El Gobierno plantea la quita del 50% a la banca acreedora para rescatar a las autopistas

El Gobierno ha ofrecido a la banca acreedora de las empresas concesionarias de nueve autopistas de peaje con problemas económicos una quita del 50 % de la deuda, que asciende a 4.600 millones de euros, y la creación de una empresa de capital cien por cien público para aglutinar a esas vías.

Según han señalado hoy a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, la propuesta de los ministerios de Fomento y de Hacienda a los seis principales entidades financieras implicadas en este proceso contempla también crear un fondo de titulización que emitirá bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1 %, un porcentaje que dependerá también de los tráficos de estas vías.

El objetivo de este plan, que hoy ha avanzado el diario La Vanguardia, es evitar que la solución a la insolvencia que presentan estas nueve autopistas afecte al déficit público.

Está previsto que los bancos afectados, BBVA, Santander, Bankia, CaixaBank, Banc Sabadell y Banco Popular, respondan a esta propuesta antes del próximo lunes.

La constitución de esta sociedad agregaría al 22 % de la red total de autopistas de peaje y constituye la mejor solución para hacer frente a un problema que debe minimizar el impacto en el déficit público y evitar la declaración de ayuda de Estado, señalan las mismas fuentes.

Inicialmente el Gobierno había planteado a las concesionarias y a los bancos acreedores la creación de una sociedad con participación pública y privada.

En función de esta idea inicial, el valor residual de estas concesiones representaría el 20 % del capital de la empresa, que podría estar valorada en más de 600 millones de euros, mientras que el 80 % restante estaría controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), un reparto que en un primer momento no gustó a todas las partes.

Es el caso de las constructoras y concesionarias, que llegaron incluso a reclamar una participación del 49 %.

Además, en el marco de las negociaciones, desde Fomento no se negaba abocar incluso a estas autopistas en concurso de acreedores a la liquidación, un proceso que reconocían que era largo e incierto aunque no necesariamente más caro.

Por su parte, desde Seopan, la patronal que agrupa a las grandes constructoras y ahora concesionarias de peaje, consideraban que la liquidación de estas autopistas dañaba la imagen de España, cerraba el mercado nacional a inversiones nacionales y extranjeras y conlleva litigios judiciales que durarían varios años.

Por ello, reclamaban la creación de una sociedad concesionaria pública para integrar nueve autopistas de peaje como la opción menos gravosa.

Asimismo, desde Seopan se ponía de manifiesto que las empresas ya han perdido el 100 % de su capital (1.799 millones de euros) y que los accionistas han desembolsado 3.491 millones reales. Todo ello unido al incremento de 1.830 millones de euros de costes de expropiaciones en suelo rural no urbanizable.

Las cuatro autopistas radiales de Madrid proyectadas durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004) se declararon en concurso de acreedores, presionadas por una deuda conjunta de 1.700 millones de euros y una caída del tráfico que supera el 48 % desde los máximos que registraban en 2007, antes de la crisis.

Junto a las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5 y el Eje Aeropuerto, la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); y la Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) también se vieron abocadas al concurso.