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Gas Natural presenta la demanda contra Colombia por la intervención de su filial Electricaribe

La empresa denuncia, entre otros aspectos, que se ha producido "hostigamiento sobre un inversor internacional"

Interior de la sede de Gas Natural Fenosa.
Interior de la sede de Gas Natural Fenosa.

Gas Natural Fenosa ha presentado ya la demanda contra el Estado de Colombia por la intervención de su filial en el país Electricaribe ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI). Previamente se lo ha notificado, como ordena el reglamento, al Gobierno colombiano. La demanda reclama que se le "devuelva un marco regulatorio viable" o que, en su defecto, se le compense con unos 1.000 millones de dólares. Al final, el grupo que preside Isidro Fainé ha preferido reclamar ante este organismo, frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial, y al que también podría haber acudido.

La empresa, que mientras tanto trata de resolver el conflicto por la vía amistosa con Colombia, protesta en su reclamación contra "la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización" y por el "hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio", entre otros aspectos, como la "ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica", según ha comunicado la compañía. 

Gas Natural Fenosa ha iniciado el procedimiento arbitral internacional alegando que la medida de liquidación adoptada por Colombia es "contraria al espíritu de comercialización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia", conforme al Acuerdo de Libre Comercio, e "impacta negativamente" en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional.

Electricaribe, que ha permanecido intervenida por el Ejecutivo de Juan Manuel Santos desde el pasado 15 de noviembre, sufría problemas de tesorería que le impedían hacer inversiones para mantener la red eléctrica, provocados por los impagos generalizados de facturas y por un elevado volumen de fraude en el consumo, con enganches ilegales a la red.

El Gobierno de Santos ha negado que se trate de una “expropiación”, y ha justificado la liquidación por la “insolvencia financiera” de la compañía para acometer las inversiones necesarias que aseguren el suministro a diez millones de ciudadanos, que sufren cortes y mala calidad del servicio.

La Administración colombiana estima que la deuda total que arrastra Electrocaribe se eleva a 1.300 millones de euros, de los que 550 millones serían deuda financiera. Por su parte, la compañía que preside Isidro Fainé afirma que la principal causa de los problemas de caja de su filial han sido los impagos y que, de no ser por esa morosidad consentida y amparada por las autoridades locales y estatales, la compañía estaría financieramente saneada y su deuda con los bancos dentro de los límites normales.

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