España presiona a la UE para no perder ayudas agrarias y de cohesión

El presupuesto de la UE asciende a 155.000 millones de euros al año; apenas un 1% del PIB. Dos tercios se van en agricultura y cohesión, y apenas hay flexibilidad cuando vienen crisis inesperadas, una constante desde hace 10 años. La perturbadora salida de Reino Unido, uno de los grandes contribuyentes, restará 12.000 millones anuales. La Gran Recesión ha dejado en evidencia las carencias del euro, y las crisis asociadas (desafíos migratorio y de seguridad) obligan a dar un salto para tener capacidad de reacción. Por todo ello, las negociaciones de los presupuestos 2021-2027 serán de aúpa: a los países ricos les cuesta rascarse el bolsillo; los beneficiarios de fondos pretenden no perder un solo euro. España es un perro verde. No es claramente ni lo uno ni lo otro, lo que le convierte en una especie de bisagra. Pero de momento el Ejecutivo está a la defensiva: el objetivo es limitar al máximo la pérdida de fondos europeos y de ayudas a la agricultura.

Bruselas presentará en mayo una propuesta para hacer de los presupuestos un instrumento con mayor tracción política. Berlín y París, pese a sus diferencias, están en esa línea. Francia aboga por modernizar la política agraria, pese a que ese sector se defiende con uñas y dientes. Y el eje franco-alemán apuesta por reformar la política de cohesión en busca de una suerte de utopía perdida: la vuelta de la convergencia a la UE. Berlín y París quieren vincular los fondos a la aprobación de reformas y a evitar una politización de la justicia que es casi la norma en algunos socios. Amagan con ligar los fondos a que los beneficiarios acojan refugiados, pese al rechazo del Este. París propone armonizar el impuesto de sociedades si los países quieren recibir fondos, y ha logrado que Berlín esté cerca de aceptar que el euro necesita un presupuesto anticrisis.

España pasa de puntillas por esos asuntos, aunque las fuentes consultadas subrayan que es favorable a elevar su aportación, lo que le convertiría en contribuyente neto por primera vez en su historia. La Posición española ante el marco financiero multianual posterior a 2020 deja abierta esa opción y ofrece la visión del Gobierno en las grandes agendas.

Agricultura. Frente a la más que posible reducción de ayudas agrícolas y de la cohesión para dar más fondos a las políticas de seguridad, defensa e inmigración, España defiende que la PAC siga siendo “un instrumento central”; rechaza la cofinanciación (“causaría serias disrupciones”) y apoya mejorar su eficiencia con criterios que le benefician: vinculando las ayudas al cambio climático y la lucha contra la desertificación y la despoblación del medio rural.

Cohesión. Madrid denuncia que las divergencias Norte-Sur son “una fuente de tensiones”. Pero no acepta grandes cambios: defiende seguir ligando los fondos al desempleo. Propone que pesen más variables que pueden beneficiar a algunas regiones, como las tendencias demográficas y la política contra el cambio climático. Y apunta que una parte de los fondos debe depender de la capacidad de absorción, que es mayor en España que en otros países.

Crecimiento y empleo. El Gobierno aboga por reforzar esas políticas y pone énfasis en todo lo que le beneficia: quiere dinero “para infraestructuras energéticas” (la interconexión con Francia) y en I+D y educación, con la vista puesta en el paro juvenil.

Seguridad y defensa. España propone que la cofinanciación (lo que cada país pone para que lleguen fondos de la UE) sea “tan baja como sea posible” para reflejar que ese capítulo es “una prioridad”. En cuanto a la inmigración, barre para casa: más que vincular los fondos a la recepción de refugiados (capítulo en el que España no destaca precisamente), apuesta por ligar las ayudas a la integración de los inmigrantes, donde cosecha mejores resultados.

No a los cheques. El Gobierno apuesta por suprimir todos los cheques aprovechando la salida de Reino Unido, en aras de “una mayor transparencia”. Bruselas ha propuesto combinar las actuales fuentes de ingresos (transferencias a la UE en función de la riqueza de cada país) con nuevos recursos propios: impuestos europeos sobre el plástico, las emisiones o las transacciones financieras. España pide cautela: “Hay que extremar el cuidado” con esos tributos para evitar “distorsiones en el mercado común”.

Veredicto de Bruselas. “La apuesta española es un qué hay de lo mío, sin referencias a la idea del presupuesto anticrisis del euro, por ejemplo, y sin entrar en la condicionalidad de los fondos. España quiere seguir más o menos igual, con más énfasis en criterios que le benefician”, juzgan fuentes europeas. “El lenguaje del documento parece favorable a aportar más recursos, tanto por el Brexit como por el nuevo acento en las políticas de seguridad e inmigración”, añade la misma fuente.