El Congreso aprueba definitivamente la Ley de protección del empleo parcial

El pleno del Congreso de los Diputados ha dado hoy luz verde definitivamente al proyecto de Ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial que, cumpliendo un mandato de los tribunales europeos, flexibiliza los requisitos de cotización de estos empleados para acceder a prestaciones.

La Ley, que ha superado el trámite parlamentario sin apenas cambios, ha suscitado críticas de todos los grupos parlamentarios porque la consideran una "maraña" normativa que incluye cambios de materias no relacionadas con el empleo y que, de paso, "se lleva por delante los derechos de los trabajadores".

En su esencia, este proyecto de Ley sirve para regular la protección de los trabajadores a tiempo parcial, al permitir mejorar las prestaciones de 2,5 millones de españoles suavizando el requisito de tener cotizados al menos 15 años para acceder a una pensión contributiva.

Esta norma da cumplimiento a lo dictado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia de la UE y será aplicable a los trabajadores cuyas prestaciones de la Seguridad Social hubieran sido denegadas con anterioridad por no haber cotizado el tiempo exigido y a aquellos que se encuentren en proceso de concesión.

No obstante, la mayoría de los portavoces han criticado al Gobierno porque consideran que ha aprovechado el objetivo de proteger a los empleados a tiempo parcial para incorporar a la norma durante la tramitación parlamentaria cambios en materia de despidos colectivos.

Asimismo, han criticado que regula otros asuntos en materia de seguridad aérea o del sector ferroviario, al tiempo que concede a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) la condición de entidad financiera colaboradora para que los préstamos que conceda mantengan las ayudas en materia de vivienda.

La portavoz del PSOE en la Comisión de Empleo, María Concepción Gutiérrez del Castillo, ha calificado la política del Gobierno de un "constante vaivén" dirigido a "seguir pulverizando el derecho de los trabajadores", con ocurrencias, improvisaciones y rectificaciones que dan lugar a una "maraña normativa" que proporciona "inseguridad jurídica".

El portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha considerado este texto legislativo "hostil" a los trabajadores y sus derechos, con una "letra y música hecha por y para las grandes empresas", al tiempo que ha preguntado al Gobierno si "es posible ser más chapucero" y si no "se le cae la cara de vergüenza por legislar de esta manera".

El portavoz en la Comisión de Empleo del grupo parlamentario vasco, Emilio Olabarría, ha considerado inconstitucional este proyecto de Ley, ya que en las leyes debe haber una "mínima coherencia" y ha señalado que ésta regula asuntos como el sector ferroviario, el aeroportuario o la Sareb.

El portavoz de CiU en la Comisión de Empleo, Carles Campuzano, ha indicado que la gran cuestión pendiente para el Gobierno son las políticas activas de empleo, por lo que ha considerado necesario hacer una apuesta por el reciclaje profesional y acompañamiento a los parados.

Para la portavoz adjunta del PP en la Comisión de Empleo, María Jesús Susinos, esta norma era "completamente necesaria" y nació fruto del consenso con los grupos parlamentarios y los agentes sociales.