En busca de unas reglas del juego para la inversión responsable

La inversión socialmente responsable (ISR) es aquella que no solamente considera la rentabilidad, sino también el impacto social o medioambiental. Este estilo de inversión todavía está dando sus primeros pasos, y en países como España la regulación para que las empresas y gestoras de fondos divulguen su actividad en ISR es muy escasa. No obstante, algunas autoridades como las europeas están desarrollando una normativa que puede estimular enormemente este mercado. 

El proceso requerirá un esfuerzo de adaptación, señala Javier Garayoa, director de Spainsif, asociación sin ánimo de lucro que promueve la inversión sostenible y responsable en España. "Pero, superado el momento inicial, el efecto será positivo, aportando la transparencia necesaria para que el mercado de la gestión de activos se desarrolle y consolide de forma rápida. El mercado ha evolucionado positivamente en estos últimos años y no creo que suponga una sacudida real, aunque, como en todo, habrá ganadores y perdedores", apunta.

El informe Guía global para una regulación de la inversión responsable, elaborado por la red de inversores PRI (Principios para una Inversión Responsable) y el proveedor de índices bursátiles MSCI, señala que en las 50 economías más grandes del mundo hay al menos 300 instrumentos que ayudan a los inversores a considerar los factores de valor a largo plazo. Entre ellos se encuentran los ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). Más de la mitad se crearon entre 2013 y 2016.

El estudio encuentra una fuerte correlación entre la regulación y una mejor gestión del riesgo ASG por parte de las empresas. Sin embargo, los inversores se muestran escépticos respecto a la eficacia de las políticas debido a las deficiencias en su diseño y seguimiento, y a las incoherencias entre los diferentes departamentos gubernamentales y reguladores. En conjunto, añade el documento, estos factores envían una señal a los inversores de que la sostenibilidad está separada del propósito principal de los mercados financieros.

Sin embargo, eso ha empezado a cambiar. La Comisión Europea presentó en marzo de 2018 el Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles, como parte de los esfuerzos de la Unión de Mercados de Capitales por potenciar el papel de las finanzas en construir una economía que permita alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima y de la agenda de la UE para el desarrollo sostenible. 

"Supone la creación de un marco regulatorio general en materia de finanzas sostenibles”, señala Garayoa. “No es posible alcanzar una estabilidad financiera a nivel europeo ni lograr la canalización de los ahorros globales hacia proyectos sostenibles si no se cuenta con un marco regulatorio común e idóneo en materia de sostenibilidad", añade. 

El grupo de expertos de la UE en finanzas sostenibles acaba de publicar tres informes en torno al plan, en concreto sobre la taxonomía (clasificación) de las actividades sostenibles, sobre los estándares para los bonos verdes (deuda emitida para financiar proyectos verdes) y sobre los parámetros climáticos de referencia.

Garayoa cree que hay que poner el foco "en los indicadores ambientales, relacionados con el cambio climático y la transición energética; continuando con los sociales y los de gobernanza. Los tres son importantes y están interrelacionados, de forma que la concreción de indicadores ha de contemplarlos de forma equilibrada".

Las medidas de Francia

Francia es un ejemplo a seguir en cuanto a regulación de la ISR, considera el experto. En julio de 2015, el Parlamento francés aprobó la Ley de Transición Energética por un Crecimiento Verde. Su objetivo es mejorar la autonomía energética de Francia, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y aportar instrumentos efectivos a todas las partes interesadas para estimular el crecimiento económico verde. El artículo 173 de la ley obliga a informar, entre otros temas, de las emisiones de carbono de las carteras de gestión, es decir, de la huella de carbono.

Además, Francia ha lanzado dos certificaciones, en forma de etiqueta, destinadas al mercado de fondos de inversión. La primera certifica fondos según criterios ambientales, la concede el Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Asuntos Marítimos y su validez se renueva de forma anual.

La segunda la otorga el Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de materializar los criterios ASG en los fondos de inversión. Ayuda a los inversores a reconocer a aquellos fondos con criterios ASG, lo que genera una mayor confianza y anima a los inversores a invertir en productos de ISR. La etiqueta se concede a fondos que cumplen ciertos estándares.

Otro país importante en unirse a esta tendencia es China, que en agosto de 2016 lanzó las Directrices para establecer el sistema financiero verde. En ellas, el gobernador del Banco Popular de China articula con claridad el vínculo entre las finanzas y el ASG, y comenta que "el establecimiento de un sistema financiero verde se ha convertido en una estrategia nacional".

¿Qué pasa en España?

"No creo equivocarme", dice Garayoa respecto al efecto en España. "Si afirmo que la futura regulación europea de las finanzas sostenibles, contando con el consenso de los grupos de interés, va a permitir posicionarnos, de forma rápida, en volúmenes y en calidad similares a los países punteros de nuestro entorno en materia de sostenibilidad", prosigue.

El esfuerzo de adaptación a los requerimientos del futuro marco regulatorio, añade, saldrá a cuenta. "La sostenibilidad ha de ser un atributo inherente a la actividad financiera y, a este respecto, un marco regulatorio único supone una aportación de valor indudable", razona.

A la progresiva implantación de los criterios ISR en la sociedad contribuyen también instituciones sin ánimo de lucro, como Fundación MAPFRE, que promueve acciones de concienciación a través de su página web, y participa en foros relacionados con este tema.

Esta noticia, patrocinada por Fundación Mapfre, ha sido elaborada por un colaborador de EL PAÍS.