Un impuesto sobre el patrimonio provoca un terremoto político en Portugal

El Gobierno de izquierda se deja notar en Portugal. A partir del próximo año habrá un nuevo impuesto para el patrimonio superior a los 500.00 euros. El impuesto no fue presentado por el ministro de Finanzas —aunque le preguntaron sobre ello en el parlamento— ni por otro miembro del Ejecutivo luso, sino por el Bloco de Esquerda, lo que provocó un ataque de celos del PC, que señaló que la idea inicial había sido suya.

Señaló la portavoz del Bloco, Mariana Mortágua que “el propósito es pillar a las grandes fortunas”. El nuevo impuesto, según la portavoz, no se aplicará a las industrias, pero sí a “las empresas no productivas”, es decir, a las sociedades de fondos, "con el fin de que no escapen a la tributación, si lo hacen por el lado de los ingresos". Tampoco estará incluida la primera vivienda familiar en el cómputo patrimonial.

De momento se desconoce la progresividad de este impuesto, que entrará en vigor con la aprobación de los presupuestos de 2017, pero se calcula que oscilaría entre los 100 y 200 millones de euros, insuficiente para cubrir lo que se dejará de ingresar por la bajada del IVA de la restauración (del 23% al 13%) y el fin de los recortes a los funcionarios, que se calcula en unos mil millones de euros.

La oposición al Gobierno, los partidos de derecha (CDS) y centro (PSD), han reaccionado furibundamente al anuncio, especialmente porque el día anterior había comparecido en el parlamento el ministro de Finanzas y se les escurrió sin anunciar impuesto nuevo alguno.

El protagonismo lo ha tenido la portavoz del Bloco, que dio la noticia en la Asamblea de la República, mientras el PC, que también apoya al Gobierno socialista pero que no se hablan entre ellos, celoso por los minutos de foco de Mortágua decían que la idea había suya y anunciaban que ellos (PC) estaban negociando con el Gobierno también un impuesto sobre el patrimonio mobiliario, es decir, sobre acciones y plusvalías.

El diputado del CDS João Almeida cargó contra Gobierno y sus socios en el pleno de la Asamblea. Al PS lo definió de "partido bolivariano", al Bloco de "la lavandería del Gobierno" y al PC de ser un offshore político. “¿También está el PC a favor de que sus edificios paguen impuestos?”, les preguntó.

El diputado del PC, Sá, devolvió la pelota recordando que fue el Gobierno conservador quien realizó en 2011 una gran subida de impuestos a cambio de que los organismos internacionales les prestaran 78.000 millones de euros para sacar al país de la bancarrota.

La novedad no ha sentado bien. “No puede ser que el Gobierno cambie los impuestos cada seis meses”, ha señalado Teodora Cardoso, directora del Consejo de Finanzas Pública, quien recuerda que eso crea desconfianza en los inversores.

Un impuesto que sustituye a otro

El nuevo impuesto sustituye a uno anterior del Gobierno conservador, que gravaba con el 20% el inmueble con valor superior al millón de euros, es decir, que si alguien tenía cinco pisos de 200.000 euros no pagaba nada. Ahora se pagará por el patrimonio total superior a 500.000 euros (pueden ser dos viviendas) y con carácter progresivo, aunque Mortágua explicó que aún se está negociando la escala. La portavoz del Bloco recalcó que no va a perjudicar a la clase media, todo lo contrario de lo que opina la oposición.

Para la Asociación lisboeta de Propietarios (ALP) es “la más reciente ofensiva de la ganancia fiscal del Gobierno y de los partidos de izquierda al patrimonio inmobiliario”. En su crítica anima al Ejecutivo a que dejen de estar exentos de ese impuesto los edificios de los partidos políticos, como ya lo están del IBI y de otros gravámenes. También lo están los sindicatos y la Iglesia, entre otros.

El presidente de la Asociación Nacional de Propietarios, António Frias, calificó el nuevo impuesto de “garrote fiscal, porque ser dueño de un patrimonio no quiere decir que tenga dinero ni que lo gane”. “Esto pasa con miles de personas que reciben herencias envenenadas, o sea, reciben patrimonio, pero no dinero”.

Lo que es seguro es que no estarán exentos los compradores extranjeros, que están animando el sector de la construcción del país, bien para obtener el visado Gold, bien para jubilarse en Portugal y aprovechar su ventajoso régimen fiscal en el caso de residentes no habituales.