El Supremo avala que las ‘telecos’ financien TVE

El Tribunal Supremo avala el modelo de financiación de RTVE, que incluye la recaudación de tasas a las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado los recursos interpuestos por la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel), DTS, Telefónica de España, Cable Europa, SAU y Tenaria contra real decreto que desarrollaba la ley de financiación de la radio y televisión estatal, aprobada en 2009.

La sentencia del Supremo va en la línea de que hace un año dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que confirmó la validez del régimen de financiación de RTVE al estima que imponer tasas a los operadores de telecomunicaciones y a las televisiones privadas para financiar RTVE no incumple la legislación comunitaria. El tribunal europeo dejó claro entonces que el nuevo modelo de financiación no podría ser considerado como ayudas de Estado.

Como consecuencia de la retirada total de la publicidad en TVE, el Gobierno socialista obligó a los cadenas privadas de televisión a aportar cada año un 3% de los ingresos brutos (un 1,5% en el caso  las emisoras de pago) mientras que los operadores de telecomunicaciones debían destinar a RTVE el 0,9%.

Esta norma afectaba solo a las empresas que ofrecieran servicios audiovisuales -y que, por tanto, se beneficiaran del fin de los anuncios en TVE- y a aquellas con una cobertura superior a una comunidad autónomas.

Las operadoras solicitaron al Supremo la nulidad total del real decreto y de todos los artículos de la ley  que  regulan las aportaciones de  los operadores de televisión y telecomunicaciones a RTVE. Consideraban que esta normativa iba contra la Constitución y contra la normativa europea.

La Sala Tercera rechaza que dicha aportación vulnere del principio de capacidad económica y de igualdad en materia tributaria establecido en la Constitución. Destaca que la decisión hacer recaer la aportación sobre los operadores de telecomunicaciones que prestan los principales servicios minoristas de telecomunicación que reciben los hogares –telefonía, fija y móvil  y acceso a Internet- siempre que además presten servicios audiovisuales o de cualquier otro tipo que incluyan algún tipo de publicidad, “no puede ser calificada como irracional o desproporcionada, si el objetivo es gravar los ingresos obtenidos en fase minorista de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, en sintonía con otros países de nuestro entorno”.

La sentencia explica que la aportación no tiene naturaleza tributaria de tasa, sino de impuesto, y que no recae sobre todos los operadores de telecomunicaciones inscritos en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones porque excluye a aquellos cuyo ámbito geográfico de actuación no sea superior al de una comunidad autónoma.

El Supremo entiende que la aportación impuesta a las telecos no es discriminatoria ni va contra la normativa comunitaria por el hecho de que se excluya del pago a los operadores que solo prestan servicios en una comunidad autónoma y ser la mayoría nacionales de España.

Tampoco ve el Alto Tribunal que existieran defectos de forma sobre la tramitación del real decreto.

La sentencia incluye un voto particular discrepante firmado por tres magistrados en el que expresan la necesidad de haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ya que la ley de financiación de RTVE podía ser contraria al principio de capacidad económica reconocida en la Constitución.

En 2010, el primer año completo en el que se aplicó la nueva ley, RTVE recaudó de las operadoras de telecomunicaciones 180 millones de euros y las televisiones le ingresaron 90 millones. La crisis económica ha ido mermando las cifras. En 2013, las primeras contribuyeron con 113 millones y las segundas aportaron 55.

Como consecuencia de la reforma, RTVE dejó de ingresar casi 500 millones de euros del mercado publicitario. La mayor parte de la recaudación fue a parar a las televisiones privadas.

Además de los ingresos procedentes de las aportaciones de las televisiones privadas y de los operadores de telecomunicaciones, RTVE recibe del Estado una aportación directa de 342 millones y otros 380 millones procedentes de la tasa radioléctrica que pagan las empresas del sector.