Las llamadas entre países de la UE no podrán costar más de 19 céntimos el minuto

Con la abolición del roaming en 2017, los consumidores europeos dejaron de pagar los gastos extra que les imponían sus compañías por itinerancia dentro de la UE. Sin embargo, las compañías siguen aplicando tarifas muy elevadas por hacer llamadas internacionales desde su país. Por ejemplo, una llamada desde un móvil con una SIM española a otro con una SIM belga desde España puede costar unos 60 céntimos por minuto. Al revés, 1,5 euros.

La UE ha decidido poner un techo a ese precio: a partir de mayo de 2019, solo podrán cobrar un máximo de 19 céntimos por minuto. La medida suscitó quejas de grandes operadores, que alegaban que la existencia de aplicaciones como Whatsapp habían introducido suficiente competencia en el sector. La Comisión Europea, de hecho, no incorporó ese precepto en su propuesta. Sin embargo, el Parlamento Europeo sí lo hizo y consiguió el acuerdo con el resto de instituciones comunitarias. El código ha sido aprobado por 590 votos a favor, 63 en contra y 23 abstenciones.

La eurodiputada del Partido Popular y ponente del código, Pilar del Castillo, ha explicado que de las medidas de las que podrá beneficiarse el consumidor es el llamado “112 reverso”. “En caso de catástrofes o incidentes graves como un atentado, el ciudadano debe ser localizado por los servicios del 112 para saber si se halla bien y darle toda la información necesaria para poder salir de la situación en la que está”, ha afirmado.

La organización europea de consumidores BEUC ha aplaudido esas medidas aprobadas por el Parlamento Europeo tras culminar las negociaciones preceptivas con el Consejo y la Comisión. “Estamos muy contentos con esta nueva regulación. Gracias a esta medida, a partir de mayo de 2019 los consumidores podrán pagar menos en la mayoría de los casos cuando llamen de su país a otro”, ha asegurado la organización.

Según un estudio de BEUC, en el caso de España, hasta ahora, el establecimiento de llamada costaba entre 18 y 60 céntimos y luego se abonaban entre 36 y 79 céntimos por minuto. En algunos casos, los precios llegaban a los 1,5 euros (Bélgica) e incluso a los 1,99 euros (Alemania).

Desarrollo de nuevas infraestructuras

El código, sin embargo, va más allá de esta medida. Del Castillo recuerda que se trata de la primera revisión de la normativa europea desde 2009. “Desde entonces, el sector ha cambiado drásticamente. Todos los sectores económicos, desde la salud a la banca, necesitan redes de más capacidad y velocidad. Y afrontamos el desafío del 5G”, ha apuntado la diputada. El marco institucional, según Del Castillo, trata de crear un “entorno de predictibilidad” para que las compañías puedan afrontar esas inversiones de hasta 600.000 millones de euros que deberán realizar entre seis y ocho años. El 90% de ese desembolso, según la Comisión, procederá de fondos privados. El resto podrá ser financiado con dinero público, incluyendo fondos estructurales.

Entre otros cambios, se introduce el modelo de coinversión, que ha generado un gran debate. La normativa trata de que los reguladores nacionales no apliquen al operador dominante las obligaciones de acceso a las que estaba sujeto en las redes de muy alta capacidad en las que hayan invertido junto a otros operadores. Esa excepción está sujeta a que los inversores que desarrollen esa red compitan entre sí de forma transparente y permitan el acceso a otros operadores que hagan un desembolso en esa infraestructura.

Otro aspecto que regula el código es la gestión del espacio radioeléctrico. Del Castillo ha sostenido que, al tratarse de un bien nacional, los países miembros habían sido siempre “muy reticentes” a abordar una mayor coordinación en ese ámbito. “En otras ocasiones, de hecho, no fue posible hacerlo. Pero la perspectiva del 5G ha permitido cambiar esa disposición”, ha afirmado. Entre otras cuestiones, el código fija que las licencias de uso del espectro en toda la UE tendrán una vigencia  mínima de 20 años y que las condiciones de esos contratos solo se podrán modificar con procedimientos preestablecidos, transparentes y asegurando compensaciones. Además, todos los Estados deberán haber liberado y permitido el uso de las bandas 5G antes de 2020.