El Gobierno cree que la sentencia del Supremo sobre el bono social es inconstitucional

El Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca del mecanismo de financiación del bono social anulado a finales del año pasado por el Tribunal Supremo, indicaron fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En el recurso de amparo ante el Constitucional, que se presentó el pasado 2 de febrero, el Gobierno argumenta que el Supremo interpretó una directiva comunitaria sobre política energética, para lo que el tribunal no tiene potestad, ya que su función se restringe a la valoración de la legislación nacional.

El Gobierno también considera que el Supremo incurrió en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber planteado precisamente la cuestión prejudicial ante el TJUE que ahora el Ejecutivo solicita al Constitucional. El departamento que dirige Álvaro Nadal considera necesario que se consulte al Tribunal de Luxemburgo después de que una sentencia del TJUE del pasado 7 de septiembre avalase la traslación al sector eléctrico de unas ayudas en Francia vinculadas con la tarifa de gas.

Tras la sentencia del Supremo, el Gobierno impulsó junto al PSOE y Ciudadanos un real decreto ley sobre pobreza energética en el que se incluye un nuevo mecanismo de financiación del bono social en el que se carga el coste de esta ayuda sobre las comercializadoras.

Sin embargo, la sentencia del Supremo también obliga a indemnizar con cerca de 500 millones de euros a las principales eléctricas por haber costeado el bono social de la luz en los últimos años. La ejecución de esta indemnización depende ahora de la decisión del Constitucional. El recurso puede permitir al Gobierno ganar tiempo y postergar el pago a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España de estos cerca de 500 millones.

El dinero de la indemnización, si el Constitucional mantiene el criterio del Supremo, habrá de cargarse sobre la tarifa eléctrica o sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta segunda opción es menos probable, a la vista del acuerdo de no disponibilidad de gasto aprobado por el Consejo de Ministros, por importe cercano a los 5.500 millones.

Petición del Defensor del Pueblo

El ministerio, precisamente, ve factible que se apliquen criterios de renta en el bono social, como pide el Defensor del Pueblo en su memoria de 2016. Dicha medida formará parte, previsiblemente, del reglamento que desarrollará el bono social y que en estos momentos está negociando el ministerio con los grupos parlamentarios. A este respecto, desde Energía destacan que han recibido ya las propuestas del PSOE, Ciudadanos y Podemos y que existe un gran consenso en este aspecto.

Sin embargo, el departamento no es partidario de bajar la parte fija de la tarifa eléctrica, como pide el defensor del Pueblo, ya que dicha decisión supondría generar déficit tarifario. Según fuentes del departamento que dirige Álvaro Nadal, otra manera de atender dicha petición sería dejar de invertir en redes de transporte o de subvencionar los sistemas extrapeninsulares. La parte fija del recibo cubre apenas el 60% de todos los costes fijos del sistema, que ascienden a unos 19.000 millones de euros anuales.

La institución dirigida por Soledad Becerril critica que la elevada parte fija del recibo eléctrico, que corresponde a los costes regulados del sistema, se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar unos mínimos muy elevados, lo cual afecta sobre todo a los hogares en los que no se registra consumo durante la mayor parte del año

Asimismo, recuerda que en 2014 se recomendó a la Secretaría de Estado de Energía revisar la distribución del concepto fijo y variable de la factura eléctrica porque su actual configuración no incentiva el ahorro y se está a la espera de que dicha secretaría comunique si finalmente acepta la recomendación.

En materia eléctrica, el Defensor pide también que se permita solicitar cambios de potencia contratada más de una vez cada 12 meses, algo que también se rechaza desde Energía. En este caso, el rechazo se produce porque dicha medida permitiría a consumidores con fuerte carácter estacional evitar el pago de una parte muy importante del coste fijo del sistema por un sistema que tienen instalado durante todo el año, lo que repercutiría en el resto de consumidores.