El Gobierno colombiano asegura que no pretende criminalizar a los campesinos

El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, aseguró hoy que no todo lo relacionado con las protestas sociales anunciadas para los próximos días en el país tiene tintes ilegales y que el Gobierno, "bajo ninguna circunstancia, pretende criminalizar a los campesinos".

Pinzón matizó así las declaraciones del jueves, en las que alertó de que los organismos de seguridad "detectaron infiltraciones de organizaciones criminales y, en algunos casos, la coparticipación en su organización", de cara al paro agrario del próximo lunes.

En declaraciones a los periodistas, Pinzón aclaró que el Gobierno "pretende protegerlos, trabajar con ellos, y la Fuerza Pública está ahí para acompañarlos y para cumplir con su deber de seguir atendiendo cualquier necesidad que tengan los ciudadanos y en particular los campesinos".

El ministro dijo, además, que el Gobierno y las autoridades respetan la libre protesta pero tienen el deber de asegurarse que ésta se haga en el marco de la ley, "que no haya una violación de los derechos de los demás ciudadanos, que no se atente contra la vida, la honra y la tranquilidad de los ciudadanos en general", agregó.

Sectores campesinos han anunciado que el próximo 28 de abril iniciarán una huelga si el Gobierno no cumple con lo pactado el año pasado para poner fin a unas protestas de tres semanas de duración.

El ministro dijo también que el Gobierno ha hecho esfuerzos económicos para mejorar la condición de los campesinos del país, de los distintos sectores agrarios, y continúa en plena disposición de mantener los canales de diálogo.

Reiteró que el Gobierno es garante de la movilización social, "sin embargo, grupos terroristas y criminales han querido contaminar la protesta en algunas zonas específicas del país, y son quienes promueven el paro y a través del constreñimiento obligan a sectores campesinos a hacer presencia en concentraciones", dijo.

De acuerdo con Pinzón, las autoridades han encontrado documentos en enero y febrero de este año que prueban que las guerrillas de las FARC y el ELN han estudiado sus actividades en el marco de las movilizaciones campesinas.

El movimiento agrario protagonizó en agosto y setiembre de 2013 una huelga que se prolongó durante tres semanas y puso en aprietos al Gobierno con el bloqueo de medio centenar de vías en trece departamentos, incluidos pasos fronterizos con Ecuador y Venezuela.