Una serpiente de verano con mucho veneno

Como era de esperar el pasado miércoles en la sesión inaugural de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera y el Programa de Asistencia Financiera (se llama así) del Congreso de los Diputados que protagonizó el gobernador del Banco de España, Luis Linde, se filtró como tema estrella la intervención y venta del Banco Popular. No era para menos. El asunto del Popular es, por ahora, el último eslabón de la crisis, que por lo que sospecha todavía no ha terminado. Y aunque no es una de esas serpientes de verano que suelen aparecer por estas fechas ante la falta de noticias relevantes, sí se ha convertido en algo recurrente y no precisamente por su falta de interés.

La resolución de liquidarlo dejó a más de 300.000 accionistas a los pies de los caballos. Han formado grupos de afectados y desde los más grandes (el chileno Andrónico Luksic, la familia mexicana Del Valle, el empresario Félix Revuelta, la Sindicatura de Accionistas, ligada al Opus Dei…) hasta los más pequeños se han organizado para canalizar sus protestas y preparar acciones judiciales.

Los despachos de abogados han encontrado el caldo de cultivo pintiparado para hacer su agosto (y nunca mejor dicho) y disparar a todo lo que se mueve. Es decir, el Mecanismo Único de Resolución (MUR), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España, los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, el Banco Santander, la auditora PwC y hasta el ministro de Economía, Luis de Guindos.

La medida del Santander no va frenar las actuaciones legales de los accionistas más veteranos

Por si acaso, el Banco Santander se ha movido. Probablemente la decisión del grupo que preside Ana Patricia Botín ha frenado muchas de las iniciativas. Es verdad, como aseguran muchos de los afectados, que el banco intenta comprar la confianza, lo que no deja de ser un reconocimiento de las malas prácticas de gobernanza realizadas en los últimos años. También suena como una huida hacia adelante y a una forma de aplazar un problema que puede afectar a la estabilidad del sistema bancario. Pero la actuación del Santander entra en la lógica y busca la compensación de los más vulnerables, que recibirán la práctica totalidad de la inversión (el 99% de los inversores).

La medida, no obstante, afecta solo a una tercera parte de los accionistas que tenía el Popular cuando fue intervenido. No está nada mal, pero no están todos los que son. Es decir, aparte de que muchos inversores que están entre los beneficiados continuarán sus acciones legales, no va a frenar las actuaciones judiciales de los accionistas más veteranos.

En ese sentido, hay accionistas que han solicitado información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Es el caso del magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, que ha enviado un requerimiento, firmado también por Abel García Cabrero. La petición se basa en el principio de transparencia y en la Ley del Mercado de Valores (LMV) en su orientación de “protección al inversor, la estabilidad, eficiencia y buen funcionamiento de los mercados financieros”. Los dos firmantes son poseedores de 6.875 y 38.437 acciones (23.000 corresponden a la ampliación), respectivamente, y están respaldados por el bufete Lifeabogados, con el que colabora Pallín.

El magistrado emérito Martín Pallín lanza una batería de preguntas a la CNMV para basar su demanda

El escrito arroja una batería de preguntas que ponen el dedo en la llaga. Parte de si la CNMV “conoce o ha tenido conocimiento de la existencia de algún acuerdo social en virtud del cual se haya producido el traspaso de los activos del Popular al Santander por el precio de un euro, en qué condiciones y quiénes han participado o cómo se ha plasmado”. Asimismo, se pregunta si la CNMV permaneció “al margen e impasible ante el hundimiento de un banco cotizado” y pide que facilite “en qué términos y con qué amplitud ha llegado a conocer esta entrega sin condiciones del Popular al Santander”.

Además, requieren si la CNMV conocía la situación financiera y de solvencia del Popular y desde qué fecha; si adoptó alguna medida ante el desplome bursátil; si son veraces los datos sobre operaciones a corto y hasta qué fecha las permitió; si es cierto que los inversores bajistas llegaron a manejar el 12% del banco y, si es así, qué medidas se adoptaron; si eran conscientes del efecto dominó en el sistema bancario; si han solicitado información sobre los términos del acuerdo a los bancos; si han recabado información sobre la decisión del MUR tras la reunión con la cúpula del Popular en la que Saracho pidió liquidez extra y si era a corto plazo por qué no se solicitó una inyección de liquidez para mitigar el problema; si considera la CNMV que el reglamento del MUR le autoriza a la transmisión de la entidad bancaria con carácter obligatorio; si el Banco de España informó a la CNMV sobre la retirada de depósitos por Comunidades Autónomas y Seguridad Social. Asimismo, solicita información sobre comunicaciones, informes, dictámenes, recomendaciones, actas informativas o cualquier otro documento suscrito, remitido o intercambiado entre la CNMV y el Banco de España y/o el BCE.