La reforma energética mexicana, en la recta final para su entrada en vigor
La reforma energética, la más importante de las impulsadas hasta ahora por el presidente Enrique Peña Nieto, está en la recta final para su entrada en vigor, después de que la Comisión Permanente del Congreso la declarara hoy constitucional.
"Se declaran reformados y adicionados los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución (...) en materia energética; pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales", dijo Ricardo Anaya, presidente de la Comisión Permanente, que reemplaza al Parlamento en sus periodos de receso.
La decisión se produjo después de que los poderes legislativos de 24 de los 32 estados del país aprobaran la iniciativa, que abre el sector energético al capital privado y termina con más de siete décadas del monopolio del Estado en la explotación del petróleo y del gas.
Por tratarse de una reforma a la Carta Magna, el proyecto de ley debía ser ratificado por la mayoría de los legislativos de los estados mexicanos.
Aunque el presidente Enrique Peña Nieto ha dicho que promulgará la reforma de inmediato, ese trámite aún tardará unos días, dado que esta semana realiza una visita de estado a Turquía y no volverá al país hasta el próximo viernes.
La iniciativa fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y el Senado en medio de una fuerte polarización política y una intensa campaña de la izquierda para exigir que los recursos energéticos permanezcan en poder del Estado.
Varios legisladores de izquierda volvieron hoy a arremeter contra la reforma y su rápida aprobación en la sesión de la Comisión Permanente, al tiempo que mostraron pancartas con la leyenda "EPN, traidor a la patria", en alusión a Peña Nieto.
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) René Mejía denunció que "un puñado de traidores a la patria" entregó a las compañías extranjeras la principal riqueza del país.
Esta reforma energética "es el mayor atraco" al país, afirmó Mejía en la misma línea del discurso de todos los legisladores de izquierda durante el debate de la semana pasada en el Congreso.
Mejía advirtió que "la batalla no ha acabado" y que "seguirán luchando" para echar abajo la reforma constitucional a través de un plebiscito, que se celebraría en 2015, coincidiendo con las elecciones legislativas.
El PRD, la principal fuerza política de izquierda del país, anunció hoy un plan de acción "en defensa de la soberanía nacional y los recursos energéticos", que contempla intensificar la campaña de recogida de firmas para que la reforma sea sometida a consulta popular.
También incluye actos de resistencia y desobediencia civil, el primero de ellos una gran marcha nacional el próximo 31 de enero contra una reforma que considera "antipatriota" y "entreguista".
"Sus consecuencias serán tan graves o más que la pérdida de Texas y de la mitad del territorio (mexicano) en el siglo XIX. Nos convierte en un país aún más dependiente de los intereses de las corporaciones extranjeras y de sus gobiernos", advierte el plan de acción del PRD.
La defensa de la reforma energética quedó en manos de los legisladores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del conservador Partido Acción Nacional (PAN), que aseguraron que permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos del país.
El senador del PAN Javier Lozano dijo que no se trata de privatizar la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex), que actualmente "no cuenta con recursos ni tecnología suficiente para dar abasto y competir a nivel internacional", sino de "fortalecerla".
El diputado Manlio Fabio Beltrones, del PRI, celebró la aprobación de la reforma energética, a pesar de los insultos y las descalificaciones procedentes de los legisladores de la izquierda, a quienes calificó de "hipócritas".
Tras la entrada en vigor en los próximos días, los legisladores aún deberán aprobar las leyes reglamentarias, para lo cual tienen un plazo de 120 días, y sus primeros efectos tardarán al menos dos años.
El Gobierno confía en que los primeros contratos con particulares para la explotación de hidrocarburos se estén asignando en 2015, y se espera que generen unos 500.000 empleos y la reducción de las tarifas de luz y gas.
El ministro de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que se trata de una "reforma trascendental", que "contribuye a quitarle los frenos a la economía mexicana" y aprovechar su "verdadero potencial", después de admitir que el crecimiento de este año fue "decepcionante".
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