Solo el 7,5% de las empresas que entran en concurso sobreviven

Más de 42.500 empresas se han visto obligadas a solicitar el concurso de acreedores desde que empezara la crisis en 2008. Y casi todas han corrido la misma suerte: han acabado siendo liquidadas. Según el Colegio de Registradores, el año pasado solo el 7,5% de las sociedades que pidieron la tutela judicial acabaron firmando un convenio que les permitió sobrevivir. Ese porcentaje ha sido proporcional a lo largo de toda la crisis, que se ha llevado por delante compañías como Martinsa Fadesa, Llanera o Spanair.

En caso de acabar en concurso de acreedores, el de Abengoa sería no solo el mayor de la historia española, con una deuda de 8.903 millones de euros, sino también uno de los más complejos dada la maraña de sociedades que conforman el grupo. Estas son las opciones que afronta una empresa en concurso y que siguieron algunos de los mayores procedimientos de España.

 Directa a liquidación

Los registradores advierten en sus sucesivos informes la mala calidad financiera con la que llegan las empresas a los concursos. Es más, entran en esa situación cada vez en peores condiciones. “Tiene mucho que ver con el estigma que supone el concurso de acreedores para una empresa. Ha quedado la sensación que ir a concurso es ir a la quiebra y la decisión se va retrasando”, dice Santiago Hurtado, socio de Deloitte Abogados. La aerolínea Spanair, por ejemplo, suspendió pagos después de pasar meses con la respiración asistida que le ofrecían los fondos que les iban inyectando las administraciones catalanas. La compañía fue directamente a liquidación.

¿Demasiado grandes para caer?

La mayoría de las empresas en esta situación son pequeñas, con un pasivo que ronda el millón de euros. Aun así, han llegado compañías que arrastraban enormes deudas. A comienzos de 2008, la inmobiliaria Habitat amenazó con llamar a la puerta del juez con un pasivo de 2.840 millones de euros. A un mes de unas elecciones generales, altos cargos de la Generalitat y el Gobierno central incluso intervinieron para que se le aplicara la máxima del too big to fail (demasiado grande para caer), lo que permitió que la empresa parara el primer golpe. Siete años más tarde, la situación es completamente distinta. Este año arrancaba con el punto y final del, hasta ahora, mayor concurso de España, el de Martinsa Fadesa. La compañía había entrado y salido de un proceso concursal, pero en 2014 avisaba de que no podía cumplir sus obligaciones y proponía un nuevo acuerdo a los acreedores. Pero para entonces la banca ya había provisionado todos los créditos y dejó que la compañía de Fernando Martín cayera.

Hay vida después del concurso

Pese a ser minoría, algunas empresas logran sobrevivir e incluso remontar. Es el caso de Pescanova, que, pese a cerrar el primer semestre del año en pérdidas, logró aumentar las ventas y acabar ese periodo con un beneficio operativo. También la inmobiliaria Renta Corporación salió del concurso y ha lanzado un plan estratégico para invertir 500 millones y duplicar su beneficio en cinco años. El presidente del despacho de abogados Jausas explica que la reforma de la ley concursal ha permitido flexibilizar las condiciones de los convenios. “Antes la quita máxima sobre la deuda era del 50% y se fijaba un tope de cinco años para devolverla. Ahora se pueden aplicar mayores quitas u otras soluciones, como la capitalización de parte de la deuda”, sostiene.

La recaída

La viabilidad de la empresa pasa por la sostenibilidad de la deuda que le queda por afrontar, el plan de negocio que elabore y las condiciones en que se halle en el mercado. “Depende de la capacidad que tenga la empresa que sale de concurso para soportar la deuda. Muchas vieron cómo la refinanciación suponía una patada para adelante. Ahora ya se están haciendo los deberes. La cuestión es que si debes 25.000 euros y puedes pagar 10.000, el resto tiene que desaparecer. Y lo debe hacer, por ejemplo, con quitas o bien mediante la capitalización de los préstamos”, explica Bou. Algunas empresas, además, formularon planes de ventas que no podían cumplir por la recesión, de modo que sucumbieron en una segunda oleada de concursos. Fue el caso de la inmobiliaria valenciana Llanera, que desapareció en la segunda intentona.

La compra de unidades productivas

Aún en la fase de liquidación, hay esperanza para salvar el negocio y el máximo de puestos de trabajo de una empresa. Se trata de buscar un comprador para la unidad productiva, limpia ya de la mayoría de deudas. La fórmula ha funcionado sobre todo para las compañías industriales. Así se salvó, por ejemplo, la emblemática firma catalana Cacaolat, que estaba dentro del grupo Nueva Rumasa. Damm, Cobega y Victory Turnaround se hicieron con la empresa por 75 millones de euros y el compromiso de construir una nueva fábrica en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).