Las 8.000 pesetas que alumbraron el Pacto de Toledo

“Si usted aplica la reforma fiscal que ha prometido, ingresará 800.000 millones de pesetas menos. Eso significa 8.000 pesetas menos para cada pensionista”. Estas dos frases fueron uno de los golpes que Felipe González lanzó contra José María Aznar en el segundo debate de la campaña electoral de 1993, el que ganó y con el que dio la vuelta a unas elecciones que parecía tener perdidas a la luz de las encuestas. Las pensiones como arma electoral.

En la legislatura siguiente, todavía con González al mando, se alcanzó el Pacto de Toledo. “Era el intento de sacar las pensiones del debate partidista y dar soluciones a la situación de la Seguridad Social [en plena crisis de los noventa]”, apunta Isabel López i Chamosa, exdiputada socialista por el PSC, que formó parte entre 1996 y 2015 de la comisión parlamentaria que tomó su nombre. Este foro tomó ese testigo y sus recomendaciones, junto al diálogo social, de las reformas de pensiones habidas desde entonces y ante él ha comparecido esta semana la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en lo que ha sido el comienzo oficial de un camino que acabará en otra reforma de la Seguridad Social.

Para lograr el acuerdo, el entonces ministro de Trabajo, José Antonio Griñan, utilizó una iniciativa parlamentaria de CiU parecida a una anterior del PP que había sido rechazada. “Recuerda que entonces parte del PP jugaba con la idea de la capitalización [fondos de pensiones]”, señala el diputado catalán. apunta Carles Campuzano, ahora diputado por el PDECAT, antes CiU, y portavoz de su grupo en la comisión desde 1996.

La fumata blanca llegó tras tres días de reunión en el parador de Toledo, entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 1995, en la que hubo representantes de PSOE, PP, CiU e IU. Juan Carlos Aparicio, uno de los populares en la cita, lo explica por la “presión” cuando se veían en Madrid. Ahora recuerda el papel de su correligionario Martín Villa, el socialista Alejandro Cercas o el convergente Rafael Hinojosa. Al encuentro no acudieron el PNV y Unión Valenciana.

La coyuntura propiciaba el pacto. La Seguridad Social, que pagaba entonces la Sanidad, estaba en números rojos. El PSOE quería asegurar su vialibilidad y el futuro del instituto previsor. Y el PP necesitaba un gesto fuerte de compromiso con las pensiones públicas. Uno de los técnicos presentes en aquella reunión de hace ya casi 22 años, narra que el punto de encuentro se encontró en este principio: “Un sistema público de reparto [las pensiones presentes se pagan con las cotizaciones actuales], que no se podrá transformar en uno de prestaciones mínimas ni de capitalización”. La base se completa con que “podrá haber fondos de pensiones privados que serán complementarios y no sustitutivos”, subraya poniendo mucho énfasis en la última parte, expresión cuya paternidad atribuye a uno de los representantes populares en Toledo.

De este principio salió un consenso que se resume sobre tres síes y tres noes: “Sí al equilibrio financiero, sí a la reforma permanente, sí a la mejora de la protección; no al sistema de capitalización, no al carácter solo asistencial y no a la neutralización de la Seguridad Social”.

El acuerdo se firmó el 4 de abril de 1995 y fue la base para la reforma que se produjo un año después, ya con el Ejecutivo de José María Aznar. Después el pacto se ha revisado en otras dos ocasiones (2001 y 2011). Y fue acompañado de sendas cambios normativos en la Seguridad Social.

El consenso político no lo ha eximido de críticas, que en muchas ocasiones han partido de expertos en pensiones que lo acusan de silenciar por intereses políticos los problemas del envejecimiento de la población. Entre ellos está José Ignacio Conde-Ruiz, él no es tan contundente. “Es una idea muy buena, permite ir más allá de la misma legislatura. Pero en los últimos años no ha habido consenso”, apunta, “no creo que funcionara en las dos últimas reformas. Aunque también creo que sin él las cosas hubieran sido peor”.

Conde-Ruiz se refiere a lo sucedido en 2011, cuando se aprobó el retraso de la edad de jubilación a los 67 años sin el respaldo del PP. También habla de 2013, cuando nadie, salvo los populares, aprobó la reforma que introdujo el factor de sostenibilidad que partió de un informe elaborado por expertos, entre los que formaba parte.

Valeriano Gómez era el ministro de Trabajo, y ahora asesora a la gestora socialista en temas de Economía y Empleo, que sacó adelante el retraso de la edad de jubilación. “El espíritu del pacto viene a decir que cualquier reforma tiene que contar con el respaldo del parlamento y/o de los agentes sociales. Eso pasó en 2011. Pero en 2013 no sucedió ni una cosa ni la otra”, señala.

Tomás Burgos, ahora secretario de Estado de la Seguridad Social y portavoz en el Pacto de Toledo durante dos legislaturas, las recomendaciones de este foro parlamentario siempre ha impulsado reformas y consensos incluso a “las puertas de elecciones generales”. Defiende que en la anterior legislatura, excepto en el factor de sostenibilidad, se logró amplio apoyos a otras reformas, algo cierto aunque de menor calado. Y recuerda que solo una vez en la comisión parlamentaria se ha reprobado una medida adoptada por un Gobierno, en referencia a la congelación de pensiones de 2010.

El Pacto se enfrenta ahora a su renovación. En el fondo de las intervenciones del pasado martes, bajo el rifirrafe parlamentario, se aprecian un punto en común en todos los grupos políticos: la Seguridad Social necesita más ingresos. En pocos meses, se sabrá si vuelve el amplio consenso inicial o se queda solo en un juego de mayorías.