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La CNMC reclama más competencias y mayor capacidad sancionadora

La oposición ataca al Gobierno tras anular los tribunales europeos la salida de dos directivos de la antigua CMT

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha pedido más competencias y mayor capacidad sancionadora. Marín aprovechó una comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de sus actuaciones, para pedir apoyo a los grupos parlamentarios para cambiar la ley de 2007 y aumentar las multas para que sean disuasorias. A su juicio, "la cuantía de las sanciones no es equiparable, a veces ni de lejos, al daño que producen los carteles".

Pero Marín fue especialmente incisivo en las críticas por la falta competencias y las dificultades que encuentra en el Gobierno para desarrollarla en todos los sectores en los que trabaja. En ese sentido, destacó que las actuaciones en materia eléctrica serian "mucho más eficaces si la CNMC tuviera las competencias que establecen las directivas europeas; somo el único regulador de la energía en la UE cuyas decisiones en ámbitos muy relevantes no son vinculantes". En este punto recordó que Bruselas tiene muy avanzado un procedimiento contra España por ese motivo que puede derivar en importantes sanciones si no se introducen cambios legislativos que se exigen.

Para Marín, tener un régimen diferente evitaría que el Gobierno hiciera política industrial a través de las tarifas eléctricas, "esencial para el bienestar de los consumidores". Además su juicio, el recibo de la luz sigue siendo demasiado complejo.

No se paró en el sector eléctrico. También pidió mayor "desarrollo de un mejor regulador del sector postal, ferroviario o el transporte por carretera", que contribuiría a mejorar la competitividad de las empresas. En este punto, se quejó de "el marco regulador no dé la última palabra a la autoridad independiente" en la fijación de tarifas aéreas y que corresponda al Gobierno, cuando es el principal accionista de la compañía. Marín recordó que la CNMC ha dicho que deberían bajar un 2% anual entre 2017 y 2021.

Críticas a Adif y Correos

Asimismo, reseñó la necesidad de adecuar los cánones ferroviarios y avanzar en el análisis del nuevo modelo de costes del administrador de infraestructuras (Adif). También atacó al Ejecutivo por el servicio postal. "Que Correos no disponga todavía de un plan de prestación del servicio postal universal, algo exigido por ley desde 2010, evidencia la dificultad para avanzar en este ámbito", subrayó.

Marín repasó, por otra parte, las acciones de la institución. "Nunca antes se des armaron y sancionaron tantos carteles, hasta 14", afirmó. La reforma de la ley de contratos, que permite prohibir a las empresas cartelizadas que participen en licitaciones públicas, contribuiría al reducir esas prácticas, según Marin, que se detuvo sobre tofo en los carteles en contrataciones publicas, cuyo desmantelamiento ha permitido luchar contra la corrupción.

Según datos del organismo, el desmantelamiento de carteles entre 2011 y 2015 supusieron un ahorro de 640 millones para los consumidores. La cifra aumenta al 1.260 si solo se tiene en cuenta la años 2014 y 2015.

Marín defendió, por otra parte, la existencia de estaciones de servicio automáticas " porque aumentaría la competencia, no plantearía problemas de seguridad y facilitaría el acceso de usuarios". Informo que las cooperativas agrarias ya funcionan así y que en países como Suecia y Noruega supera el 60% del total y en Bélgica y holanda, el 20%.

Fallo de la justicia europea

Los grupos políticos de la oposición aprovecharon para atacar al Gobierno sobre todo por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que considera ilegal el cese del anterior presidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), Bernardo Lorenzo, y el vicepresidente, Xabier Ormaechea, como consecuencia de la creación de la actual CNMC hace tres años. Se trata de una respuesta a una consulta judicial, que en todo caso ahora deberá concretar el Supremo en España. La creación de una comisión que aglutinara a todos los reguladores existentes fue rechazada por el PSOE y ahora puesta en tela de juicio por el resto de grupos.