‘Crowdfunding’: de la desilusión a la esperanza

“Lo veo muy bien. Nos va a permitir crecer en el segmento al que nos dedicamos, los préstamos a las pymes”. Guindos tiene a un simpatizante en la persona de Eloi Noya, director de Loanbook, un sitio de financiación colectiva (crowdfunding) donde la gente pone su dinero, al interés que desea conseguir, para prestárselo a pequeñas empresas.

El crowdfunding es un fenómeno que nació para promover iniciativas culturales (un disco, una gira), pero que se ha acabado aplicando también a financiar empresas (start ups) o a invertir en la construcción. La nueva ley no afecta al crowdfunding de mecenazgo cultural, que no obtiene réditos, más allá del objeto que se pretende fabricar (como es el caso del popular sitio Kickstarter.com). La ley afectará al crowdfunding dedicado a obtener dinero, bien para financiar una empresa, bien para prestarlo, en cuyos casos se obtienen compensaciones económicas.

Al presidente de la Asociación España de Crowdfunding, Xavier Olivella, el anuncio del ministro de Economía le pilló por sorpresa pero, por lo oído, la música le sonaba. “Hace unos meses remitimos a los técnicos del ministro un documento de 56 páginas sobre nuestras propuestas. El gran inconveniente era un límite de inversión igual para todos. Nosotros proponíamos una distinción entre el inversor individual (con el límite de 3.000 euros) y el profesional (sin límite), y que el primero pudiera acceder a la segunda categoría según su actividad”.

El primer anteproyecto de ley obligó a Ramón Saltor, fundador de TheCrowdAngel, a paralizar su actividad. Invertir con un límite de 3.000 no fomenta al inversor ni al sector. La inversión media de su clientela era de 12.000 euros.

En el caso de los préstamos colectivos de Loanbook, la media está entre 200 y 1.000 euros, “pero como son inversiones de riesgo, el cliente diversifica el dinero en unos 10 proyectos”, explica Noya.

Con ese tope se mataba el naciente sector español con el agravante de que el inversor podría poner su dinero en cualquier de las plataformas extranjeras, que no tenían tan rigurosas limitaciones (Reino Unido, Francia y Suecia ni las tienen).

Con los cambios anunciados, los proyectos no podrán superar el millón de euros, pero los inversores se dividen en dos tipos, los individuales, a los que se mantienen el límite de 3.000 euros, y los profesionales, entendido por tales aquellos que tengan una renta disponible de 100.000 euros —aún está por definir como se define—. Estos podrán invertir en crowdfunding lo que quieran.

Pese a todo, se mantiene esa paradoja de que un particular pueda comprarse un coche o invertir sin límite en Bolsa sin que nadie le pregunte, y en cambio reglamente una actividad que apenas financió una decena de proyectos en 2013. Más de uno ve detrás de tal celo al lobby de los bancos.