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Indemnización millonaria para los exjefes de la quebrada Catalunya Banc

Catalunya Banc debe compensar con 1,2 millones al expresidente y a su 'número dos'

El FROB rescindió sus contratos alegando que eran despidos procedentes y sin compensación

El expresidente de Catalunya Banc, Adolf Todó, abucheado por un grupo de preferentistas.
El expresidente de Catalunya Banc, Adolf Todó, abucheado por un grupo de preferentistas.

Esta crisis financiera ha generado esperpentos imposibles de explicar al ciudadano. Uno de los más relevantes, sin duda, es la quiebra de Catalunya Banc, que puede costar alrededor de 11.000 millones a los contribuyentes cuando se venda dentro de tres meses, según el plazo marcado por el Gobierno. La entidad, en manos del Estado, despidió en mayo de 2013 a Adolf Todó, expresidente de Catalunya Banc, y a su consejero delegado, Jaume Masana (que pasó a trabajar en Caixabank a los pocos meses de salir), inicialmente sin derecho a cobrar indemnización. Ellos recurrieron y este lunes un juez les concedió lo que figura en el contrato: 600.000 euros para cada uno.

Todó ganó 3,3 millones de euros entre 2008 y 2013 y la entidad tuvo números rojos por 13.154 millones

El Juzgado Social número 8 de Barcelona les ha dado la razón y declara “la improcedencia de sus despidos” y condena a Catalunya Banc “a readmitir a estos o a abonarles la indemnización”. Obviamente, no serán admitidos (en el caso de Masana ya es imposible por trabajar para la competencia), por lo que se da por hecho el pago de 1,2 millones. No obstante, no se les entregará el dinero hasta que llegue la sentencia firme, porque el FROB ha decidido recurrir la decisión del juzgado de Barcelona ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este caso fue planteado como el primer “despido procedente” de un primer ejecutivo realizado en la banca española.

El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, fue el que anunció que no se les indemnizaría por despido, en una decisión con intentos más de ser ejemplarizante ante la opinión pública que práctica, como se ha visto ahora.

El Gobierno recurrirá el fallo

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno recurrirá la sentencia que obliga a readmitir al expresidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, y el exconsejero delegado, Jaume Masana, y ha dicho que espera que la justicia le acabe dando la razón.

Guindos ha resaltado que el Gobierno ha inyectado en Catalunya Caixa casi 12.000 millones de euros de los contribuyentes y ha dicho que su prioridad es "recuperar lo máximo posible" de este dinero. "El FROB y la entidad lógicamente acatan todas las sentencias, pero se va a apelar a la instancia superior porque se considera que el planteamiento que habían hecho la entidad y el FROB era el correcto", ha dicho el ministro.

Las sentencias, ha proseguido Guindos, "a veces se comparten y otras veces no se comparten y por lo tanto cuando uno apela es porque tiene un planteamiento que no es del todo acorde" con el contenido del fallo. "Esperamos que el planteamiento del FROB y de la propia Catalunya Caixa sean recogidos en las instancias superiores", ha insistido.

Catalunya Banc cerró 2012 con 11.819 millones de pérdidas y el Estado tuvo que inyectar 12.050 millones, lo que supone la mayor ayuda bancaria en España (superior a la de Bankia) en proporción a su tamaño. Todó ganó 3,3 millones entre el 1 de abril de 2008 y el 10 de mayo de 2013 que estuvo trabajando en la entidad catalana, a la que llegó cuando ya tenía serios problemas y con el encargo de intentar enderezarla. Entre 2008 y 2010, la entidad ganó 351 millones, pero tuvo números rojos por 13.154 millones en 2011 y 2012. Aún se desconocen los resultados de 2013, aunque algunas fuentes apuntan a que la entidad ha regresado a los beneficios.

Este rifirrafe entre el FROB y Todó ha servido para conocer las fuertes tensiones que se vivieron los primeros meses de 2013. Como argumentos del despido, el FROB denunciaba que ambos ejecutivos actuaron “en abierta contradicción y vulneración de los deberes básicos de su posición, responsabilidad y funciones otorgadas”. Les acusaba de tres hechos concretos: fallos en los sistemas de seguridad por los que “un gran número de trabajadores” ocuparon las dependencias del banco, afectando a los clientes. También se les acusaba de no querer negociar con los sindicatos el ERE del banco. Algo que luego tuvo que hacer el FROB para acordar unos 2.000 despidos. También dice el fondo de rescate que boicotearon el primer intento de venta de Catalunya Banc en mayo de 2012 por incluir más pérdidas de las “conocidas por los órganos de gestión sin fundamentación objetiva”. En la segunda tentativa de venta se les acusa de lo contrario: “Procurar la venta del banco a cualquier precio y condición” en contra del criterio del FROB. “Una actitud insólita en un alto cargo”, dicen en la carta de despido.

El juez recrimina al FROB que no acredite las fuertes acusaciones a las que somete a los dos directivos

También se les reprocha que forzaron a que el Estado indemnizara al 100% de los titulares de participaciones preferentes, lo que no ha hecho ninguna entidad. Por último, rechazaron las cuentas de 2012 porque negaban que se pudieran utilizar los créditos fiscales para paliar las enormes pérdidas de aquel año. El organismo estatal dice que utilizaron “comentarios críticos y alarmistas” que perjudicaron “la imagen y reputación” de Catalunya Banc y que llevaron la contraria al criterio del Banco de España. También dicen que se gastaron 375.705 euros en un informe de McKinsey que no se justifica suficientemente. Como colofón, el FROB resume que “provocaron una situación interna insostenible que forzase al banco a decidir su salida indemnizada del mismo”.

Pero el juez considera que el FROB no ha justificado ninguna de esas acusaciones de la carta de despido. “Es imprescindible que se especifiquen y justifiquen los hechos” de la acusación “para calificar la gravedad de la imputación”. Incluso apunta que el FROB propuso a un testigo como prueba y “posteriormente desistió del interrogatorio”.

Otras de las acusaciones se sostuvieron “con fotocopias” “que no merecerán credibilidad ni determinan convicción judicial”. El juez dice que tampoco estaban firmadas. Sobre las acusaciones de las discrepancias con el supervisor, afea que no se llamara a nadie a declarar para reforzar su posición. Concluye que las inculpaciones “carecen de la mínima concreción que posibilite el contraste” y no pueden considerarse “con el mínimo rigor probatorio”.

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