Bruselas no hará público el informe de Deloitte sobre la crisis del Popular

El informe de Deloitte es una pieza central en el caso Popular. Lo encargó a finales de mayo la Junta de Resolución para tener una evaluación de los activos y pasivos de la entidad. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), brazo ejecutor de la JUR y dependiente del Ministerio de Economía, publicó que se hicieron en aquel informe dos valoraciones del Popular: “En el escenario central es de 2.000 millones negativos y en el más estresado de 8.200 millones negativos”.

Este organismo no hizo mención a una tercera valoración, que estaba cerca de 1.300 millones positivos, en un escenario optimista, una cifra similar a su valoración en Bolsa, como adelantó Vozpópuli. El ministro Luis de Guindos solicitó a la Junta Única de Resolución, en el Congreso de los Diputados, que hiciera público ese documento, que puede ser clave para los litigios de los accionistas y bonistas que lo perdieron todo en la operación. La presidenta de la institución, alemana Elke König, descartó este martes su publicación alegando que contiene “información confidencial”. Afirmó, que además de la valoración de Deloitte, “la JUR llevó a cabo una evaluación provisional”, que tampoco ha visto la luz.

A cambio, König y su equipo publicaron este martes la versión no confidencial de la resolución del Popular, un extenso informa de 28 páginas que contiene un análisis pormenorizado del caso, pero en el que están censuradas las partes más jugosas. La institución da cuenta de las “significativas fugas de depósitos” en las semanas previas al cierre de la entidad por la catarata de noticias negativas que afectaron al Popular. Pero asegura que, a pesar de esas fulminantes salidas de capital, la noche de autos el banco “tenía opciones insuficientes de restaurar su posición de liquidez”. El BCE, según ese documento, no se opuso a abrir las líneas de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés). Pero esa liquidez de emergencia fue insuficiente para evitar el cierre y venta del Popular.

“El 5 de junio, el consejo de gobierno del BCE, basado en la petición del Banco de España, no objetó el acceso a las líneas de liquidez de emergencia”. El documento no detalla el importe del ELA recibido. Pero sí deja claro que “el banco central no estaba en posición de proporcionar más fondos de emergencia” al Popular para corregir la posición de liquidez. Fuentes del banco central apuntan que el Popular no preparó a tiempo la documentación necesaria para obtener esa liquidez, que podía haber prolongado la vida de la entidad para tratar de buscar otra salida. El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, declaró hace semanas, que el Popular tenía más activos para obtener efectivo, pero no los llevó al supervisor “y solo se le dio liquidez sobre lo que presentó”.

Las palabras del subgobernador parecieron un desmentido a una información previa del equipo directivo del Popular, bajo la presidencia de Emilio Saracho, que sugirió que presentó al supervisor garantías por unos 40.000 millones pero solo se le concedió liquidez por 3.800 millones dos días antes de la liquidación.

Los documentos explican que hubo “dos entidades” que el 4 de junio presentaron ofertas de compra no vinculantes: Santander y BBVA, aunque la documentación no cita al banco que preside Francisco González. “El 7 de junio solo se recibió una oferta definitiva”, la del Santander. La Junta de Resolución ordenó al FROB la cancelación de las acciones y de la deuda de mayor riesgo. El Santander se hizo con el Popular por un solo euro, limpio de esas acciones y bonos, lo que supone que los títulos, valorados en 1.300 millones se los pusieron a cero, y se le condonó 2.000 millones en bonos, que pasaron al capital.

La JUR subraya “la cobertura negativa en la prensa”, que según la institución precipitó el cierre.

La Comisión abre la puerta a las demandas a la Corte europea

La Comisión Europea se alinea con España ante los posibles litigios de los accionistas y bonistas que perdieron su inversión con el cierre del Popular. El vicepresidente comunitario, Valdis Dombrovskis, apuntó este martes tras el Ecofin —la reunión de ministros de Finanzas de la Unión— la misma tesis que planteó el ministro Luis de Guindos el pasado lunes. “Desde un punto de vista legal, las decisiones de resolución son actos de la UE y pueden ser impugnadas dentro del marco de los Tratados de la UE, y en este caso sería el Tribunal de Justicia de la UE el que tendría que decidir sobre esas impugnaciones”. Otras instituciones europeas, sin embargo, cree que los inversores pueden ir tanto contra sus decisiones como contra el FROB (el fondo de rescate español, que las aplicó) y contra el equipo directivo del Popular.

Guindos reiteró este martes que el contribuyente español no tendrá que pagar nada por esa crisis bancaria. Aunque eso está en manos de los jueces: si los inversores demandan al FROB, el Estado tendrá que hacer frente a una parte de las indemnizaciones.

Por otro lado, un grupo de grandes inversores en bonos del Popular afectados por su venta pidió a la Eurocámara que interrogue a la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, sobre su actuación antes y después de ordenar la resolución de la entidad, informa Efe. La misiva fue enviada por el bufete de abogados londinense Quinn Emmanuel, que representa a los fondos PIMCO (el mayor fondo de inversión de renta fija del mundo), Anchorage, Algebris y Ronit Capital, quienes tenían 850 millones en bonos.

König admitió este martes que espera movimiento en los juzgados ante la Eurocámara, pero defendió la resolución del Popular y su venta al Santander.