Los promotores del consumo colaborativo reclaman una fiscalidad específica

El auge de las plataformas como Airbnb, Meetmeals o Sherpandipity que ponen en contacto a particulares para intercambiar o compartir bienes y servicios, ha generado el debate sobre la necesidad de fiscalizar este comercio colaborativo, para el que sus promotores reclaman una regulación específica.

En determinados sectores como el hotelero, la economía en colaboración se ha encontrado con la oposición activa de una industria a la que le preocupa no tener las mismas "reglas de juego".

"El sentir de la hostelería española es que el consumo colaborativo no es una amenaza, sino una oportunidad, pero es fundamental que tenga unas reglas del juego claras", defiende el abogado Ricardo Fernández Flores en una jornada de debate organizada por Reportarte Noticias y la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera.

Fernández Flores, del despacho de abogados Tourism&Law, acude al encuentro en representación de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) para hacer hincapié en que las web colaborativas no son muy diferentes de agencias de viajes online como Rumbo o Destinia.

Para la industria tradicional el consumo colaborativo se mueve en una zona gris en el que es posible eludir la tributación, puesto que no está gravado con IVA, los particulares no tributan por ejercer una actividad profesional y las responsabilidades empresariales de las plataformas que ponen en contacto a los usuarios son limitadas.

Sus defensores destacan la dimensión transformadora de una economía que creen se complementa con la tradicional y que supone el retorno a un mercado más básico y social, en el que el contacto directo entre particulares elimina toda la cadena de intermediación que muchas veces encarece productos y servicios.

En el mismo encuentro, el responsable de relaciones institucionales de Airbnb, Ángel Mesado, niega que exista competencia desleal y opina que su plataforma es un complemento a la industria clásica, ya que ofrece algo diferente e innovador, razón por la que apela a una regulación específica que tenga en cuenta las peculiaridades de este nuevo tipo de comercio.

Airbnb, de origen estadounidense, cuenta con 600.000 anuncios de habitaciones y casas de particulares en 35.000 ciudades de 192 países y, consciente de las reticencias que ha generado en la industria hotelera, mantiene una actitud activa con las administraciones a nivel local.

"Cuanto más hablamos con las administraciones mejores soluciones encontramos", dice Mesado, que explica que en algunas ciudades europeas ya se está regulando la figura del alquiler privado, si bien admite que es un fenómeno demasiado nuevo como para que las autoridades se atrevan a hacer una normativa específica.

En este sentido, el experto en economía colaborativa, Luis Tamayo, apela a una fiscalidad que tenga en cuenta no sólo el impacto económico, sino también el impacto social y el medioambiental de plataformas que no ponen a la venta un servicio más, sino que generan comunidad y valores, además de impulsar la economía local.

Quienes promueven la economía en colaboración reconocen que la crisis ha ayudado a su expansión, pero hacen hincapié en que la escala se la ha dado internet y el surgimiento de una demanda a la que no le vale la oferta tradicional y que busca otras experiencias en las que prime la sostenibilidad, la cooperación y la vuelta a lo local por encima de lo global.

"Lo que la gente compra son experiencias, aunque también se busque ahorro, y las plataformas de consumo colaborativo son las facilitadoras", señala Tamayo, que destaca que en este comercio los recursos pertenecen a particulares no a empresas, por lo que se trata de una economía de microemprendedores.

Mesado subraya que, de acuerdo con datos de Airbnb, el 60 % de los particulares que alquilan utiliza los ingresos para afrontar gastos básicos como el pago de la hipoteca o la alimentación, y que en ciudades como Barcelona el ingreso medio por persona supone 221 euros mes, con un impacto global sobre la economía de la ciudad de 128 millones de euros en 2013.