Tiempo muerto para la Prolongación de la Castellana

La actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid), tiene al menos seis meses para revisar el crecimiento propuesto para la Operación Prolongación de la Castellana sin que puedan achacarle retraso alguno. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a ratificarse, a solicitud del Tribunal Supremo, en una sentencia anterior con la que da al traste con el plan parcial de reforma interior diseñado.

Por dos veces el plan parcial de reforma interior, diseñado en tiempos del PSOE y luego del PP, ha estado a punto de ser aprobado en un pleno municipal y en vísperas electorales.

La sentencia se basa en que no se pueden superar las tres alturas más ático con carácter general; una restricción legal acuñada por Esperanza Aguirre, basada en la bondad de una ciudad con densidad baja. Una medida rechazada por los técnicos: la densidad baja no es buena en sí misma; que se lo digan a los vecinos de los PAU madrileños con un tamaño de avenidas que impiden identificar nada de acera a acera.

El TSJM en la sentencia, aparte de ratificar la obligación de no superar esa altura, exime a los propietarios de pagar infraestructuras como el Nudo Norte o la Línea de Metro y la conexión Tres Olivos- Las Tablas que imponía el convenio firmado, mientras que los propietarios sí tienen que asumir el pago del cubrimiento de las vías del tren.

ADIF, Renfe y Ayuntamiento tienen un plazo de diez días para presentar recurso de casación ante el Supremo y, después, seis meses para modificar el plan parcial, si el Supremo la ratifica, o bien, continuar con el diseño actual, si el Ayuntamiento lo acepta.

De no presentar el recurso de casación, la sentencia pasaría a ser firme y Ayuntamiento y Comunidad de Madrid podrían tener que afrontar una indemnización multimillonaria.

La Operación Prolongación de la Castellana es un culebrón que ejemplifica cómo un urbanismo muy complejo e hiperregulado da mucho juego en los tribunales y permite poner palos de todos los tamaños en las ruedas, a conveniencia.

Se venía denominando Operación Chamartín porque se diseñó en 1993 para modernizar la estación Chamartín. Se fueron añadiendo metros y objetivos hasta proponer la ampliación del paseo de la Castellana en más de tres kilómetros y el remate de la ciudad por el norte.

Desarrollos Urbanísticos Chamartín (Duch) es la concesionaria, encargada de la gestión de lo que tiene envergadura para ser casi un nuevo distrito de Madrid y también se haría con el aprovechamiento de casi el 62%, propiedad de Renfe y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif, de los más de tres millones de metros cuadrados.

Según el último convenio firmado, una vez obtuviera luz verde la operación, Duch, rebautizada como Distrito Norte Castellana, pasaría a ser propietaria de esos suelos cuya titularidad es de las dos empresas públicas Renfe y ADIF. Sus accionistas son BBVA y Constructora San José (75% y 25% del capital, en números redondos).