El peligro de una nueva "guerra verde" pone en alerta al Estado colombiano

El Gobierno colombiano ha tomado la iniciativa para impedir que se reavive la llamada "guerra verde" entre esmeralderos de la región productora del centro del país y desactivar un nuevo foco conflicto ahora que se vislumbra un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.

Tras el atentado al considerado nuevo "zar de las esmeraldas", Pedro Nel Rincón, conocido con el alias de "Pedro Orejas", un hecho que podría desestabilizar nuevamente el sector, el Gobierno ha reforzado la presencia policial en el occidente del departamento de Boyacá, la zona productora por excelencia, de cuyas entrañas se extraen las esmeraldas más valiosas del mundo.

En un país como Colombia, que por primera vez en cincuenta años está ante la posibilidad real de terminar el conflicto con las FARC, el Gobierno no quiere que se abra otro frente de violencia y por eso está decidido a cortar de tajo la violencia entre esmeralderos, incluso con la posibilidad de cancelarles los títulos mineros a las familias que controlan el negocio.

"No venimos aquí a defender los intereses de las ocho o diez familias involucradas en estos conflictos, venimos aquí a defender a la gente de Boyacá y la institucionalidad", dijo el viernes el ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, tras una reunión con las autoridades de la zona.

El de las esmeraldas siempre ha sido un negocio marcado por la violencia en el que desde hace décadas familias enteras se disputan a sangre y fuego el control de las minas, pero esta actividad vivió un periodo de relativa paz gracias a un pacto firmado entre sus jefes en junio de 1990.

Ese pacto, que puso fin a la "guerra verde" que en los años 70 y 80 dejó entre 4.000 y 6.000 muertos, se ha debilitado en los últimos meses con numerosos asesinatos en la región productora y en Bogotá, en una de cuyas avenidas centrales, la Gonzalo Jiménez de Quesada, funciona el mayor comercio mundial de esmeraldas.

De la "guerra verde" no se salvaron ni algunos jefes de este negocio, entre ellos Gilberto Molina, que había construido un millonario imperio alrededor de la explotación de las esmeraldas, y fue asesinado en febrero de 1989 en un ataque armado a su rancho en la localidad de Sasaima en el que también cayeron un socio suyo y sus 16 guardaespaldas.

El nuevo desangre a cuentagotas, que en los últimos meses contabiliza 26 atentados o asesinatos, el más reciente ocurrido el pasado jueves en el barrio bogotano de Engativá, donde fue muerto a tiros un comerciante de gemas, llamó la atención de las autoridades a comienzos de noviembre con el ataque a Rincón.

El comerciante fue herido en un atentado con una granada el pasado 9 de noviembre cuando participaba en una fiesta popular en la localidad de Pauna (Boyacá), ataque en el que murieron cuatro personas y diez más quedaron heridas, incluido el esmeraldero, que acabó detenido días después acusado de diversos delitos.

El obispo de Engativá, Héctor Gutiérrez Pabón, que participó en las negociaciones del acuerdo de paz de 1990, considera que el pacto no esta roto, pero sí amenazado por los males que conlleva la riqueza que generan estas piedras preciosas.

"Lo que está sucediendo en el occidente de Boyacá es un problema antiguo, sobre el que ya hicimos un proceso de paz y lo culminamos exitosamente hace 22 años", dijo a Efe el prelado, quien considera que las esmeraldas traen consigo "una riqueza que no se ha sabido manejar y que se convirtió en armas, en odio, en mujeres, en bebida", lo que ha desembocado en la violencia.

Pese a la riqueza que genera la explotación de las minas, que en el pasado atrajeron a otros actores armados del país, como las propias FARC, los paramilitares y los narcotraficantes encabezados por Gonzalo Rodríguez Gacha, alias "El Mexicano", uno de los capos del cartel de Medellín, la zona productora no es ajena a la pobreza de otras regiones del país.

Por esa razón, el obispo Gutiérrez Pabón, una de las personas que más conoce este conflicto, considera que la presencia del Estado debe estar acompañada de inversiones sociales en educación, salud y vías para reconstruir el tejido social de esa zona, cuyos habitantes no quieren verse involucrados en una nueva "guerra verde".

"Los habitantes de la zona esmeraldera quieren la paz, la concordia, y piden a gritos la presencia del Estado, que no puede ser represiva", opina el obispo.