México sanciona a OHL pero reconoce que su concesión es legal

El Gobierno del Estado de México ha impuesto una multa de 38,3 millones de pesos (1,85 millones de euros)  a OHL México, filial de la constructora española, por una serie de irregularidades en la concesión del Viaducto Bicentenario pese a que el proceso de licitación se desarrolló de acuerdo a las bases del concurso y la adjudicación fue conforme a derecho, según los resultados de una auditoría interna, informó la autoridad mexiquense.

Las discrepancias detectadas por la auditoría interna, realizada por la consultora Pricewaterhouse Coopers (PWC) a instancias del gobierno regional, ascienden a 296 millones de pesos (14,3 millones de euros), un 2,7% del importe total del contrato que se elevó a 11.000 millones de pesos (531 millones de euros).

La investigación se produjo tras las grabaciones de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México que destaparon en mayo del año pasado un presunto escándalo de corrupción protagonizado por la filial de la constructora española para inflar los precios del Viaducto Elevado del Bicentenario de la autopista local.

La auditoría, cuya elaboración se ha demorado durante 14 meses, concluye “que el proceso de licitación se desarrolló de acuerdo a las bases del concurso y la adjudicación fue conforme a derecho; que el proceso se apegó a la normatividad del Estado de México y que la modificación al título de concesión fue conforme a las normas vigentes”, según señaló la Secretaría de la Contraloría del Estado de México.

No obstante, PWC detecta discrepancias y diferencias por 296 millones de pesos por lo que el Gobierno del Estado ha determinado aplicar una sanción económica, cuyo monto se dará a conocer este lunes, 22 de agosto.

Tres puntos de discrepancia

Las discrepancias son en torno a tres puntos. El primero, que es el único que reconoce OHL, es por la falta de documentación justificativa de las obras realizadas por un monto de 37 millones de pesos (1,8 millones de euros), que representa menos de medio punto porcentual (0.5%) de la inversión.

La segunda es una observación de tipo administrativo de 62 millones de pesos (3 millones de euros), que se refiere a la metodología empleada para la actualización de los precios de los materiales de obra. OHL defiende que la metodología que utilizó es la que se prescribe en el Reglamento del libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y que está establecido en el título de concesión. Además, es el que se usa actualmente en todas las concesiones de la entidad y en los contratos de obra pública a nivel federal.

El tercer y último punto es el que se refiere al incremento en la inversión reconocida realizada en el sistema de peaje por 197 millones de pesos (9,6 millones de euros). OHL asegura que esta situación ya fue revisada, solventada y concluida este año, aunque PWC no lo refleja porque realizó su informe antes de que se hubiera solventado el asunto.

OHL ha señalado que su filial mexicana “ha sido auditada de forma exhaustiva y a fondo por diferentes instancias, así como por el propio consejo de administración de la empresa a través de las consultoras KPMG, Jones Day, FTI Consulting y Ritch Mueller, que concluyeron que OHL México cumplió bien y cabalmente los términos y condiciones del título de concesión”, según señaló en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La constructora que preside Juan Miguel Villar Mir añade que la auditoría de PWC se suma a la investigación exhaustiva que llevó a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que en ambos procesos "los hallazgos demuestran que las imputaciones en contra de OHL México carecen de fundamento".

Segunda sanción

A consecuencia del escándalo de las grabaciones, OHL México ya se enfrentó a finales de marzo pasado a una sanción de 3,7 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El regulador financiero concluyó que la filial incurrió en algunas faltas administrativas, pero desechó la existencia de “dolo o fraude” contra el sistema financiero mexicano o a otras compañías.

La empresa mexicana Infraiber aprovechó la multa para volver a cargar contra la firma española y aseguró que las irregularidades detectadas son suficientes para "revocar la concesión y denunciar penalmente a los responsables". Infraiber también cargó contra el Gobierno del Estado de México y tildó de “inadmisible” que pretenda "dar carpetazo" al asunto con esta multa. Infraiber mantiene una disputa desde finales de 2013 con OHL por la cancelación de su instalación del Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular (SIVA) en dos autopistas del Estado de México.