La CE ofrece colaboración para recuperar cuanto antes las ayudas a los astilleros

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, insta a España a tomar todas las medidas necesarias para recuperar "sin retraso" las ayudas fiscales ilegales concedidas al sector naval entre 2007 y 2011, en una respuesta a la eurodiputada Izaskun Bilbao.

Almunia ofrece su ayuda a las autoridades españolas para "garantizar que la recuperación (de las bonificaciones administradas de forma ilegal en los astilleros españoles) se ejecuta correctamente y lo antes posible", informó hoy en un comunicado la eurodiputada Izaskun Bilbao (PNV), que había interpelado sobre este asunto al Ejecutivo comunitario en una pregunta escrita.

En su respuesta, el comisario español da cuenta de su disposición a seguir "afinando" la metodología para calcular exactamente el importe, que el Gobierno español cifra en unos 126 millones de euros, siempre según la eurodiputada.

En este sentido, recuerda que la devolución de las bonificaciones fiscales debe ser asumida por quienes financiaron las operaciones de construcción naval y debe ejecutarse en un plazo no superior a los cuatro meses desde la notificación oficial de la decisión.

El plazo para la devolución de las ayudas ilegales venció formalmente el pasado 18 de noviembre, pero la CE dijo entonces que las conversaciones con el Gobierno español proseguían sobre la metodología para calcular el monto a recuperar y que no era inusual que en casos complejos de ayudas estatales se requiriesen conversaciones más prolongadas entre la Comisión y el Estado.

En septiembre, la CE afirmó que España no había facilitado aún datos suficientes para dar por válidos los 126 millones de euros señalados por el país como primera estimación de las ayudas que el sector naval tendría que devolver.

La CE pidió el pasado 17 de julio a España que recuperase las ayudas fiscales concedidas al sector naval entre mayo de 2007 y 2011 por su incompatibilidad con la legislación comunitaria.

España presentó el 26 de septiembre ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE) un recurso contra la decisión.

En su respuesta parlamentaria, Almunia no descarta que esos fondos puedan reinvertirse en operaciones de apoyo a la construcción naval, aunque pidió respeto a "las directrices sobre ayudas estatales al transporte marítimo" de la Unión Europea (UE), según Izaskun Bilbao.

La eurodiputada había preguntado al comisario sobre este asunto ante "la necesidad de zanjar a la mayor brevedad este episodio y despejar las incertidumbres que se ciernen aún sobre la construcción naval".