Argentina vive día de huelga docente mientras sigue el diálogo salarial

Argentina vive hoy el primero de los dos días de huelga convocada por los sindicatos de docentes después del fracaso de la negociación salarial con el Gobierno, cuya propuesta los gremios califican de "inaceptable", aunque el dialogo continúa para evitar un mayor retraso en el inicio del curso.

El paro, que ha dejado sin clase a seis millones de escolares, se está siguiendo de manera "masiva" -con una participación del 90 % según los sindicatos-, en las 19 provincias, más la ciudad autónoma de Buenos Aires, que se han sumado a la medida.

"El paro es y será total, incluso en aquellas cinco provincias que han podido resolver su acuerdo salarial", indicó hoy en rueda de prensa la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el gremio mayoritario, Stella Maldonado.

Esas provincias son Córdoba (centro), San Luis (centro) y Salta (norte), cuyos gobiernos concedieron aumentos salariales que oscilan entre el 27 % y el 31 %, y la norteña de Santiago del Estero, con un alza del salario de los docentes del 25 %, el tope máximo pactado entre el Gobierno y una quincena de ministros de Educación regionales.

En Misiones, también en el norte, quedó acordado un primer aumento del 17,8 %, aunque el sueldo final se acabará de negociar en mayo.

En la última reunión celebrada ayer, el Ejecutivo argentino ofreció a los sindicatos un aumento salarial del 22 % para este año, más 2.000 pesos (unos 250 dólares) de incentivo anual por asistencia regular.

Los maestros exigen un aumento del 42 % que lleve el sueldo inicial de los actuales 3.416 pesos (unos 407 dólares) a 4.800 pesos (unos 600 dólares), y una cláusula que permita una revisión salarial en caso de dispararse la inflación.

"La oferta que nos ha hecho el Gobierno nacional para el piso salarial es muy insuficiente y, además, se ha pretendido abultarla con un plus de presentismo, lo cual es una falacia ya que el presentismo no es salario", aseguró Maldonado.

En su habitual conferencia de prensa diaria, el jefe de Gabinete del Ejecutivo de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, defendió hoy la propuesta gubernamental y subrayó que las negociaciones solo abarcan al 2 % de los profesores de todo el país.

"Lo que nosotros estuvimos discutiendo desde el punto de vista del salario inicial excluye al 98 % restante porque el Estado nacional no es empleador, los que son empleadores son los estados provinciales", explicó Capitanich, en referencia a las provincias, que se ocupan de muchos servicios públicos, como la educación.

El jefe de Gabinete insistió en que por parte del Gobierno "se han agotado inicialmente todos los procesos de conciliación de propuestas vía formal o informal, para llegar a un acuerdo".

"Al no llegar a él, el poder Ejecutivo dictó la conciliación obligatoria y la ha comunicado a los gremios", agregó Capitanich.

La Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) indicaron que acatarán la medida del Gobierno, por lo que este jueves sus afiliados irán a clases, y participarán en la próxima reunión convocada para el miércoles.

En el caso de CTERA, el quinto gremio de docentes a nivel nacional que participa en la negociación, la huelga se mantiene aún, hasta tanto sus dirigentes resuelvan si acatan o no la conciliación.

El resultado de la negociación salarial colectiva entre el Gobierno argentino y los gremios docentes es la guía que usan las administraciones provinciales, que tienen transferidas las competencias educativas, para fijar los salarios del personal educativo.

En 2013, la falta de acuerdo entre maestros y administraciones públicas obligó a posponer el inicio del curso escolar, ya que los docentes se declararon en huelga el primer día de clases después de que el Gobierno fijara un alza salarial del 22 %, ocho puntos menos de lo que reclamaban los gremios.

Las paritarias docentes, que afectan a cerca de un millón de trabajadores, son unas de las más conflictivas de Argentina por ser las primeras negociaciones colectivas salariales del país y servir como referencia para las demás negociaciones sectoriales.