Aire acondicionado, ¿un objeto de lujo?

Si hace 15 o 20 años la mayor parte de la población posiblemente consideraría que disponer de aire acondicionado en su vivienda era un lujo, el progreso de la sociedad, la evolución tecnológica y los nuevos hábitos de vida han hecho que, hoy, la mayoría de los ciudadanos considere el aire acondicionado un elemento imprescindible para el adecuado confort de sus viviendas.

Sin embargo, en los últimos años se ha venido poniendo especial énfasis en que los continuos incrementos en el precio de la energía eléctrica han provocado que los usuarios no pudiesen utilizar los equipos a causa de la pobreza energética.

Pues bien, cuando la tan cacareada “recuperación económica” parece haber alejado el fantasma de la pobreza energética de muchos hogares, un nuevo elemento viene a provocar que el aire acondicionado pueda llegar a convertirse nuevamente en un artículo de lujo. Nos referimos a los desmesurados incrementos de precio que se han producido en los gases refrigerantes en los últimos años y, de manera desorbitada, en este 2018.

En el año 2014, el Gobierno puso en marcha un nuevo tributo “impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero” que ha venido a gravar la mayor parte de los gases refrigerantes utilizados habitualmente en los equipos de climatización o refrigeración.

Si bien se previó una aplicación progresiva a lo largo de tres años, y pese a una breve moratoria provocada por la crisis económica, desde 2017 el impuesto se aplica de manera plena, lo que ha motivado un incremento del precio el gas que, en ocasiones, ha superado el 50% de su precio base.

A esta situación, se ha venido a sumar una nueva circunstancia, derivada en este caso de la aplicación de una normativa medioambiental europea, por la que, de manera progresiva, se está restringiendo el uso de los gases más habituales utilizados en los equipos de climatización y refrigeración.

Durante este año se ha producido una reducción del 30% de las cuotas de puesta en mercado de los gases más habituales, y dicha circunstancia se irá agravando progresivamente en los próximos años.

Por otra parte, la vigente normativa española mantiene importantes trabas a la utilización de los nuevos gases -más respetuosos con el medio ambiente- que vienen a reemplazar aquellos.

Este conjunto de circunstancias ha venido a provocar la “tormenta perfecta”, de manera que el gas más habitual en los equipos de climatización domésticos (R-410A) ha incrementado su precio, en algunos casos, hasta multiplicar por cuatro o por ocho su valor de hace apenas dos años. ¿Las causas? Su creciente escasez y no ser fácilmente sustituible por gases alternativos como el R-32 – al menos hasta que se apruebe la modificación del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF), que no se prevé antes de final de año o principios del próximo y cuyo borrador contempla como fecha de entrada en vigor julio de 2019 –.

Por todo ello, hace meses que desde Agremia venimos reclamando a la Administración que agilice los trámites para que sea posible la utilización de equipos basados en nuevos gases como el R-32, ya que son mucho más respetuosos con el medio ambiente y tienen un precio muy inferior.

Entre tanto, para aquel que tenga que instalar un nuevo equipo o reparar su actual instalación, el aire acondicionado seguirá siendo un artículo de lujo.

Miguel Ángel Sagredo, asesor jurídico de Agremia (Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía)