España empieza a pagar en Bruselas

Las arcas españolas empiezan a aportar a las europeas más de lo que reciben. Por primera vez desde que España entró en la UE en 1986, los ingresos que se reciben de Bruselas son menores que las aportaciones españolas. Y no por poco. Los datos publicados por el Tesoro arrojan un balance negativo para España de nada menos que 1.600 millones de euros en 2014, la diferencia entre los 10.540 millones de ingreso y los 12.156 millones en pagos contabilizados. En los Presupuestos el Gobierno preveía un superávit de casi 150 millones, por una ligera disminución de los fondos recibidos y una mayor aportación española. Atrás quedan ya los años en que España recibía una lluvia de millones para converger con sus vecinos europeos: un saldo positivo de 84.313 millones en las primeras dos décadas tras la adhesión y otros 10.200 entre 2007 y 2013.

Este resultado negativo —llegar a ser lo que en la jerga comunitaria se conoce como contribuyente neto, como lo son Alemania o Francia— sería una magnífica noticia si se debiera a que las aportaciones a la UE hubiesen crecido por el mayor consumo (recurso IVA) y por la mayor renta nacional, pero en realidad el pasado año solo está un poco (cuatro millones) por encima de lo que se aportó a la UE en 2007, antes del estallido de la crisis. La clave está en que se han recibido bastantes menos fondos comunitarios.

El Ministerio de Hacienda aduce que ese balance negativo “se ha producido, fundamentalmente, debido al incremento en las aportaciones por el abono el 1 de diciembre de 2014 de 589 millones de euros netos” por la actualización de los cálculos de la Renta Nacional Bruta. “Esta aportación se recuperaría una vez se aprobara el presupuesto rectificativo al que Gran Bretaña se opuso a finales de año pasado”, porque tendría que abonar 2.000 millones adicionales con el nuevo cálculos. “Por esa razón, el impacto en nuestro saldo ha sido negativo”, explica Hacienda en un correo electrónico.

Sin embargo, los presupuestos para 2014 contemplaban una aportación española mucho mayor (de 13.083 millones, 1.182 más que en 2013) y un descenso mínimo en las transferencias a España.

La Comisión no se pronuncia sobre el saldo negativo, ya que publica en verano su informe financiero que incluye esa información y no pueden dar datos anticipados. Hacienda aduce que “los datos manejados son únicamente de tesorería, afectados, por tanto, por cuestiones transitorias de caja” y que teniendo en cuenta “el devengo efectivo de los recursos el saldo mejora considerablemente”. Tampoco avanza una cifra ya que hay que esperar “al cierre de la contabilidad nacional del ejercicio 2014” en marzo.

El problema está en que los cobros se han reducido mucho: los correspondientes a las subvenciones agrícolas se mantiene bastante estable pero los de los fondos de la política de cohesión se achican. Y no porque España no tenga derecho a ellos sino porque las administraciones no han logrado ejecutar esos fondos, sobre todo los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER) y los del Fondo Social Europeo.

Y eso pese a que el historial español de gestión de fondos europeos ha sido (al menos desde el punto de vista de la ejecución financiera) un ejemplo. El paso del sobresaliente al suspenso también tiene que ver con la crisis. Las administraciones deben financiar con sus propios medios los programas subvencionables (y sufragar un mínimo del 20% del coste total) para que luego la Comisión le abone las facturas.

España tiene que ejecutar o perder 9.000 millones de euros antes de final de año

Los recortes presupuestarios y las dificultades de financiación han lastrado la ejecución de los fondos en los últimos años, justo cuando la economía española más necesitaba de proyectos que le permitiesen tirar de la inversión y crear empleo (se crearon 57.705 gracias al dinero europeo entre 2007 y 2012, según Bruselas). Según los datos de la Comisión, las administraciones españolas han conseguido ejecutar el 72,8% de los fondos asignados para el periodo presupuestario 2007-2013 (la media comunitaria es del 76,7%).

Además, como pese a la asistencia financiera al sector bancario España no se considera formalmente un país rescatado, no puede acceder a la posibilidad de que los fondos europeos financien hasta el 95% de los proyectos. Portugal y Grecia, ambos bajo un programa de asistencia financiera, han logrado ejecutar el 92,6% y el 88,3% de los 20.000 millones que tenía asignados cada uno de esos países, en números redondos. Irlanda se ha quedado al borde del 80%.

A España le quedan por gastar la friolera de 9.000 millones de euros, de los 34.650 que tenía asignados para las políticas de cohesión. Y las reglas comunitarias establecen que es necesario emplear esos fondos antes de final de este año, o en caso contrario se perderían.

Hacienda atribuye el desfase a un pago adicional de 589 millones

El anterior comisario de Política Regional, Johannes Hahn, explicaba hace seis meses que España tenía el “desafío” de gastar esos 9.000 millones. Su sustituta, la rumana Corina Creţu, se ha marcado como “su mayor prioridad en el principio de su mandato la absorción de los fondos pendientes del periodo 2007-2013 antes de final de año”, en colaboración con las autoridades nacionales para buscar “acciones específicas para cada país” para ayudar a implementar los programas de la manera más rápida y eficiente posible”.

Hacienda reconoce que la “finalización de programas del periodo anterior y el retraso en la puesta en marcha de los programas del nuevo periodo ha hecho que disminuya el ritmo habitual de certificaciones” pero afirma que “se recuperará en el momento en que todos los procedimientos y sistemas del nuevo periodo de programación se encuentre en pleno funcionamiento”.

La Comisión explica que “España es el segundo país europeo con el número más elevado de programas de cohesión”, solo por detrás de Polonia. “Este factor, junto con la manera de la que las competencias están distribuidas entre el nivel nacional y regional, llega a retrasos a la adopción de los programas”.