La Defensora del Pueblo exige a Báñez gastar en formación todo lo recaudado para ese fin

Soledad Becerril asume los argumentos de los agentes sociales en su disputa con el Ministerio de Empleo

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Congreso de los Diputados
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Congreso de los DiputadosUly Martín

La batalla que enfrenta al Ministerio de Empleo con patronales y sindicatos por el destino de los fondos de formación se inclina del lado de los segundos por el momento. La Defensora del Pueblo, uno de los escenarios donde dirimen las diferencias, ha exigido al departamento que dirige Fátima Báñez que gaste todo el dinero que recauda cada año para formación precisamente en eso, en formación. Lo hace en un escrito de cuatro páginas fechado el 29 de mayo al que ha tenido acceso este diario que concluye con dos recomendaciones claras en ese sentido.

A petición de la patronal catalana Cecot, la Defensora del Pueblo pidió al Ministerio de Empleo a finales del año pasado que le aclarara dónde había gastado el dinero que había recaudado para formación (un 0,7% sobre la base de cotización de cada afiliado a la Seguridad Social) en los últimos años. En su respuesta, el Ministerio de Empleo vino a admitir, aunque sin hacerlo abiertamente, que parte de lo ingresado para formar a los trabajadores no se había gastado en eso. Y lo justificaba diciendo que la ley presupuestaria permitía hacerlo hasta 2015.

Los agentes sociales discrepaban abiertamente de esta interpretación de la norma. Para ello, esgrimían sentencias del Tribunal Constitucional e informes del Tribunal de Cuentas que defienden que el dinero de formación debe tener un uso “finalista”, es decir, debe emplearse exclusivamente en aquello para lo que se ha recaudado y no puede gastarse en otro destino.

Adaptar la norma

Y a esta interpretación se suma la Defensora del Pueblo en varias de sus consideraciones. Basa sus conclusiones, como patronales (Cecot) y sindicatos (CC OO), en alguna sentencia del Tribunal Constitucional, una de 1989, y varios informes del Tribunal de Cuentas (2012 y 2014). Además, apunta que desde 2007, año en que un decreto ya contemplaba que todo el dinero de formación debía destinarse a ese fin, “lo pertinente hubiera sido” adaptar la norma para ajustarse a las sentencias y criterios de los tribunales.

Porque este cambio para intentar la adaptación no llegó hasta 2015. Con la reforma de formación que entró en vigor ese año, se abrió la puerta a que si sobraba dinero un año, se presupuestara y se gastara en el siguiente. Empleo ha tratado de resaltar esta novedad en la batalla. Pero también aquí la Defensora ha rebatido su criterio. El Servicio Público de Empleo argumentaba que gastar el sobrante era facultad suya. Becerril concluye que no, que es “obligatorio”.

Esto implica que si Empleo sigue el criterio de la obligatoriedad, en 2015 se dejó dinero por gastar, puesto que según sus propios cálculos le sobraron 240 millones y solo reanualizó 33 millones. Y este año debería desembolsar además 552 millones que quedaron de remanente en 2016.

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