacto transformacional para la economía española de las inversiones que se realizarán al amparo de esta iniciativa es enorme. La apuesta de Europa para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria generada por la covid-19 supone una hoja de ruta para modernizar el tejido productivo de nuestro país y sentar las bases de un modelo económico y social mucho más sólido; todo ello a través de un ambicioso plan de inversiones que se materializará en los próximos meses con la financiación de proyectos enmarcados dentro de los cuatro pilares que se han erigido en los ejes prioritarios para su ejecución: transformación digital, transición ecológica, cohesión social y territorial e igualdad.

De acuerdo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), presentado recientemente por el Gobierno español, y alineado con las directrices marcadas por la Comisión Europea, las oportunidades para las empresas del sector de infraestructuras se derivan no solo de los fondos preasignados para la inversión en infraestructuras y ecosistemas resilientes, sino también de los preasignados a la agenda urbana y rural, transición energética y modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, que también pueden tener un efecto tractor relevante para el sector.

Si bien en algunos ámbitos se considera que el gran volumen de inversión que nuestro país llevó a cabo en las dos décadas anteriores a la crisis financiera nos ha dotado de un stock de infraestructuras comparable al de los países de nuestro entorno, se trata de una conclusión que solo es parcialmente cierta en lo relativo a determinadas infraestructuras de transporte de alta capacidad, pero que no se corresponde con la realidad en lo que se refiere a otro tipo de infraestructuras. En este sentido, en la década posterior a la crisis financiera, los volúmenes de inversión en infraestructuras cayeron dramáticamente hasta unos niveles que el propio Banco de España ha manifestado repetidamente que apenas permiten cubrir la amortización de nuestro stock.

Nuestro país presenta en la actualidad ratios de stock por habitante en infraestructuras relacionadas con el transporte y la movilidad, el abastecimiento y la depuración de aguas, el tratamiento de residuos y la infraestructura social muy inferiores a las de los principales países de nuestro entorno. Adicionalmente, llevamos casi 30 años incumpliendo la Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas y somos uno de los países de Europa con mayor porcentaje de residuos llevados a vertedero sin tratamiento previo.

En este contexto, el PRTR establece la colaboración público-privada como “principio director indispensable” para aumentar la capacidad de inversión y sacar el máximo partido del efecto multiplicador de las inversiones relacionadas con el programa, y apunta a un múltiplo de cuatro euros de financiación privada por cada euro de inversión pública relacionada con el programa NGEU.

Las Administraciones y las empresas del sector tienen que ser conscientes tanto de la importancia del programa como del escaso tiempo disponible para la ejecución de los proyectos, en un sector en el que el periodo medio desde que se planifica una gran infraestructura hasta que está disponible suele estar entre los siete y los diez años. Creemos que el sector privado está en condiciones de afrontar este enorme reto, pero para que esto suceda hacen falta dos condiciones previas indispensables.

Por un lado, adaptar los procedimientos de contratación pública y mejorar el marco legal de los mecanismos de colaboración público-privada (CPP) para dotarlos de mayor agilidad, estabilidad y seguridad jurídica.

A diferencia de otros mercados europeos, en el mercado español no existe aún una presencia muy relevante de inversores institucionales, excluyendo el mercado secundario, que generalmente no implica nueva inversión en infraestructuras. Este menor interés se explica, principalmente, por las incertidumbres que plantea nuestro ordenamiento jurídico y marco competencial, así como por la percepción de ciertas deficiencias en materia de CPP en España, tanto en la preparación de los contratos (tamaño de los proyectos, indefinición de riesgos) como en su licitación y adjudicación (rigidez del procedimiento), en su ejecución (necesidad de seguridad jurídica y de medios ágiles de resolución de controversias) y en su terminación (necesidad de determinar de manera clara las consecuencias jurídicas y económicas de la terminación anticipada).

El segundo requisito indispensable lo encontramos en la creación de las condiciones para hacer atractiva la colaboración privada en la inversión en infraestructuras, en especial eliminando las restricciones que establece el Real Decreto 55/2017, que desarrolla la Ley de Desindexación y que limita la rentabilidad del capital privado en este tipo de contratos CPP al rendimiento medio de la deuda del Estado a 10 años (actualmente, en mínimos históricos y por debajo del 0,2%) más 200 puntos básicos.

En este sentido, cualquier inversor racional sustenta sus decisiones de inversión considerando la rentabilidad y riesgos que ofrecen los proyectos de infraestructura con el contexto del conjunto de alternativas de inversión disponible. Esta es una cuestión fundamental de la teoría financiera, que establece una relación directa entre el riesgo asumido en una actividad y el retorno exigido por los inversores. El retorno exigido actualmente por los inversores para activos de infraestructuras en economías similares es claramente superior al establecido por la mencionada ley, y puede oscilar entre el 6% y el 7%, dependiendo de diversos factores.

Si se cumplen estos dos condicionantes previos, el sector privado estará en disposición de ayudar a cumplir con los ambiciosos objetivos del PRTR aprovechando la elevada liquidez que existe en los mercados financieros, consiguiendo el efecto multiplicador previsto y aumentando el impacto transformacional que el NGEU puede tener en la economía española.

Javier Parada es socio responsable global de Infraestructuras de Deloitte, y Enrique Gutiérrez es socio director de Financial Advisory de Deloitte y colíder del Centro Europeo para la Recuperación y Resiliencia de Deloitte.