La patronal madrileña acepta que Arturo Fernández dimita en diferido

Arturo Fernández recibió el apoyo mayoritario de los miembros de la junta directiva de la patronal madrileña CEIM, a los que aseguró que dimitirá una vez que “termine las tareas recogidas en el programa electoral”. El dirigente empresarial, que por la mañana reunió a los vicepresidentes de la organización, sostuvo que en ese tiempo piensa cerrar el cambio de estatutos, aprobar el nuevo Código Ético y programar nuevas elecciones, previsiblemente al finalizar el primer trimestre del año que viene.

Esta dimisión en diferido recibió algunas críticas, que forzaron una votación, en la que Fernández mostró el control de la junta con 94 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones. Es decir, hubo una notable ausencia de dirigentes empresariales, ya que el pleno de la junta es de 200 personas.

Fernández también seguirá de vicepresidente primero de CEOE, cargo en el que no tiene previsto dimitir en ningún caso, ya que como precisó él mismo no va a ser necesario al estar a punto de convocarse las elecciones a la presidencia de la gran patronal. A partir de ese momento, pasará a ser vicepresidente en funciones. En ese sentido, Fernández se mantiene fiel a Juan Rosell, al que apoyó en los pasados comicios.

Fernández, que gastó 37.600 euros con la tarjeta opaca de Bankia, explicó a los directivos que ya ha devuelto esa cantidad y que no conocía el carácter de las tarjetas. Fernández también comentó que “nunca" había pensado que eran opacas y que no se sentía culpable de nada. Asimismo, dijo que estudia tomar medidas al respecto por la actuación de la entidad financiera. “Seguramente soy culpable de utilizar la tarjeta, pero nunca pensé que era ilegal u opaca”, apuntó.

Cuando se produzca la dimisión de Arturo Fernández, la presidencia pasará automáticamente al vicepresidente primero, Juan Pablo Lázaro. Este, según los estatutos vigentes de la CEIM, tendrá que abrir un proceso para que sea elegido uno de los 200 miembros de la junta directiva como presidente hasta que se acabe el periodo por el que fue elegido presidente Fernández en las pasadas elecciones de marzo. Es decir, tendrá que pasar prácticamente un año, a no ser que cambie la normativa en los nuevos estatutos que precisamente quiere aprobar Fernández antes de irse.